De cara a la discusión del Presupuesto y la ley impositiva del año entrante, el gobierno cordobés anunció que implementará un incentivo que sin lugar a dudas, sentará precedente: Por primera vez, se le dará un estímulo económico -por vía de una pequeña rebaja de impuestos- a los propietarios que trabajen sus propias tierras.
Será en el marco del Impuesto Inmobiliario Rural, que en Córdoba es equivalente a 1 quintal de soja por hectárea. Si prospera el debate legislativo, en 2026, además de los descuentos por buen contribuyente y por la aplicación de Buenas Prácticas Agropecuarias, habrá un artículo dedicado exclusivamente a quienes hayan decidido no arrendar su campo y producir allí.
En diálogo con Bichos de Campo, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, explicó los alcances de esta decisión, que se enmarca en otros incentivos a la producción, como la implementación de la prueba piloto del primer seguro multiriesgos.
Se estima que, a nivel nacional, unas 7 de cada 10 hectáreas productivas se trabajan en tierras arrendadas. Dinamizados por los buenos precios de los alquileres, pero también, en muchos casos, por la necesidad económica o la falta de incentivos para producir, son muchos los propietarios que prefieren alquilar sus tierras antes que trabajarlas ellos mismos. Y también son muchos los productores que carecen de campos propios.
“No queremos castigar esa conducta, porque cada uno puede hacer lo que quiera con su propiedad, pero sí incentivar al que produce en campo propio”, explicó Busso, que destacó el avance que significa la iniciativa.
Según lo dispuesto por la cartera provincial de Economía, habrá un descuento del 5% del impuesto Inmobiliario Rural para los productores propietarios.
Económicamente, el Inmobiliario Rural es trata de un tributo de bajo impacto -en comparación con otros, especialmente las retenciones- sobre el que se hace un descuento mínimo, pero de por sí significa un reconocimiento a quienes, en vez de alquilar su tierra, optan por trabajarla y afrontar los riesgos de producir.
“Es un avance porque venimos hablando hace bastante tiempo de poder diferenciar aquel que tiene campo y lo produce, del que lo tiene como un bien de renta y que a veces se despreocupa del estado de esa tierra”, afirmó el ministro de Bioagroindustria, que igual aclaró que “no se trata de una medida penalizante sino de un incentivo”, como otros aplicados en la provincia.
El impuesto Inmobiliario Rural es el único que pagan los productores de órbita provincial, al no haber Ingresos Brutos para el sector primario y contempla también otros descuentos adicionales. Para los “contribuyentes cumplidores”, la reducción es de un 30% y para quienes apliquen Buenas Prácticas Agropecuarias se contempla otro 5% menos.
En ese sentido, Busso destacó que estas iniciativas las trabajaron en conjunto con los dirigentes nucleados en la Comisión de Enlace Agropecuaria Provincial (CEEA). El último anuncio del gobierno cordobés al respecto fue que el Impuesto inmobiliario tendrá un incremento del 30% para el ciclo 2026, que estaría por debajo del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).
“Nosotros acordamos qué es lo que el campo quiere pagar. Si quiere pagar más, va a tener más recursos. Si va a pagar menos, va a tener menos recursos. Es así porque es el único aporte de todos los que hace el productor que vuelve al sector”, aseguró el ministro.
Cabe destacar que ese tributo representa un 4% de los ingresos provinciales y se destina prácticamente en su totalidad (98%) al Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA). De esos fondos echa mano la Asociación de Consorcios Camineros de Córdoba, que es la encargada de mantener la red de caminos secundarios y terciarios no pavimentados. Cabe destacar que en la provincia, fruto de ese modelo público-privado, no se paga tasa Vial.
A nivel general, este tipo de iniciativas reaviva la irresoluta puja entre Nación y provincias por la carga tributaria. De acuerdo a uno de los últimos informes de la Fundación FADA, 63 de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola se cobran en términos de impuestos, que en su mayor parte están explicados por los de alcance nacional, como IVA o retenciones.
“Por ejemplo, un productor de Marcos Juárez tiene que pagar un quintal de soja por hectárea de Inmobiliario, de lo que le vuelve todo. Pero, con una buena cosecha, seguro pague entre 13 y 14 quintales en concepto de retenciones, y de eso no regresa nada. Nuestro sistema tributario es muy distorsivo”, apuntó Busso.
Los anuncios tributarios llegan también acompañados de otra iniciativa que igual de alentadora, que es la implementación de un seguro multiriesgos.
Según explicó el funcionario a este medio, se trata de una prueba piloto que financiará el Estado provincial y que alcanzará sólo a unas 500.000 hectáreas de maíz y soja para evaluar cómo funciona una cobertura de daños superiores al 70% ocasionados por sequías, inundaciones, granizo, viento o heladas. Por el momento, quienes serán incluidos en la iniciativa son los productores que integren el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias.
“Hace mucho que se habla de esto y nunca se pudo concretar. Así que queremos hacer esta experiencia, ver cómo funciona y lo podemos hacer porque contamos con mucha información”, concluyó Busso.
