Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) solicitaron al juez del concurso de Vicentin SAIC, Fabián Lorenzini, que en el “cram down” en proceso excluya el voto de la acreedora Avir South S.A.R.L., relacionada con el grupo Grassi, al entender que eso podría perjudicar a los acreedores.
En el proceso en curso los acreedores deben elegir una de las dos propuestas presentadas, la del grupo Grassi y la de consorcio integrado por Molinos Agro y LDC, de manera tal que aquella que obtenga –antes de fines del presente mes– las mayorías numéricas y de capital propias del período de exclusividad (la mitad más uno de los acreedores y dos terceras partes de la deuda concursal) se hará con el control de Vicentin.
En diciembre del año pasado CIMA Investments S.A., propiedad de Esteban Antonio Nofal, adquirió las acreencias concursales de International Finance Corporation (IFC), Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO), Natixis New York Branch, Coöperatieve Rabobank, MUFG Bank, ING Bank NV y Sumitomo Mitsui Banking (SMBC), las cuales, en conjunto, representan una suma de 447,1 millones de dólares.
CIMA es un grupo cercano a Commodities S.A., lo que implica que la propuesta presentada por la familia Grassi tiene mayor probabilidad de alcanzar la mayoría por capital. El “partido” del cram down se juega intentando convencer a los cientos de pequeños y medianos acreedores granarios y comerciales, cuya conformidad es necesario para lograr la mayoría numérica.
En el pedido realizado por Molinos Agro y LDC, se indica que “el voto de Avir South no debe contarse a los fines de alcanzar las mayorías requeridas por la ley, pues no se trata de un acreedor original de Vicentin, sino que adquirió sus créditos en forma posterior y en el contexto de una alianza entre Grassi SA y CIMA Investments SA, utilizando una estructura financiera y societaria offshore que compromete la transparencia del proceso”.
“Según la documentación aportada en la presentación, los fondos con los que Avir South adquirió sus créditos (equivalentes al 37% del pasivo computable de Vicentin) provinieron de Soripel SA (sociedad uruguaya), controlada por Esteban Antonio Nofal, presidente de CIMA Investments y apoderado de Avir South. Soripel, a su vez, recibió esos fondos de Scarlett Sunset Ltd. (sociedad de Bahamas), vinculada a la familia Grassi; Comfi SA (Rosario), cuyos directores son socios del estudio jurídico Casanova –que asesora a Grassi–; y de Invergrain Corp. (sociedad de las Islas Vírgenes Británicas), presumiblemente vinculada a CIMA”, señala el escrito.
“Permitir que voten acreedores que ingresaron con posterioridad a la misma (como Avir South) y que además son controlados por uno de los grupos que están compitiendo en el proceso, abriría la puerta al ‘tráfico de votos’ y en definitiva a una clara manipulación del resultado del cram down en perjuicio de los demás acreedores”, sostiene el documento presentado por Molinos Agro y LDC.
Si Lorenzini accede al pedido realizado por las dos compañías agroindustriales, entonces el grupo Grassi, que ya da por sentado que cuenta con la mayoría de capital correspondiente, no tendría asegurada la misma y, por lo tanto, su posición como potencial ganadora del proceso quedaría comprometida.
La nómina de votantes del cram down es de 1692 acreedores verificados y admitidos por un monto de 29.800 millones de pesos y 841,8 millones de dólares equivalentes a 67.981 millones de pesos al tipo de cambio de inicio del concurso (80,75 $/u$s)
Este viernes 24 de octubre a partir de las 9:00 horas se realizará por transmisión remota (zoom) una reunión informativa en las cual los dos grupos que presentaron ofertas expondrán los detalles de las mismas.
