Durante décadas, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) fue el organismo encargado de garantizar que los productos veterinarios ingresaran y se comercializaran dentro del país bajo estrictas normas de control sanitario. Pero en los últimos meses, una serie de resoluciones aceleradas y poco debatidas con el sector privado cambiaron el paradigma y pusieron en alerta a buena parte de la industria veterinaria nacional.
Promovida por el ministro Federico Sturzenegger, la Resolución 338/2025, dictada el 17 de mayo, habilitó la importación hacia Argentina de productos veterinarios -como vacunas, medicamentos y kits diagnósticos-, ya registrados en otros países considerados “equivalentes”, sin necesidad de cumplir con el tradicional proceso local de evaluación y registro. La medida se sumó a la Resolución 333/2025, sancionada apenas dos días antes, y a la Resolución 11/2025, publicada en enero, que había abierto el camino para una desregulación progresiva del sistema.
Pero detrás de la aparente “simplificación burocrática”, el sector local advierte por un “cambio de paradigma” que podría comprometer el estatus sanitario del país y la sustentabilidad de la industria nacional de medicamentos veterinarios.
Algo similar ocurre en el mundo de los agroquímicos, puesto que mediante la Resolución 458/2025 del Senasa, la producción de estos insumos podrá iniciarse mediante una simple declaración jurada, sin necesidad de trámites previos. Además, la importación de productos fitosanitarios será facilitada desde países considerados “equivalentes”, como Estados Unidos, Japón, Brasil y varios de Europa, excluyendo a China e India, que actualmente son grandes proveedores para el país.
Esta nueva norma le traslada a productores y comercializadores de los productos la responsabilidad de determinar cuál es el riesgo de los agroquímicos que se van a utilizar y pulverizar en el ambiente de nuestro país, incluso con importación directa, exponiendo al medio y también a las personas que van a estar condicionadas a lo que se use a discreción, en el momento en que se use, a la cantidad que se use y dónde se use el producto, bajo la decisión exclusiva y anárquica de quien lo importa al país, por el sólo hecho que está inscripto en un listado de países que la resolución denomina de “convergencia normativa”.
Volviendo a la cuestión animal, el pasado jueves 3 de julio los laboratorios nacionales nucleados en Caprove enviaron una carta formal al presidente del Senasa, Pablo Cortese, y a otras autoridades nacionales, reclamando una revisión urgente de la normativa y exigiendo precisiones técnicas que, hasta el momento, no se han respondido.
“La modificación de las condiciones de registro de los productos veterinarios tendrá consecuencias directas sobre un sector que emplea más de 8.000 personas de forma directa y genera exportaciones por más de 108 millones de dólares al año”, le advirtieron en la carta a la que accedió Bichos de Campo. Ya se lo habían dicho personalmente en una reunión que habían mantenido ni bien salió la resolución desregulatoria. Cortese entonces prometió una reglamentación más fina, que tarda en llegar, y que serviría de dique de contención para evitar riesgos. Pero en medio se abrió una ventana que algunas empresas -con buena sintonía con altos funcionarios del Senasa- estarían tratando de atravesar.
La mayor preocupación de los laboratorios asociados a Caprove gira en torno al uso de la figura de “equivalencia”. Los productos importados pueden ahora inscribirse en Argentina con solo demostrar que están autorizados en países como Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, Brasil o Paraguay. Pero los firmantes advierten que no hay una definición clara de qué significa “equivalente”, ni cómo se evaluará la seguridad, eficacia o impacto ambiental de los productos autorizados bajo esa vía.
Lo que denuncian concretamente los productores locales es que se está poniendo en riesgo la sanidad animal, pero también la salud pública.
“Se asume que los países incluidos tienen estándares iguales o superiores, pero eso no es cierto”, sostienen. Como ejemplos de esta situación pusieron el caso del control de garrapatas: mientras Argentina exige pruebas oficiales del Senasa con niveles de eficacia del 100% para productos de inmersión, en Brasil y Paraguay se aceptan ensayos privados con solo 90% de eficacia.
