El economista Claudio Lozano, que fue nombrado como director del Banco Nación por el nuevo gobierno, es sin duda la persona que más argumentos aporta a favor de la intervención y posible estatización de Vicentin, empresa que mantiene una abultada deuda con esa entidad crediticia. “Cuando ingresamos, nos encontramos con que el principal deudor privado del banco era Vicentin”, dijo Lozano a Bichos de Campo. La entidad tiene créditos impagos sobre unos 300 millones de dólares, frente a un default total de unos 1.450 millones.
Para Lozano, con claridad hubo una fuga de capitales o de ganancias desde empresas del grupo Vicentin al extranjero. “Es difícil desenganchar la crisis de Vicentin de la derivación de recursos al exterior”, aseguró el funcionario, que aspira a que este tema sea investigado por las comisiones legislativas de la Nación, la provincia de Santa Fe, y también por la justicia federal. Los propios bancos extranjeros que también son acreedores de Vicentin, liderados por al CFI del Banco Mundial, también reclaman unos 500 millones de dólares y pidieron una investigación paralela en Nueva York.
“Desde 2014 en adelante hay una estrategia explícita por parte de los dueños de Vicentin, de iniciar un proceso de ‘offshorización’, es decir de inscribir la empresa madre del grupo en Uruguay, que es Vicentin Family Group. Esa es la que controla todo el conglomerado y el desarrollo de actividades que involucra a Vicentin Paraguay, Brasil, España y la puesta en marcha de empresas off shore”, denuncio Lozano.
Mirá la entrevista completa realizada a Claudio Lozano:
“Hay un signo de interrogación muy importante en torno a cuáles son las maniobras que el propio grupo empresario hizo en relación a sus empresas vinculadas, sobre todo aquellas del exterior, caso Vicentin Uruguay, Vicentin Paraguay y las empresas off shore radicadas en Panamá y en las Islas Vírgenes”, insistió el director del Banco Nación.
Según Lozano, “Vicentin tuvo un crecimiento exponencial en la Argentina en los últimos 14 años, y en los últimos 4 años de (gobierno de Mauricio) Macri también. La firma pasó de ocupar el puesto 19 en el ránking de las primeras 200 empresas, a ocupar el puesto 6. Y si miramos el crecimiento de su facturación, mientras la cúpula (de empresas) crecía al 52% anual, Vicentin lo hizo al 83% anual. La verdad es que, a todos los que somos acreedores de Vicentin, nos resulta muy difícil explicar lo que pasó de manera natural”.
El economista aseguró que “Vicentin forma parte de los ganadores de la Argentina, y no de los perdedores. Si habláramos de que era una empresa que operaba en el mercado interno, un mercado derrumbado, sería otra historia. Pero estamos hablando de una empresa a la cual los saltos devaluatorios no le implicaban un costo sino un beneficio. El 83% de su producción se colocaba en el exterior. La moneda de Vicentin era el dólar, no el peso. Por eso es difícil explicar lo que ocurrió por vía de una análisis financiero normal”.
-¿Y qué tienen que ver estas irregularidades con la decisión de expropiar Vicentin?
-En este contexto donde hay una estafa generalizada sobre banca pública, productores y trabajadores, y que afecta la continuidad de la fuente laboral, con amenaza de extranjerización y concentración del comercio exterior, se justifica la intervención del Estado, bajo un mecanismo que permita retomar el control de la empresa para que siga cumpliendo un rol interesante dentro de la economía argentina.
Insistió: “Tenemos un grupo empresario que dejó un tendal de acreedores, de trabajadores y de banca pública con deudas multimillonarias. El concurso de acreedores es una posibilidad que tiene la empresa para funcionar y reestructurar sus deudas, pero desde que comenzó el concurso, Vicentin no pudo hacer funcionar la empresa, porque la defraudación que implica sobre los productores, hace que los productores no quieran trabajar con Vicentin. Por lo tanto la empresa opera muy por debajo de su capacidad, y funciona casi a fasón, es decir, alquilándola”, explicó Lozano.
“A su vez, todas las ofertas que aparecen en el mercado están asociadas a capitales extranjeros, caso Glencore, Dreyfus o Cargill, lo que implica perder parte del crédito, tanto para los productores como para la banca pública, ya sea porque te plantean un ‘paga Dios’ a 10 años o porque te plantean una quita del crédito de aproximadamente el 50%”, señlaló.
En ese sentido, consideró que será imposible recuperar los casi 400 millones de dólares que tiene la banca pública enterrados en Vicentin. Así se “corona la lógica del Estado bobo que pone plata, para que luego esta quede en manos de capitales extranjeros, que no harán otra cosa que concentran aún más el comercio exterior de la Argentina”, argumentó el director del Banco Nación.
En su opinión, “Vicentin debería ser una empresa mixta con participación del Estado y de las cooperativas agropecuarias. Así tendríamos un actor potente que nos permitiría volver a tener un ojo puesto en ese mercado, para blanquearlo y a su vez tener un un flujo de divisas fiscalizado por el Estado. Así podríamos transformar la estafa en una salida virtuosa. Creo que la justificación de la intervención es esta, tanto sea vía expropiación o liderando el concurso. Los instrumentos son secundarios, pero no tiene sentido haber puesto el dinero que puso la banca pública como para que esto quede en manos extranjeras”.
-¿Hay garantías de que los productores puedan confiar en una Vicentin estatizada o mixta?
-Me parece que hay una discusión pobre en términos públicos, que implica encadenar la definición de Vicentin con una suerte de programa de expropiaciones que no hacen más que descontextualizar el tema. No estamos en presencia de un grupo empresario al que le estaba yendo bárbaro y de repente aparece un presidente afiebrado ideológicamente que decide su expropiación. No es así. El primero que violentó la seguridad jurídica fue Vicentin. Los 1800 productores que quedaron colgados también son propiedad privada, al igual que los bancos que pusieron plata en Vicentin. Este es un caso concreto que justifica una intervención del Estado para ordenar una situación que está muy complicada desde lo laboral, regional y financiero, y que afecta aspectos centrales de la vida económica del país.
-¿Y qué esquema se podría armar?
-Se puede armar un esquema compartido de gestión en donde los productores agropecuarios sean parte. Ahí el fenómeno de la confianza en el Estado se relativiza. Hay 98 cooperativas agropecuarias acreedoras de Vicentin en el concurso, de las cuales la más importante es ACA. Yo creo que hay que armar una empresa pública no estatal, lo que implica una intervención del Estado acompañado por aquellos actores que tienen que ver con el sector, de manera tal que esas desconfianzas que pudieran existir, desaparezcan.
