La Cámara Argentina de Matarifes (Camya) emitió un durísimo comunicado en el que acusa al gobierno de “dormir la siesta” mientras la informalidad en el negocio de la carne vacuna “sigue de fiesta”.
La situación convoca a la perplejidad, pues los matarifes y abastecedores de carne al mercado internos suelen ser justamente la imagen más icónica de la evasión impositiva, laboral y sanitaria en el sector. Son considerados por muchos como los “malos de la película”. En esto tiene mucho que ver la pésima imagen social que ha construido una figura icónica del negocio de la carne, que de todos modos suele tener una gran penetración en la televisión: Alberto Samid, quien incluso acaba de cumplir una condena por una millonaria evasión. No es el único, pero sí el más conocido.
Samid bate récords: el 100% de los empleados de sus carnicerías estaba en negro
Es el colmo… ¿Por qué ahora son ellos los que piden a gritos que el Estado retome los controles?
Esta entrevista que Bichos de Campo realizó al matarife rosarino Ariel Morales Antón, que es directivo de la Camya y proviene de una familia que ya lleva tres generaciones en el negocio (65 años, nada menos), resulta muy útil para entender este dilema.
No es tan difícil: Samid no es el único matarife que existe sino que hay 3.500 personas que se dedican a este negocio de intermediación entre los ganaderos y los consumidores. “Hay mucha gente muy buena, que lleva muchos años de trabajo para llevar un kilo de carne a la mesa de todos”, enfatizó Ariel con visible pasión.
Dentro de ese universo de 3.500 empresas, que es responsable de proveer el 75% de la carne que comemos los argentinos (el resto pasa por supermercados o grandes frigoríficos exportadores), existe un grupo de dirigentes más bien jóvenes que hace tres o cuatro años impulsaron la creación de una cámara del sector. Fue cuando el gobierno de Cambiemos impulsó un fuerte cambio en el sistema de control del negocio de la carne, que luego se discontinuó visiblemente en la actual gestión. De allí que la Camya denuncie ahora que el gobierno parece “estar durmiendo la siesta” en el control de los informales, que siguen de fiesta.
Mirá la entrevista con Ariel Morales Antón:
Ariel no tiene pelos en la lengua y por eso es de esos entrevistados que valen la pena: no le esquiva al bulto de la mala imagen que tiene su sector por culpa de algunos personajes grotescos ni disimula el enojo de los matarifes con un gobierno -el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner- que dejó a medio camino una política de Estado para blanquear la mayor parte de las operaciones de compraventa de carne en el país.
Esa política comenzó en 2016, cuando le gestión macrista reflotó la ex ONCCA y modificó el sistema de tributación en la cadena cárnica: nadie podía faenar un vacuno si antes no adelantaba parte de los impuestos y aportes patronales correspondientes. El gran problema es que frigoríficos y matarifes aceptaron las reglas de juego con la promesa de que el control llegaría a todos los eslabones y esto nunca sucedió.
Es historia conocida: Cuando los organismos del Estado (la AFIP o Arba, en el caso bonaerense) tuvieron que salir a controlar también a las carnicerías (el último eslabón de la cadena, donde no suelen existir la facturación), nunca lo hicieron. Y con el cambio de gobierno todo este fenomenal esfuerzo por blanquear la cadena se discontinuó. La mejor prueba es que a partir de abril de 2021, la ex ONCCA -a cargo de Luciano Zarich- está más focalizada a cerrar las exportaciones de carne que a sus funciones principales de control.
“Nosotros somos empresarios matriculados, que faenamos en frigoríficos habilitados y pagamos los impuestos. Por eso pedimos que el gobierno nos apoye. Si hacemos las cosas bien, como queremos, después se complica competir en la calle con carne que no paga impuestos o no está a la altura de la que nosotros producimos”, define Morales Antón. dejando en claro que la informalidad ha vuelto con fuerza a ganar terreno, dejando en clara desventaja a quienes siguen creyendo que se pueden hacer bien las cosas.
Los socios de la Camya son los que más sienten esta situación, porque cuando se inició el proceso apostaron fuerte a un formalización de toda la actividad pero luego el Estado (como es frecuente con cada cambio de gobierno) abandonó el barco y los dejó solos. Ahora ellos están obligados a facturar y hasta adelantan gran parte de los impuestos, pero luego no logran recuperar ni el IVA ni Ingresos Brutos porque los carniceros (que siguen indemnes de los controles) no quieren facturar.
Hay un problema de fondo: La mayoría de los comercios minorista son manejados por monotributistas que si emitieran factura (aunque trabajen con uno o dos medias reses por semana) deberían pasar a la categoría de Responsables Inscriptos.
Ahora que ha caído el consumo de carne en el mercado local -hasta cifras nunca vistas de 47 kilos anuales por habitante-, todos los matarifes y frigoríficos pelean mucho más intensamente por conservar su volumen de ventas. Y hay quienes para competir y ganar terreno han decidido regresar a los territorios mucho más fértiles de la informalidad. Es por eso que la Cámara reclama al estado que vuelva a ejercer los controles. Como corresponde.
“Este camino no puede recorrerlo el sector privado en soledad, mientras las autoridades miran para otro lado. En este punto, nos referimos a los miles de carniceros que operan en negro, bajo el amparo de monotributos falseados. Con este punto de partida, obligan a sus proveedores a venderles sin la documentación legal de amparo, lo que genera inevitablemente un alineamiento con la evasión que afecta a todos los eslabones y llega incluso hasta el productor ganadero”, describió el estado de situación el comunicado de la Camya.
Los matarifes que todavía apuestas a la formalidad se quejaron porque “la Dirección de Control Comercial Agropecuario -dependiente del Ministerio de Agricultura y responsable de administrar el RUCA- nos siguen exigiendo requisitos que se tornan incumplibles”, mientras que “en la otra vereda vemos un desfile de matrículas de operadores informales, que las alquilan al solo efecto de evadir impuestos”.
“Los responsables, a todas luces insolventes, terminan estafando al Estado y desaparecen de la actividad periódicamente, para luego repetir este modus operandi. Esta operatoria, que no es novedosa, ha sido denunciada ante las autoridades muchas veces. Esta evasión hace que sea imposible el funcionamiento normal de los mercados, por la competencia desleal que generan. Al distorsionar costos y precios -siempre en beneficio de los “truchos” que obtienen ganancias millonarias- el consumidor termina comprando carne cara y de origen desconocido”, completó Camya el diagnóstico.
