En el sector agropecuario existen muchas actividades que son electrodependientes: desde las vides y los olivos hasta los tambos y el arroz producido con agua de pozo.
Para todas ellas –tal como anticipó en su momento Bichos de Campo– no hay buenas noticias: el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso para validar el acuerdo realizado con el Fondo Monetario Nacional (FMI) contiene un fuerte ajuste de las tarifas eléctricas para todos los grandes usuarios.
Llamativamente, en ninguna parte del texto del acuerdo se especifica que el Estado nacional realizará un esfuerzo por reducir el gasto público, el cual solamente será disminuido por un recorte de los subsidios energéticos, lo que implica, en los hechos, que se viene un nuevo ajuste para el sector privado.
Según cálculos realizados por el economista y diputado nacional Luciano Laspina (PRO; Santa Fe), en 2022 el ajuste nominal de tarifas que experimentarán los grandes usuarios de energía eléctrica será del orden del 195% (un 85% en ajustado por la inflación proyectada), mientras que la mayor parte de los usuarios residenciales seguirán abonando tarifas subsidiadas.
Según lo establecido en el acuerdo con el FMI, las tarifas aumentarán 85% promedio durante 2022. No abro juicio de valor. Acá va el cómputo. 👇🏻 pic.twitter.com/IQLF8c8fnS
— Luciano Laspina (@LaspinaL) March 3, 2022
Si bien es más que seguro que buena parte de ese “tarifazo”, en lo que respecta a productos de consumo masivo, terminará impactando en la inflación minorista, en el caso de las producciones agropecuarias que requieren un uso intensivo de energía la situación se torna compleja porque no tienen control sobre los precios de venta de aquellos bienes que producen.
Por lo tanto, el “acuerdo” logrado con el FMI es una pésima noticia para buena parte de las denominadas economías regionales y en las próximas semanas, si el “tarifazo” finalmente avanza, muy probablemente veremos una catarata de quejas de los rubros afectados.