Hay que decir que en la resolución sobre países equivalentes primero se incluyó solo a Uruguay, y tres días después el Senasa corrigió su propia normativa para incluir a Brasil y Paraguay. Esto se hizo visiblemente para permitir la eventual importación de vacuna contra la fiebre aftosa desde esos países que la producen, una promesa que hizo Sturzenegger hace más de un año y que todavía no se pudo concretar.
La ausencia de reciprocidad regulatoria también fue señalada como un punto crítico en la nota de Caprove al Cortese, quien presta mucha atención a los mandatos que le imparte el ministro de Desregulación. “Ninguno de los países incluidos reconoce automáticamente productos argentinos. En Brasil, por ejemplo, los ensayos deben hacerse con cepas locales, lo que hace inviable la aprobación rápida de productos elaborados en Argentina”, explicaron desde la cámara veterinaria.
Esto genera un doble estándar, ya que mientras los productos extranjeros pueden ingresar al país con procedimientos simples, los laboratorios locales deben cumplir procesos mucho más exigentes y costosos.
Además, se encendieron alarmas por el origen real de los productos.
“No se exige que el medicamento sea elaborado en el país donde está inscripto. Esto permite que un producto fabricado en India, China o Perú, que esté registrado en España o Uruguay, se comercialice en Argentina aunque su origen sea un país con menor control sanitario”, se explicó.
Desde el sector advierten que esto “introduce un riesgo sanitario innecesario” en un país que ha construido, durante décadas, una reputación internacional basada en su estatus libre de enfermedades y su capacidad exportadora.
“La Argentina exportó más de 3.000 millones de dólares en productos de origen animal en 2024. Ese estatus se construyó sobre la base de un sistema de control riguroso. Si eso se debilita, se pone en juego mucho más que una cuestión de precios”, sostienen.
En mayo, el presidente Cortese reconoció en una reunión con los empresarios que el Senasa recibió “sugerencias por cuestiones comerciales” para relajar las exigencias regulatorias. Aunque aclaró que las decisiones fueron evaluadas técnicamente y “no representaban riesgos”, esa declaración encendió las alarmas entre técnicos y cámaras empresarias, que perciben un creciente deterioro institucional y saben todo lo mucho que está en juego.
“La autoridad sanitaria argentina está perdiendo poder regulatorio, y con ello su prestigio”, sostienen desde el sector. Varios actores han planteado la necesidad de recuperar autonomía técnica y financiera del Senasa, para evitar que decisiones clave se tomen por presión política o interés comercial de corto plazo.
Según pudo reconstruir Bichos de Campo, dentro del propio organismo existen resistencias y temores: técnicos que se niegan a firmar autorizaciones, presiones internas, y un clima de tensión creciente ante decisiones que comprometen años de políticas sanitarias.
Además, ex funcionarios del ala técnica del organismo dieron su aporte. Hay quienes afirman que esto “no es una desregulación, sino una facilitación de importación siguiendo un interés comercial personal”.
Del otro lado, los defensores de la medida argumentan que la autorización por equivalencia acelera procesos burocráticos y favorece la competencia, reduciendo los precios de medicamentos e insumos. Pero para los laboratorios nacionales, la medida favorece una competencia desleal y genera condiciones de inequidad técnica y comercial.
“El cambio puede beneficiar puntualmente a algunos actores comerciales, pero a costa de comprometer el sistema entero”, advierten los socios de Caprove.
En la carta enviada a las autoridades, los laboratorios solicitaron una serie de aclaraciones técnicas urgentes:
- ¿Qué se entiende por “equivalencia”?
- ¿Cómo se evaluarán productos con estudios realizados sobre vectores o enfermedades diferentes a los prevalentes en Argentina?
- ¿Qué mecanismos de validación se aplicarán a ensayos realizados en el exterior?
- ¿Cómo se protegerán las campañas oficiales vigentes en el país?
- ¿Hay intención de iniciar acuerdos de reciprocidad con los países del Anexo I?
“Es necesario que las autoridades expliquen de manera clara cómo piensan implementar estos cambios. Hoy, ni los mecanismos ni los criterios están definidos, y eso genera una gran incertidumbre”, advirtieron.
También pidieron que el Senasa y los organismos involucrados revisen los criterios que llevaron a formular las Resoluciones 333 y 338, y que cualquier decisión futura tenga en cuenta los riesgos sanitarios y las condiciones de competencia del sector nacional.
