La desarticulación –realizada el pasado fin de semana– de la mayor parte de a banda delictiva que robó hace poco más de un mes unas 300 toneladas de soja de un establecimiento del sur cordobés aporta una serie de lecciones que no pueden dejar de ser tenidas en cuenta por los integrantes del sector agropecuario.
Nada menos que ocho camiones cargados con soja robada en la madrugada del 24 de junio de un campo de la zona de Buchardo fueron, ese mismo día, directamente a la terminal portuaria de una importante empresa exportadora localizada en el Gran Rosario.
Eso indica que es muy probable que la empresa santafesina que aportó las cartas de porte para “blanquear” la mercadería robada tenía en su poder tal cantidad de soja, dado que, si por alguna razón se frustraba el robo, debía cumplir con la entrega acordada con anticipación.
El sistema informático de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que es tan eficiente para detectar todo tipo de inconsistencias en empresas agropecuarias, no tuvo ninguna capacidad para identificar que la mercadería comprada y embarcada (¡300 toneladas!) provenía de un hecho delictivo.
De hecho, la detección de los delincuentes la realizó la departamental de General Roca de la Policía de Córdoba en base al análisis de cámaras de seguridad ubicadas en rutas, que permitieron identificar los camiones que intervinieron en el robo y, por extensión, los titulares de los mismos, sus teléfonos celulares, llamadas y así dieron con los integrantes de la banda.
Es decir: si los policías no hubiesen podido reconstruir el recorrido de los camiones desde el campo hasta el puerto, el delito habría muy probablemente quedado impune.
En ese sentido, todos los dispositivos tecnológicos que puedan implementarse en los establecimientos agropecuarios para emitir alertas automáticas ante la rotura de un silobolsa, además de realizar videos de la zona afectada que puedan almacenarse de manera remota, son un costo casi obligatorio para el sector en la actual coyuntura.
La causa, que está en manos del fiscal de Huinca Renancó Marcelo Saragusti, permanece en secreto de sumario, con lo cual no es posible saber por el momento el nombre de la empresa santafesina que facilitó las cartas de porte para participar de la operación delictiva, dado que la investigación sigue en curso con el propósito de descubrir a todos los integrantes de la banda.
Si bien habrían participado al menos unas veinte personas en las tareas de inteligencia, logística y comercio de la mercadería robada, el costo del operativo está estimado en no más de los 100.000 pesos con un ingreso superior a los 9,0 millones de pesos.
