A través de la resolución 175/2023, publicada en el Boletín Oficial por el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), el año 2023 fue declarado como “año de homenaje a los ciento cuarenta años de creación de la enseñanza agropecuaria en la República Argentina”.
El motivo de esta decisión, que fue acompañada por el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA), es poner en valor estas 14 décadas de historia, que tuvo su inicio el 6 de agosto de 1883 en torno al Instituto Santa Catalina.
“Los archivos y registros históricos determinan que el 6 de agosto de 1883 se constituye en un hito de las Ciencias Agropecuarias de nuestro país. Ese día se crea en Santa Catalina la primera Escuela de Agronomía y Veterinaria y Haras de la Provincia de Buenos Aires (posteriormente denominado Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina), mediante la Ley 1424/81”, se indica en los considerandos de la resolución.
El Instituto, ubicado en la actual localidad de Lavallol, partido de Lomas de Zamora, fue creado en 1872 por Eduardo Olivera, egresado de la Escuela de Agricultura de Grignon, Francia, y primer Ingeniero Agrónomo argentino. Esa escuela se convirtió en la primera en dictar estudios superiores en Ciencias Agropecuarias de Argentina.
“La enseñanza agropecuaria en Santa Catalina tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la agricultura y la ganadería en Argentina. Los conocimientos y las prácticas adquiridos en esta institución contribuyeron al crecimiento del sector agropecuario, que se convertiría en uno de los pilares de la economía argentina. En el primer año de la carrera fueron 17 los alumnos que se anotaron, un número que se multiplicó a 51 al año siguiente. En 1887 egresaron los primeros diez Ingenieros Agrónomos y tres Médicos Veterinarios recibidos en el Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina y, al año siguiente, el 6 de Agosto de 1888, rindieron examen de tesis”, recuerda la medida.
La resolución publicada, que refiere a un clima de celebración, coincide con un comunicado emitido estos días por CADIA y CPIA en conjunto que demuestra, sin embargo, la preocupación de ambas entidades en torno al estado actual del Instituto Santa Catalina.
Resulta que la Universidad de Lomas de Zamora, que desde 1976 y durante 46 años ininterrumpidos uso parte del casco donde se encuentra el Instituto, tomó recientemente “la decisión de retirar sus actividades del citado casco histórico donde fue iniciada la enseñanza agraria en nuestro país, resultando un hecho incomprensible que coloca al patrimonio edilicio en un complejo escenario de incertidumbre en cuanto al destino que puede acarrear, el riesgo de usurpación y la falta de mantenimiento básico”.
En este contexto, CADIA y CPIA indicaron: “Exhortamos a las autoridades de la Universidad de Lomas de Zamora para encontrar el camino que nos aleje del derrumbe de nuestra historia y estamos a disposición para hallar una alternativa superadora que permita conservar el predio. En caso contrario, es nuestro deseo que se arbitren las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mencionados bienes históricos y su cuidado, hasta tanto las autoridades pertinentes en el ámbito de lo ambiental y patrimonial encausen la adecuada preservación del sitio conforme a las normativas que recaen sobre el mismo”.
Actualmente el predio de Santa Catalina es considerado “Lugar Histórico Nacional” por el decreto 677/61 y Reserva Natural provincial por la ley 14.294/11, y su dominio depende de la Universidad Nacional de La Plata, aunque el usufructo sea de la UNLZ.
En conversación con La Nación, desde la Universidad de Lomas de Zamora afirmaron: “La calificación de incomprensible solo puede ser obra de la mala fe o el desconocimiento aunque estos elementos no son excluyentes. En lo material significa pasar por alto los riesgos que significaban, para nuestros estudiantes, docentes y trabajadores, la habitabilidad en un edificio derruido, sumado a las condiciones de inseguridad imperantes en ese predio. En lo formal, implica desconocer el grado de autonomía y el peso en la toma de decisiones de una universidad pública, por parte del CADIA y el CPIA”.
Si bien es cierto que la Universidad posee autonomía para decidir en qué instalaciones continuar con el dictado de las carreras, desde las entidades mencionadas consideran que de igual modo es importante proteger al edificio y a la historia que allí se gestó.
