En la Argentina ocurre algo tan extraño como particular: mientras que, por un lado, el Estado reconoce que ciertas regiones agropecuarias se encuentran en situación de emergencia o desastre por eventos climáticos adversos, por otro lado la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) sigue cobrando a las empresas afectadas anticipos del impuesto a las Ganancias como si nada malo hubiese pasado.
Para subsanar esa contradicción, el diputado Pablo Torello (Buenos Aires; PRO) presentó un proyecto para suspender los cobros de anticipos de Ganancias a las empresas afectadas por eventos climáticos.
La medida –según la propuesta avalada por otros catorce diputados del bloque Juntos por el Cambio que integra el PRO– comprende aquellos anticipos que tuvieran vencimiento entre la declaración de la emergencia o desastre agropecuario y la efectiva liquidación final del mismo.
En los fundamentos de la iniciativa se indica que en los últimos años vienen registrándose de manera cada vez más recurrente la fase “La Niña” que provoca restricciones hídricas en buena parte del territorio argentino.
“La última gran sequía que atravesó nuestro país fue durante el año 2018 y le valió la pérdida de aproximadamente 30 millones de toneladas de granos”, expresa el proyecto.
“La producción argentina nuevamente está inmersa en un nuevo fenómeno de sequía, que según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Rosario, se calcula una pérdida del 14% de la cosecha de maíz y un 11% de la de soja, respecto de lo proyectado a fines del año pasado”, añade.
Por tal motivo, Torello –quien es empresario agropecuario en el norte bonaerense– considera que resulta imprescindible incorporar la supresión del pago de adelantos al impuesto a las Ganancias para un período que seguramente resulte en pérdidas económicas para las empresas afectadas.
“Según Ciara-CEC, en el año 2021 el sector agroindustrial generó en conceptos de divisas para nuestro país una cifra record de aproximadamente 33.000 millones de dólares. En contrapartida, a diciembre del mismo año y según el índice trimestral que realiza FADA, la participación del Estado en la renta agrícola ascendía al 63,2%”, expone el diputado.
“Estos números nos muestran que es necesario que el Estado entienda que al productor agropecuario hay que alivianarle la carga impositiva, sobre todo en una situación de emergencia como la que atraviesa el campo a raíz de la sequía. Con este proyecto pretendemos dar en parte ese alivio”, concluye.
Foto EnriqueARey
