Cuentan los colegas cordobeses de Agroverdad que el ministro de Agricultura y Ganadería de esa provincia, Sergio Busso, lanzó un alerta en torno al Proyecto de Reforma del Código Penal que se discute a nivel nacional, ya que el mismo introduciría un capítulo sobre “Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental” que podría tener implicancias para las actividades agrícolas.
“Me parece que es un tema delicado y más aún que no hayan participado las provincias”, advirtió Busso en declaraciones a Agroverdad. Y añadió: “Lo que trato de decir es que no lleguemos demasiado tarde a cualquier situación que pueda ser muy peligrosa e inconveniente para el sector productivo”.
Concretamente, según el ministro cordobés, la Comisión para la Reforma de Código Penal, integrada por juristas notables del país, ha incorporado una serie de puntos sobre derecho ambiental que podrían afectar o limitar a futuro al sector agrícola. Esta Comisión está trabajando desde hace bastante tiempo en la reforma del código, que elevaría al Poder Ejecutivo para su posterior tratamiento en el Congreso. La presentación del documento estaba prevista hace algunas semanas, pero se decidió postergar por el intenso debate social sobre el aborto.
En la Exposición de la Sociedad Rural de Jesús María, Busso detalló que dentro del capítulo “Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental”, la Comisión reformadora consensuó la incorporación de los delitos de contaminación y daño al ambiente, con pena de hasta 5 años de prisión y multa (medida en días multa).
Además los juristas proponen incluir agravantes de hasta 10 años de prisión cuando se cause un daño grave al ambiente o cuando se desechen sustancias tóxicas prohibidas al entorno natural (de acuerdo con la Ley de Residuos Peligrosos) y se afecte la salud humana.
Los expertos también han propuesto incluir los delitos contra la biodiversidad, con penas de hasta 3 años de prisión y multa cuando se introduzca en el ecosistema algún ejemplar de especie de flora o fauna exótica invasora.
Esa pena podría elevarse hasta 6 años de prisión y multa para quien propague en la naturaleza organismos genéticamente modificados idóneos para provocar daños en el ambiente o en la salud de las personas.
