Los últimos documentos relativos al proceso judicial del “cram down” de Vicentin SAIC revelan que el grupo Grassi logró alzarse con la compañía al lograr la mayoría de las conformidades a las 13:36 horas del pasado 31 de octubre, mientras que la propuesta competidora, diseñada por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC), alcanzó las mayorías requeridas a las 17:13 horas de ese mismo días.
Vale recordar que en el proceso de “cram down” la propuesta ganadora es la que obtenga en primer lugar las mayorías numéricas y de capital, es decir, la mitad más uno de los acreedores y las dos terceras partes de la deuda concursal.
documento-8La diferencia de apenas cuatro horas y veintitrés minutos refleja la ajetreada compulsa entre las dos propuestas competidoras, las cuales se batieron a duelo sobre el final del proceso –el “cram down” expiraba el 31 de octubre– para finalmente dar por ganadora al grupo comandado por Mariano Grassi.
El juez concursal Fabián Lorenzini determinó ayer que el primero en comunicar la obtención de conformidades suficientes para la aprobación del acuerdo preventivo para el rescate de Vicentin fue Grassi S.A., aunque abrió un período de impugnaciones de cinco días para habilitar reclamos por parte de Molinos Agro y LDC.
En ese marco, los síndicos Carlos Amut y Ernesto García enviaron un escrito a Lorenzini en el cual determinaron las conformidades obtenidas por la propuesta de Molinos Agro y LDC considerando tanto el total de acreedores como el listado que no incluye a los acreedores relacionados con el grupo Grassi (Avir South S.A.R.L., Commodities S.A. y Grassi S.A.) y también a Vicentin Paraguay.
En lo que respecta a la categoría C de acreedores (los de mayor monto de deuda), el cálculo considerando el total de acreedores arroja conformidades de capital por el 39,2% para la propuesta de Molinos Agro y LDC, mientras que sin incluir a Avir South, Commodities, Grassi y Vicentin Paraguay, esa cifra trepa al 74,8%.
ADJUNTO TEXTO ACTUACION-1“Nótese que, en el caso de las adhesiones a la propuesta de MOA-LDC, es absolutamente definitorio contar con una resolución acerca de los planteos formulados en relación a las exclusiones de las adhesiones y de la base de cómputo de los acreedores Avir South S.A.R.L., Commodities S.A., Grassi S.A. y Vicentin Paraguay S.A”, señala el escrito de Amut y García.
Molinos Agro y LDC habían solicitado a Lorenzini, durante el proceso de votación, que se excluya el sufragio a los acreedores relacionados con el grupo Grassi al entender que eso podría perjudicar a los acreedores. Pero el juez concursal no habilitó esa posibilidad.
Ambas compañías agroindustriales remarcaron que Avir South no es acreedor original de Vicentin, sino que adquirió sus créditos en forma posterior y en el contexto de una alianza entre Grassi SA y CIMA Investments SA, “utilizando una estructura financiera y societaria offshore que compromete la transparencia del proceso”.
Vale recordar que en diciembre del año pasado CIMA Investments S.A., propiedad de Esteban Antonio Nofal, había adquirido las acreencias concursales de International Finance Corporation (IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), Natixis New York Branch, Coöperatieve Rabobank, MUFG Bank, ING Bank NV y Sumitomo Mitsui Banking (SMBC), las cuales, en conjunto, representan una suma de 447,1 millones de dólares.
“Según la documentación aportada en la presentación, los fondos con los que Avir South adquirió sus créditos (equivalentes al 37% del pasivo computable de Vicentin) provinieron de Soripel SA (sociedad uruguaya), controlada por Esteban Antonio Nofal, presidente de CIMA Investments y apoderado de Avir South. Soripel, a su vez, recibió esos fondos de Scarlett Sunset Ltd. (sociedad de Bahamas), vinculada a la familia Grassi; Comfi SA (Rosario), cuyos directores son socios del estudio jurídico Casanova –que asesora a Grassi–; y de Invergrain Corp. (sociedad de las Islas Vírgenes Británicas), presumiblemente vinculada a CIMA”, señala el escrito presentado en su momento por Molinos Agro y LDC.
“Permitir que voten acreedores que ingresaron con posterioridad a la misma (como Avir South) y que además son controlados por uno de los grupos que están compitiendo en el proceso, abriría la puerta al ‘tráfico de votos’ y en definitiva a una clara manipulación del resultado del cram down en perjuicio de los demás acreedores”, sostiene el documento.
