Por Matías Longoni.-
El ministro de Agroindustria, Luis MIguel Etchevehere, citó para el jueves a todos los sectores involucrados en las eternas deliberaciones previas para dar a luz a una nueva Ley de Semillas. El parto, ya está más que claro, se postergó para 2018. Pero las entidades que conforman la cadena agrícola quieren dar una señal fuerte antes de que acabe este año y han preparado un acuerdo previo basado en cuatro puntos básicos.
Los cuatro puntos en los que parecería (cuando se habla de semillas hay que hablar en potencial, como en las crónicas policiales que dicen “Pirulo sería el asesino”) serían los siguientes:
- Las tecnologías son necesarias. Así de sencilla la frase, quiere decir que el sector agrícola a pleno está pendiente de que se incorporen nuevas tecnologías en las semillas, en especial porque el combo glifosato/soja RR está haciendo agua por todos los flancos, aparecen malezas resistentes por todos lados y los costos de los productores se multiplican de modo alarmante. Una segunda definición, a partir de aquella primera premisa, es que si las tecnologías son necesarias entonces sus creadores deben ser retribuidos como corresponde. Es decir, no más el viva la pepa de la primera soja transgénica.
- Se admite que el Uso Propio es una práctica habitual y por lo tanto aceptada por todos los eslabones de la cadena, incluyendo claro a las empresas proveedoras de tecnologías novedosas. ¿Qué implica ese reconocimiento? Que, como hacen desde el nacimiento de la agricultura, allá lejos y hace tiempo, los productores tienen derecho a conservar parte de su producción de granos para utilizarla al año siguiente como simiente de una nueva cosecha.
- El derecho al Uso Propio, de todos modos, debería ser “oneroso”. Esto significa que, por más que el productor tenga derecho a producir sus propias semillas, la nueva ley deberá determinar un esquema en el que los productores que hagan uso de esa opción deberán abonar a la industria semillera un canon o royaltie por cierto lapso de tiempo. No está definida la manera y eso será tarea para los legisladores, que también deberán definir las excepciones. Por ejemplo, si deben pagar también los agricultores más chicos, o los más alejados de los puertos, o los que opten por determinados cultivos promocionados. Hay mucha tela para cortar solo en este punto. Por ejemplo, una intención en danza es que tanto la biotecnología (el evento transgénico) como el germoplasma (el mejoramiento tradicional) se reconozcan en un único pago.
- El control del sistema debe estar en manos del Estado, y más precisamente del Instituto Nacional de Semillas (Inase). ¿A qué se refieren con control? A montar un dispositivo que permita -como sucede ahora con el Bolsatech y la tecnología Intacta de Monsanto- evitar las fugas de multiplicadores y productores hacia un mercado informal, donde no se reconozca el valor de la tecnología. Es decir, el ideal sería que quienes compran semilla paguen los royalties sin chistar, y que lo mismo hagan quienes hacen Uso Propio con las tasas que se fijen. Pero si esto no sucede, ñacate!
Con estos cuatro puntos más o menos cerrados, quienes intervienen en el “diálogo de las semillas” se presentarán el jueves ante el ministro Etchevehere, quien hace pocos días, en el cóctel de las cuatro cadenas, recordó que cuando él mismo intervenía en ese coloquio como representante de la Sociedad Rural, los niveles de acuerdo habían llegado a un 90%.
Algunos integrantes de la cadena creen que este nivel de acuerdo ya es suficiente como para dar vida a una “Mesa de las Semillas”, de esas de las que le gustan a la nueva gestión de Agroindustria y que suelen contar luego con la bendición del presidente Mauricio Macri. Si ese fuera el escenario, habría un think thank potente como para convencer a los legisladores de debatir seriamente este asunto en las sesiones ordinarias del año que viene.
Es decir, hay quienes creen que la tierra ya está finalmente suficientemente blanda como para echarle la semilla. Veremos.
