La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) pidió al Congreso que discuta y sancione una nueva ley de “emergencia y desastre agropecuario que sea moderna y eficiente” ante el escenario de sequía histórica que afecta a esa provincia.
La última legislación en la materia es de 2009, solamente contempla beneficios crediticios e impositivos y es tan mala que los diputados y senadores ni siquiera previeron un mecanismo de actualización del Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria, que sigue desde entonces congelado en 500 millones de pesos, menos de 5 millones de dólares en la actualidad.
José Colombatto, presidente de la Farer, realizó el reclamo en un comunicado difundido tras una reunión el sábado en Villaguay. Estuvieron dirigentes de las 18 sociedades rurales de diferentes zonas de Entre Ríos que componen esa entidad, a la vez adherida a CRA.
Los registros pluviales de diciembre pasado en Entre Ríos se posicionaron entre los diez más bajos de los últimos 60 años, y las lluvias de ese mes acumularon menos de 20 milímetros, seis veces menos de lo que normalmente debe llover. En este contexto, “los daños son irreparables”, evaluó Colombatto.
La sequía que afecta a esa provincia y a todo el Litoral generó además un incremento importante en el costo del riego del cultivo del arroz.
Las escasas precipitaciones y las elevadas temperaturas generaron un fuerte retroceso de la humedad del perfil edáfico y provocaron estrés térmico para los cultivos y animales de esa provincia, con efectos ecológicos y económicos “devastadores”, según la Bolsa de Cereales.
En ese marco, el presidente de la FARER señaló que se trata de un daño “irreparable”, y explicó que, por ejemplo, el maíz y el sorgo no granado a tiempo “no tiene retorno”.
“El que malvendió hacienda de urgencia porque los animales perdían peso ante la ausencia de pasto tampoco se salva. Hay un número importante de productores que se vieron afectados y que necesitan apoyo real y concreto”, agregó Colombatto.
En ese sentido, el dirigente rural consideró que las leyes existentes en materia de emergencia y desastre agropecuario son “una aspirina para un enfermo terminal”, por lo que pidió “una nueva ley moderna, superadora y que sea eficiente”.
