En un episodio digno de una película tragicómica, los representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que trabajan en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispusieron implementar una medida de fuerza contra las supuestas políticas implementadas por un gobierno nacional que aún no asumió.
En ese marco insólito, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria e intimó a los trabajadores del organismo de Senasa afiliados a ATE que dejen sin efecto la medida de fuerza prevista para los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Lo insólito es que la contraparte de la conciliación obligatoria, que rige por apenas siete días, es la gestión del Senasa comandada por Diana María Guillén, con la cual ATE no tiene conflicto alguno y que seguirá estando al frente de ese organismo dentro de ocho días.
“No sabemos si vamos a aceptarla. Esta conciliación ataca las consecuencias y no las causas de la medida de fuerza. La intervención del Ministerio de Trabajo pareciera defender los intereses de los empresarios y el Estado empleador, y no el de los trabajadores”, señaló el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, quien parece no comprender el término de “obligatorio”.
“La verdad es que no tiene mucho sentido esta convocatoria con las autoridades de un gobierno que está terminando y hasta aquí no nos ha dado ninguna respuesta a nuestras demandas”, añadió.
La realidad es que el gobierno saliente no puede dar respuestas por medidas que tomará la siguiente administración, las cuales aún no son públicas y, por lo tanto, no son plausibles de ser rechazadas en términos ontológicos.
El gobierno de Javier Milei –que asume el próximo 10 de diciembre– tiene un programa de reforma del Estado y el Senasa es parte del mismo, aunque todavía no se conocen los detalles de la iniciativa.
