Cuatro entidades del departamento de Río Cuarto, en el sudoeste de Córdoba, presentaron un recurso de amparo ante la justicia para lograr que la Provincia de San Luis desmantele los controles que, con la excusa del coronavirus, impiden el acceso de muchos productores y transportistas al territorio puntano, donde muchos realizan tareas habituales o son propietarios de campos.
Los abogados Javier Quiroga y Antonio María Hernández presentaron en los tribunales federales de la ciudad de Río Cuarto este amparo colectivo, uno de los primeros de este tipo desde que se inició, haca más de cien días, un periodo de cuarentena que en algunos casos violentó derechos fundamentales.
Sucede que varios gobernadores, pero sobre todo el puntaro Alberto Rodríguez Saá, se tomaron la atribución de establecer controles adicionales en los límites provinciales e impedir el paso de personas, aun cuando las mismas estaban exceptuadas por cumplir servicios esenciales. El agro es uno de esos sectores. En plena cosecha, a los productores se les permitió seguir haciendo su tarea.
Descargá aquí la ACCIÓN DE AMPARO SOC. RURAL RIO CUARTO, VICUÑA MAKENNA Y ACHIRAS
Los límites entre Córdoba y San Luis han sido de los más calientes, ya que el gobierno de la segunda provincia bloqueó el acceso por caminos rurales, impuso fuertes controles sobre los que querían ingresar e ideó un complejo sistema de cuarentenas, incumplible para muchos habitantes de la zona fronteriza.
Quiroga, el abogado que actúo como patrocinante de las entidades de Córdoba, explicó que este recurso de amparo por las trabas en los límites provinciales, contó que la presentación es promovida por cuatro entidades del departamento Río Cuarto. Son la sociedad rural de esa ciudad cabecera, la sociedad rural de Vicuña Mackena, el centro de transportista de Achiras, y el consorcio caminero de esa misma localidad, ubicada a solo diez kilómetros del límite interprovincial.
“Las medidas adoptadas por San Luis impiden la circulación entre las dos provincias, que en esta zona están muy relacionadas. Aquí tenemos la particularidad de que la gran mayoría de productores que viven en Achiras, en Córdoba, tienen sus establecimientos en San Luis, y se ven imposibilitados de acudir a ellos”, explicó el abogado.
