El segundo decreto del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, para intentar regular de manera racional las aplicaciones con agroquímicos alrededor de las escuelas rurales y zonas pobladas de la provincia, y superar así el berenjenal de fallos y apelaciones que este tema desencadenó en la justicia, fue nuevamente impugnado por los ambientalistas del Foro Ecologista de Paraná y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos.
Justo cuando se está sembrando el maíz y se empieza con la soja, un juez llamado Virgilio Galanti resolvió este viernes admitir parcialmente la demanda del esas organizaciones contra el gobierno provincia y, por lo tanto, decretar la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2239/19, con el cual la administración Bordet reglamentaba las distancias mínimas permitidas para fumigar con agroquímcios cerca de las escuelas rurales. A pedido de los ambientalistas, la justicia había establecido prohibiciones irracionales de entre 1.000 y 3.000 metros. El gobierno había establecido zonas de exclusión más lógicas de 100 y 500 metros, según el tipo de aplicación.
Infomsa el diario UNO de Entre Ríos, que “en un minucioso fallo, de 73 carillas, el magistrado analizó la posturas de las partes y consideró, como corolario del análisis probatorio que ‘no se encuentra satisfecho el requisito establecido.”. ¿Qué quiere decir? Básicamente que el nuevo marco normativo distado por Bordet para conformar a la justicia no ha sido suficiente. “No se demuestra que el Decreto 2239/19 obtenga idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste al mismo”. es el razonamiento. Desde esta visión, las escuelas siguen estando en peligro.
Por lo tanro, entiende el magistrado que se impone el “principio precautorio de obligado acatamiento por toda norma que ejecuta políticas ambientales “. La decisión judicial deber ser “…precautoria pues el estado del arte del conocimiento no permite sino conocer como posible la existencia del riesgo, su magnitud o la manera de mesurarlo”, señala citando jurisprudencia en la materia.
Esta nueva veda judicial al uso de agroquímicos se conoció justo en el inicio de plena campaña gruesa, aunque la prohibición afecta a todas las actividades que se realizan en la provincia, desde la producción de arroz a la forestación, o la avicultura. La situación vuelve a abrir un interrogante sobre lo que los productores pueden hacer en una enorme superficie ubicada alrededor de las escuelas rurales, que los productores calcularon en unas 300 mil hectáreas.
La sociedad entrerriana, en tanto, se divide insólitamente entre productores y docentes, mientras observa la política entre funcionarios politicos y judiciales.
Desde el gremio docente, que impulsó las prohibiciones, expresaron “satisfacción ante el nuevo fallo judicial que declara inconstitucional del decreto del Ejecutivo provincial por la aplicación de agrotóxicos en cercanías de las escuelas rurales”. Y recordaron que “se trata del quinto fallo consecutivo con que la Justicia da la razón a las organizaciones sociales que venimos planteando nuestras preocupaciones y advertencias frente a un modelo productivo irrespetuoso de la salud y los derechos ambientales de toda la población”.
“Es momento ahora de avanzar en una discusión pública respecto del modelo productivo que nuestra provincia y nuestro país están dispuestos a sostener, en vez de dilatar la implementación de políticas en este sentido con apelaciones y nuevas instancias judiciales”, expresó el gremio.
Desde la vereda productiva ya surgió una respuesta. “Somos Productores agropecuarios pidiendo que se tomen en cuenta los intereses del sector agropecuario de la provincia de Entre Rios, hoy afectados económica y socialmente por el falló judicial que prohíbe las aplicaciones a distancias, que nos ponen ante la opción trágica de dejar la producción, por completo en nuestros emprendimientos. Además del perjuicio económico devenido de la imposibilidad de producir existe una clara consecuencia social, ya que al ser el motor productivo de la provincia, los trabajadores que de nosotros dependen, se encuentran afectados de manera directa por este falló”, se advirtió en un conunicado de los ruralistas.
Los productores, que no quieren renunciar a la posibilidad de utilizar insumos de origen químcios, que por otro lado son aceptados en todos los lugares del mundo, más allá de algunos cuestionamientos, pidieron “una solución viable para todos sin medidas demagógicas con el único fin de favorecer a una minoría ideológica o a aquellos que buscan hacer negocios inmobiliarios para unos pocos, sin contemplar el aporte del sector agrícola a la economía provincial”.
