Ernesto Sanz, ex senador nacional por Mendoza y ex titular de la Unión Cívica Radical (UCR), sumó su experimentada voz en la polémica sobre lo que hay que hacer frente al default de la aceitera Vicentin, que dejó un tendal de acreedores por unos 1.400 millones de dólares. Advirtió que el mayor riesgo de todo este debate público es que el gobierno de Alberto Fernández haga mal las cosas y no logre reactivar la empresa. “Si al final del camino sólo queda una sarta de culpas entre unos y otros, agravios, injurias, comisiones investigadores, procesos penales, imputaciones y condenas, habrá un fracaso enorme de la dirigencia política”, afirmó Sanz a Bichos de Campo.
Según el ex legislador, habría que evaluar la salida al conflicto de Vicentin en función de dos variables: adentro o afuera del proceso que lleva adelante la justicia civil y comercial. “Si vemos la salida afuera del concurso, ahí aparece la idea de una expropiación. Pero si la vemos adentro del concurso, ya es una muy buena cosa, y no te lo digo como abogado, sino porque tenés muchas más posibilidades” de que la empresa finalmente se reactive, manifestó.
Para Sanz, que ahora ejerce como abogado en San Rafael, en el sur mendocino, el caso de Vicentin debe resolverse por medio de la supervisión de un juez. Consideró que en el marco del concurso de acreedores que está habilitado para el caso Vicentin, “se puede armar un mecanismo de salida consensuado e integrado que puede recuperar la confianza, el crédito y el salvataje de la compañía”.
“Primero se requiere de la confianza de los productores, que son los que aportan la materia prima. Sin ellos, ninguna solución será viable para Vicentin. Y segundo, se requiere la recuperación de crédito. Parece mentira hablar de esto cuando tenés semejante pasivo y créditos impagos, pero si estás planteando en salir adelante con una empresa, necesitás estas dos cosas”, declaró.
Acerca de la deuda actual de Vicentin con los bancos públicos, Sanz aclaró que “no es que el Banco Nación le daba plata a Vicentin graciosamente, y Vicentin se la llevaba por ventanilla y se la metía dentro del bolsillo. La mayoría de ese dinero era de pre financiaciones de exportaciones, un mecanismo que muy poca gente comprende cuando se habla de crédito bancario”.
Mirá la entrevista completa realizada a Ernesto Sanz:
Para explicar por qué le parece mejor una salida judicial que la intervención del Estado en la empresa, Sanz citó los dos antecedentes históricos sucedidos en su provincia. Son los casos del grupo Greco y del Grupo Pescarmona (IMPSA).
“Me parecen valiosos para explicar lo que pasa cuando dos empresas o grupos están en problemas. El primer antecedente viejo es el del Grupo Greco, un grupo económico que fue intervenido por el Estado en 1982 con una ley del proceso militar. Fue una intervención que duró 25 años y que terminó de muy mala forma, con una ley por fuera de lo que sería un concurso”, describió. En el caso descrito por Sanz, el Gobierno intervino sobre una quiebra, y significó, según explicó, “un golpe a la vitivinicultura y a toda la agroindustria en tiempos de dictadura militar”.
El grupo Greco al que hizo referencia Sanz, concentraba más de 100 empresas entre propias y alquiladas. Entre las más conocidas figuraban Resero, Agua Villavicencio, diario Mendoza y el Banco de Los Andes, lo que lo llevó a concentrar el 30% del PBI de la provincia en esa época. “Acá el ejemplo es el del Estado que toma todo. Vendría a ser equivalente al proyecto de expropiación de Vicentin como sucedáneo, más allá de que aún no sabemos qué dice ese proyecto porque aún no ingresó” al Congreso, manifestó el ex senador.
“El ejemplo del caso Greco es muy malo, porque el Estado administró durante 25 años y lo hizo mal, porque no le hizo ningún favor a la industria vitivinícola. Además, el Estado perdió mucho dinero y tuvo que poner mucho también. El escándalo de este grupo terminó en 2006 cuando Gerardo Morales y yo descubrimos, entre los pliegos de una ley de Presupuesto, que había unos 600 millones para pagar deudas que el Estado había contraído en la administración de ese grupo, un escándalo total”, resaltó.
El otro modelo de solución de una crisis empresaria al que hizo referencia Sanz es el del grupo IMPSA. “Este caso se resolvió dentro de un pre concurso, lo que sería un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), es decir, una suerte de precalentamiento para el concurso porque si te va bien lo cerraste ahí, y si te va mal vas al juez con un concurso. Por eso digo que dentro de la legislación argentina, tenés muchas herramientas para aportar a una salida, y en el caso de Vicentin serían muy valiosas”, relató Sanz.
-¿Y qué se requiere para salvar una empresa como Vicentin?
-Que haya confianza y crédito. Necesitás tener una administración en donde estén los acreedores dentro. Por eso pongo el ejemplo de IMPSA, cuyos principales acreedores eran el Banco Nación, el Banco Provincia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sus dueños, en este caso la familia Pescarmona, entregaron como garantía el 65% del paquete accionario, el cual fue tomado por los acreedores y al día de hoy, se hicieron cargo de la administración, la cual, me consta, es híper profesional.
El ex senador agregó que “IMPSA es una de las empresas que se presentarán en la licitación de la mega obra Portezuelo del Viento en Mendoza. Y el Banco Nación es uno de sus administradores. Es más, al presidente del directorio de la IMPSA intervenida (por sus acreedores) lo puso el Banco Nación”, agregó.
Sanz cree que dentro del marco de un concurso judicial, hay muchas salidas que pueden proteger a una empresa nacional como Vicentin, y a sus acreedores, especialmente los productores, y que permita que siga siendo un jugador importante.
“De este modo, en lugar de estar hablando de una autopsia al final del camino, podríamos estar hablando de un paciente que se logró recuperar”, concluyó.
