En los últimos tiempos Bolivia se ha convertido en un actor cada vez más pujante desde el punto de vista productivo. El desarrollo agrícola de la nación andina la coloca como una emergente productora de soja y también como exportadora de carne vacuna. La noticia sorprende en países como Argentina, consagrada hace rato en estas producciones.
Sin embargo, con el aumento de la productividad también crece la preocupación por el cuidado ambiental. Una ONG histórica dedicada a ese asunto es Prometa, que pone el foco últimamente en la quema de áreas boscosas que se producen con el fin de ampliar la fronteras productivas y también para apuntalar la comercialización de las tierras.
Un estudio presentado en 2021 por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación solo en los territorios correspondientes a las comunidades indígenas reveló que entre los años 2010 y 2020 la superficie quemada acumulada superó las 5 millones de hectáreas dentro de 58 territorios indígenas titulados.
Como muchas veces los inversores que quieren crecer en estas tierras son argentinos, nos pareció conveniente dialogar con Rodrigo Ayala, el director ejecutivo de esa organización ambientalista.
La práctica de la quema se realiza de forma “semilegal”, según detalló a Bichos de Campo Ayala, que describe una tendencia en aumento en los últimos 5 años. En este sentido, explicó que el productor puede declarar “el chaqueo”, es decir una quema controlada, de por ejemplo tres hectáreas pero termina incendiando 300 hectáreas. Ante la irregularidad, que es muy frecuente, el Estado boliviano solo sanciona al infractor con una ínfima multa a un valor de 80 centavos bolivianos (10 centavos en dólar), cuando luego este campo “limpio” cotiza a varios miles de dólares por hectárea.
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Para el ambientalista, entonces, “Bolivia vive es un dilema existencial”, porque con el crecimiento del sector agropecuario y corporativo se han incrementado los incendios sin planificación sobre la superficie boscosa, la cual abarca el 70% del territorio nacional. Lo peor es que se trata de una practica agronómica casi tradicional, avisa.
Si bien no se conoce con exactitud la superficie quemada, “el chaqueo” ya muestra perjuicios ambientales en ciudades como La Paz y Santa Cruz, donde el humo proveniente de las quemas ha impedido en los últimos años el desarrollo normal de actividades educativas y hasta la operación en los aeropuertos.
“El humo ha llegado prácticamente a todo Bolivia. Entonces hay ese problema. Ese es un problema que yo creo que la sociedad boliviana tiene que discutir. Hay proyectos de ley que se han presentado. Se está armando un debate que yo creo que se va a dar”, comentó Ayala.
-Supongo que la ONG está preocupada porque estas quemas deben tener un montón de daños colaterales.
–Absolutamente. Vos tienes algunos panoramas que son terribles porque ves animales escapando, muriendo de sed. Entonces a los ganaderos, que no les sobre el agua, tienen que echar agua para que la fauna silvestre no se entre a sus a sus propiedades y acosen entre comillas los depósitos de agua.
-¿Cómo lo resolverían? ¿Qué sugieren desde la ONG para encauzar este problema?
–Varias cosas. Por ejemplo, ahora hay una ley que ha propuesto -aunque no creo que se apruebe así de inmediato, porque es radical- unos tres o cuatro años de pausa en las quemas. También se está proponiendo la abolición de lo que en Bolivia se llama las leyes incendiarias, pues digamos que el chaqueteo está permitido. Se está proponiendo que en vez de los 0,80 centavos de boliviano por hectárea, la multa sea de diez salarios mínimos, o ser estás hablando de unos 3.000 dólares por hectárea. En esa ley se propone que se eleve al doble las penas, porque ahorita las penas son excarcelables.
Al respecto, Ayala detalló. “Si se declara culpable a un incendiario se le condena a tres años de cárcel. En Bolivia implica que no vas a entrar a la cárcel físicamente. Esta ley está proponiendo que se doble a seis u ocho años, con lo cual ya entras a la cárcel y eres declarado culpable.”
-Con estos primeros pasos el Estado iría recuperando el control. ¿Crees que arrancan tarde en la discusión?.
-Sí, arrancamos tarde y arrancamos de cero. Fue en el 2017 o 2018 que comenzaron estos cambios legales, pero la cosa se ha intensificado, con una concesión a ciertos grupos sociales, ha provocado que el país más o menos se incendie. El Estado va teniendo voluntad y realmente es lo que queremos todos, que haya un uso de la tierra, pero que sea sostenible y planificado. No es que yo me meto a quemar y de ahí hago un negocio. Tendrá que haber todo un procedimiento, una planificación, etcétera, lo que es normal en cualquier país.
Prometa es una organización sin fines de lucro fundad en 1990 en la ciudad de Tarija, que trabaja por la conservación de la biodiversidad. A partir del año 2000 se convirtió además en el principal impulsor en el país de las denominadas áreas protegidas locales.
Que Europa y los paises que tanto promueven el cuidado del ambiete financien a Bolivia para que mantengan los bosques, algo que ellos no hicieron en sus propios paises.