Cada tres meses, desde hace muchos años, la Fundación FADA realiza una medición de la presión fiscal sobre una hectárea agrícola. En diciembre de 2023, cuando arrancó el gobierno de Javier Milei, había dado 59% (es decir que de cada 100 pesos de la renta agrícola, 59 se iban en pagar impuestos). Dos años después, en diciembre de 2025, había bajado a 56,3%. Pero a partir de allí comenzó a subir nuevamente: en marzo pasado tocó 62,5% y ahora, en la medición de junio, ese indicador no bajó casi nada, pues resultó de 61,9%.
¿Qué pasó? Es lo que podría preguntarse cualquiera que no siga de cerca los números del campo. Porque desde el discurso está todo muy bonito, y el gobierno libertario ha reducido cerca de 10 puntos las retenciones a la soja desde que comenzó (de 33 a 24%) y otro tanto sucedió con el resto de los granos. Es más, acaba de anunciar un nuevo cronograma de reducción paulatina de los derechos de exportación, que por lejos son el principal factor que exacerba la presión fiscal sobre el sector.
Lo cierto es que la extracción de recursos de los productores hacia los tres niveles del Estado (municipal, provincial y nacional) no ha cesado y por cierto ha empeorado, mientras que los dirigentes rurales están casi obligados a aplaudir los sucesivos anuncios de rebaja de retenciones, que no producen un impacto significativo en las cuentas de los productores. ¿Por qué razón? Lo explica bien la Fundación FADA en su más reciente informe. La síntesis podría ser: porque suben los costos.
“Sigue siendo alto lo que se queda el Estado de la renta agrícola. De cada 100 pesos, 61,9 pesos son impuestos”, avisa ese grupo con base en Río Cuarto. Y añade: “Aunque esta medición se ubica por debajo del 62,5% registrado en marzo, el peso de los impuestos continúa elevado” básicamente proque la estructura de costos del sector ha variado significativamente, en especial en el rubro fertilizantes, y por lo tanto la presión fiscal (que no baja tan rápido) se exacerba sobre números más finos del negocio.
Curiosamente, según surge del estudio, el único cultivo que ha recibido una baja concreta de retenciones este año (en trigo el tributo se redujo 2 puntos, pero el resto de los granos deberán esperan a comienzos de 2027), es el que mayor presión fiscal soporta, con casi 74 pesos de cada 100. Por cultivo, la participación del Estado fue de 61,7% en soja, 59% en maíz, 73,6% en trigo y 68,1% en girasol. “Aunque el trigo es uno de los cultivos con mayor peso de impuestos, mostró una mejora respecto a marzo, cuando el indicador había alcanzado el 104,4%.” señala Fiorella Savarino, economista de FADA.
En junio, el precio del trigo aumentó 15,5% en relación a marzo y se ubicó 6,8% por encima de junio del año pasado. Además, la alícuota de derechos de exportación para este cultivo pasó del 7,5% al 5,5%. “La combinación de mejores precios y la baja de retenciones ayudó a los números del trigo, aunque los costos todavía siguen teniendo un peso importante”, señala Savarino.
Uno de los factores que continúa impactando en los costos de producción es el precio de la urea, uno de los fertilizantes más utilizados en la agricultura argentina. En lo que va del año acumula una suba del 48%, efecto de la guerra de Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz. La relación entre insumos y producción refleja esta situación: actualmente se necesitan 4 toneladas de maíz para comprar una tonelada de urea, mientras que para el trigo se requieren 3,4 toneladas.
Los fletes también registraron una suba del 26% frente a marzo y del 37,3% en relación a junio de 2025, afectando especialmente al maíz. “Los aumentos en transporte afectan especialmente a las provincias más alejadas de los puertos”, agrega Nicolle Pisani Claro, la jefa del grupo de economistas de la Fundación.
Así las cosas, por más anuncio que haya no hay una mejora sustancial de la situación del productor.
En un apartado de su estudio trimestral, FADA comenta que la plata que queda después de pagar los costos de producir una hectárea agrícola se divide en tres partes: los impuestos que se pagan (61,9%), el valor de quienes alquilan la tierra para producir (29,7%) y la ganancia final de quien produjo (8,5%).
Además marcó que del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola, el 56,7% corresponde a impuestos nacionales no coparticipables, principalmente derechos de exportación e impuesto a los créditos y débitos bancarios. Los impuestos nacionales coparticipables entre Nación y provincias representan el 32,9%. Los impuestos provinciales explican el 9,3% y los municipales el 1,1%.
