El ex presidente argentino Carlos Saúl Menem murió hoy a los 90 años en la ciudad de Buenos Aires. Durante su gestión (julio de 1989 a diciembre de 1999) se gestaron muchas políticas que, para bien o para mal, marcaron la dinámica del negocio agropecuario en las siguientes dos décadas.
La desregulación de la economía, junto con la determinación por ley de un tipo de cambio fijo (“convertibilidad”), promovió un gran flujo de inversiones en diferentes sectores estratégicos, uno de los cuales fue el de las telecomunicaciones, que permitió el desarrollo de la telefonía celular y, con el mismo, la posibilidad de que los trabajadores localizados en ámbitos rurales puedan comunicarse en tiempo real. En ese momento ese fenómeno constituyó una auténtica revolución porque aceleró la velocidad de intercambio de información en el agro.
La desregulación de la economía incluyó la eliminación de los derechos de exportación, con la excepción de una alícuota del 3,5% para el grano de soja y girasol sin procesar, que se implementó para promover grandes inversiones en el sector oleaginoso y poder diversificar la matriz comercial del sector agroindustrial, que actualmente representa –por lejos– la principal fuente de divisas de la economía argentina.
Con la eliminación de la Junta Nacional de Granos se abrió la posibilidad de que las terminales portuarias recibieran importantes inversiones privadas. Y en 1995 se comenzó a dragar el Río Paraná en el marco de una concesión a la empresa Hidrovía S.A. para permitir el ingreso a la zona de grandes buques. Esos tres factores –inversiones fabriles, mejoras en las terminales portuarias y una “autopista fluvial” en buenas condiciones– hicieron que el polo agroindustrial de Rosario se transformara en uno de los más importantes del mundo.
En 1996 comenzó a gestarse el proyecto para montar una gran fábrica de urea granulada, cuya construcción empezó en 1998 para comenzar a operar en 2001. El aporte de Profertil fue sustancial para incrementar los rendimientos agrícolas de los principales cultivos. Se removieron además las trabas arancelarias para importar fertilizantes fosforados que no se producen en el país.
En 1996 Argentina –casi en simultáneo con EE.UU.– autorizó la comercialización de la soja tolerante a glifosato desarrollada por la compañía estadounidense Monsanto. Esa tecnología, además de facilitar enormemente el control de malezas, permitió reducir de una manera brutal el costo de herbicidas, dado que por entonces el glifosato (registrado en la década del ’70) era un producto genérico. Los farmers estadounidenses no tuvieron tanta suerte porque en esa nación Monsanto logró extender la patente del herbicida hasta el año 2000. La introducción de la soja tolerante a glifosato, junto con la siembra directa y prácticas de fertilización eficientes, generaron una explosión productiva para transformar a la Argentina (y luego al Cono Sur) en uno de los principales jugadores globales en el negocio oleaginoso.
El desmantelamiento de la red ferroviaria argentina sin que la misma sea reemplazada por una red autopistas fue uno de los grandes déficits de infraestructura heredados de la gestión de Carlos Menem, cuyos efectos nocivos persisten hasta la actualidad tanto en accidentes viales como en una excesiva dependencia de los camiones para el transporte de granos.
En 1998, con la denominada “crisis rusa”, los valores de los granos se cayeron para registrar mínimos históricos hasta comienzos del año 2002. El retraso cambiario provocado por convertibilidad, junto con el encarecimiento del crédito bancario (promovido por el deterioro de las variables macroeconómicas), provocaron en los siguientes años una salida masiva de productores del sector, los cuales debieron vender o arrendar sus campos ante la imposibilidad de mantenerse en el negocio.
