Este viernes se conoció el Decreto 45/2023 de la era de Javier Milei, que establece una serie de reacomodamientos de varios organismos públicos. En el capítulo agropecuario que nos ocupa aquí, la novedad es que el artículo 9° define: “Transfiérese el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFIC) desde la Jefatura de Gabinete a la órbita del Ministerio de Capital Humano”.
El INAFIC, vale recordar, tomó la estructura de la vieja subsecretaría de Agricultura Familiar que dependía del ex Ministerio de Agricultura, hasta que en 2022 pasó a depender de la Jefatura de Gabinete, donde tallaba el Movimiento Evita, aliado del presidente Alberto Fernández y que soñaba concentrar allí todos los organismos que controlaba. Además de este área dedicada a la agricultura familiar, el INAES siguió el mismo derrotero y ahora también fue a parar a la nueva cartera que absorbió Desarrollo Social y que conducirá la ministra Sandra Pettovello.
En la Argentina se estima que existen unos 100 mil productores familiares que ahora serán objeto de una política de contención social más que de inserción productiva. De todos modos, antes de las elecciones el INAFIC venía realizando un intenso trabajo para diseñar un Plan de Acción propio, y que ahora quedará sometido a la opinión de las nuevas autoridades. Bichos de Campo accedió a los principales postulados de ese plan de acción que fue diseñado en talleres junto a las asociaciones y entidades vinculadas al sector.
“Durante estos 4 años de gestión hemos hecho todo lo posible para recuperar la Institucionalidad, crear políticas integrales y fortalecer al sector. Pero falta mucho, y mucho puede retroceder. Espero de corazón que este Plan de Acción pueda llevarse a cabo, porque las políticas públicas con resultados tangibles son el camino hacia la justicia social, y esto trasciende las gestiones”, escribió el director de este Instituto, Miguel Ángel Gómez, en la presentación de dicho programa.
La intención, lógicamente, es que no haya que comenzar todo de cero en la nueva era Milei sino que se tome este documento como base de discusión. Surgió de cinco talleres regionales donde se registraron más de 290 Organizaciones participantes (público – privado), movilizando alrededor de 1400 personas. También acompañaron el proceso organismos internacionales como la FAO, el IICA y la REAF MERCOSUR.
Todo este trabajo quedó contenido en un extenso documento que compartimos con nuestros lectores:
PLAN DE ACCION DNUAF ARG 2023
Los integrantes de este organismo, a partir de este pase a depender de Capital Humano, deben estar cruzando los dedos frente a las ínfulas de las nuevas autoridades nacionales por recortar gastos. Pero lo cierto es que el gobierno tampoco puede desconocer que es una ley del Congreso Nacional, la 27.118, la que le ordena al Poder Ejecutivo diseñar y ejecutar una política de “reparación” para la agricultura familiar, campesina e indígena, que debería incluir la promoción de políticas de acceso a la tierra y otras medidas de promoción a ese sujeto rural, que es diferente del productor capitalizado.
“Los ejes y propuestas se encuentran incorporados en la Ley 27.118 (artículos) organizan, potencian y abordar problemáticas centrales como la formalización, el acceso a los mercados, incremento de la producción, incorporación de nuevas tecnologías, el acceso a la tierra y al agua, las semillas, con el objetivo de dar herramientas a quienes cuidan el planeta, quienes producen alimentos sanos”, argumenta el Plan de Acción.
En este sentido, el documento recuerda que los agricultores familiares representa, a nivel nacional, para la miel el 63% del total de los productores; para la horticultura, 75%; para la vid en Mendoza el 50% del total de productores; para el tabaco en Misiones el 98%; para la caña de azúcar en Tucumán, 82%; para los porcinos en Buenos Aires el 79%. Y así abundan los ejemplos.
El plan diseñado para potenciar la agricultura familiar, campesina e indígena (AFSCI) se basa en siete pilares. El primero propone “desarrollar un entorno político propicio para apoyar la agricultura familiar”, ya que el sector agrupa a una gran diversidad de actividades que, en conjunto, deberían “forman una categoría política por su acceso diferencial y asimétrico a la información, recursos y poder respecto de los de una gran agricultura o agricultura empresarial o patronal”.
Un segundo pilar debería apuntar a “Juventud y sostenibilidad generacional”, apuntando claramente a “desalentar la migración de jóvenes (con herramientas concretas y recursos)” hacia los centros urbanos, generando por ejemplo “becas específicas que fortalezcan sus capacidades para el desarrollo del sector”.
Por otro lado el plan propone un eje sobre “Equidad de género y liderazgo de las mujeres”, considerando que “las desigualdades de género influyen en la seguridad alimentaria, desarrollo social y productivo de las diversas regiones”, y por lo tanto “es preciso incorporar la temática de género en los procesos relacionadas con la seguridad alimentaria”.
El cuarto pilar habla de “fortalecer la (auto) organización de los agricultores familiares dentro de todas
las instituciones rurales, incluidas las asociaciones, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de fomentar su capacidad como agentes de cambio; mejorar la generación y difusión de conocimientos y servicios para conservar la diversidad económica, social, cultural y medioambiental de las
zonas rurales en una interconexión armoniosa con las zonas urbanas; y mejorar la participación significativa de los agricultores familiares en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles”.
El quinto pilar habla de “mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de los agricultores familiares”. ¿Cómo? Una propuesta es “Instrumentar el sistema de compra pública (institucional) de alimentos y servicios a la AFCI por parte del Estado Nacional y las Provincias o Municipios”. Otra manera sería “generar instrumentos de regulación (fondos/bioinsumos/intervenciones) para acceder a insumos sin abusos y a precios razonables”.
“Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para sistemas alimentarios resilientes al clima”, dice el sexto eje de trabajo, que entre otras cosas propone “la transición hacia la Agroecología” y la “transformación de los sistemas productivos actuales a sostenibles y sustentables con el medio ambiente y la biodiversidad”.
Finalmente, el plan propone “Fortalecer la multidimensionalidad de la Agricultura Familiar”. Y explica que “la agricultura familiar, campesina indígena es multidimensional. No se restringe solamente a la producción de alimentos, de lo cual es un actor protagónico, sino que incluye muchas otras actividades, acciones y vínculos. Más allá de la producción de alimentos, las organizaciones de agricultores familiares atienden necesidades comunitarias de educación, comunicación, cultura y sanidad para sus miembros, organizan el cuidado de los niños y ayudan a las personas de edad avanzada en sus comunidades. Estas acciones a nivel local son fundamentales, ya que a menudo son los únicos accesibles para la población rural”.
