Creado en 2002, pero con plenas funciones y capacidad de acción desde hace no más de 6 años, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) es el encargado de fiscalizar las tareas en el agro. Además de los empleos no registrados y las irregularidades, esa labor a menudo permite detectar casos mucho más graves, como lo es la trata de personas para la explotación laboral, un fenómeno muy invisibilizado en el interior productivo.
En un informe difundido recientemente, la oficina gubernamental de los Estados Unidos destacó el trabajo que, a nivel macro, se hace contra el delito de trata y explotación de personas en el país e hizo mención a las tareas de ese organismo mixto, que integran el sindicato UATRE y las cuatro entidades patronales de la Mesa de Enlace.
El documento “2025 Trafficking in Persons Report: Argentina”, que elaboró una oficina dedicada al monitoreo de casos de trata de personas, señala que el país tiene la máxima calificación -Tier 1- en la lucha contra este delito.
En ese sentido, el gobierno estadounidense destacó las inspecciones y capacitaciones que lleva a cabo el Renatre para identificar casos en el ámbito rural, sobre todo aún en zonas aisladas y de difícil acceso para otros resortes del Estado.
Pero, además de la detección, el informe también señala como clave el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo con el que cuenta el organismo. Se trata de un subsidio destinado a cubrir las necesidades inmediatas cuando una presunta víctima de explotación laboral pierde su puesto.
“En 2024, otorgó pagos de subsidio a 271 víctimas de trata laboral identificadas durante sus inspecciones, en comparación con 338 víctimas en 2023”, rescata la oficina gubernamental de Estados Unidos. Entre 2023 y 2024, 609 víctimas de trata laboral fueron identificadas durante las inspecciones del organismo.
Con menciones a la especialización técnica del cuerpo de inspectores del Renatre, que puede detectar señales de coerción, condiciones laborales irregulares o mecanismos de explotación, el informe también rescata la tarea de coordinación con otras agencias estatales para canalizar las denuncias y proteger a las víctimas.
Desde el organismo, de hecho, celebran el vínculo que tienen con las entidades rurales y, particularmente, con el gremio de la Uatre. “Desde el sindicato se cuenta con un conocimiento estratégico y profundo de las necesidades y condiciones de los trabajadores rurales”, afirmaron.
Sin embargo, ya no referido al ámbito rural sino a nivel país, el informe estadounidense también enciende alertas sobre la retirada estatal respecto a varios aspectos de la lucha contra la trata.
Si bien rescata los “esfuerzos serios y sostenidos” del gobierno, también advierte que se “redujo el personal de la línea telefónica, identificó a menos víctimas, dejó de inscribirlas en programas federales de asistencia y procesó a menos presuntos tratantes”.
Por eso, en el extenso listado de recomendaciones, destaca como prioritario aumentar los esfuerzos estatales, con medidas de apoyo pero también mecanismos efectivos de detección y de apoyo. “La complicidad oficial en delitos de trata siguió siendo motivo de preocupación”, afirma.
