La Cámara Argentina De Biocombustibles (Carbio), que representa a las principales empresas productoras y exportadoras de biodiésel del país, expresó que el proyecto de ley de biocombustibles presentado por el oficialismo eliminará toda posibilidad de desarrollo futuro de los biocombustibles y de toda una cadena de derivados que podrían traccionar una nueva industria oleoquímica.
La iniciativa del bloque del Frente de Todos, que ya cuenta con dictamen y está habilitada para ser tratada de la Cámara de Diputados, contempla reducir el actual corte de biodiesel con gasoil del 10% a un rango ubicado entre el 5% y el 3%, según lo disponga la Secretaría de Energía. En los hechos, esa propuesta implica formalizar el desmantelamiento existente actualmente al respecto, dado que hace meses que no se viene cumpliendo con el mandato de mezclar el gasoil con un 10% de biodiésel elaborado en base aceite de soja.
Carbio también señaló –por medio de un comunicado– que el proyecto del kirchnerismo “beneficia a ciertas empresas que se muestran como Pymes y no lo son” para perjudicar “a las verdaderas (empresas) y a los consumidores”.
¿A quién se refiere? Al grupo bahiense Bojanich, integrado por Juan Carlos Bojanich y sus tres hijos, quienes controlan las empresas elaboradoras de biodiésel Biobahía SA, Bio Ramallo SA, Biobin SA, Biocorbas SA, Refinabio SA y Biobal Energy SA. Las seis empresas concentran el 27,5% del cupo asignado por la Secretaría de Energía para el corte de biodiésel por gasoil y, al tener una capacidad de producción anual inferior a 50.000 toneladas, quedarían comprendidas dentro del cupo “recortado” habilitado por el proyecto kirchnerista. El grupo Bojanich cuenta además con inversiones en máquinas tragamonedas, establecimientos agropecuarios y molinos harineros con una red propia de panaderías.
Además, Carbio –que integra a las grandes compañías aceiteras dedicadas a elaborar biodiésel– indica que el proyecto del kirchnerismo no tiene en cuenta los aportes de los biocombustibles a la preservación del ambiente, a las cadenas agroindustriales ni la generación de empleo de la industria.
“Desde Carbio siempre bregamos por un amplio debate del tema partiendo de la base del proyecto desarrollado por la Liga de Provincias Bioenergéticas, con la participación de toda la industria y que luego de un trabajo de dos años culminó en el texto presentado en el Congreso por el diputado nacional Carlos Gutiérrez,” dijo Luis Zubizarreta, presidente de la entidad.
Carbio también consideró que es clave evitar la discrecionalidad, por medio de la cual el Estado define qué empresa vende y a qué precio, porque “es el mercado el que debe definir ambas variables, ya que así funcionan los mercados de biocombustibles en todo el mundo”.
“Es fundamental proteger a las verdaderas Pymes, que tienen menor escala y que deben tener un tramo significativo del corte en el cual compitan entre sí, mientras que también debe haber un tramo donde todas las empresas puedan competir en beneficio del consumidor”, reclamó.
Carbio reiteró la invitación a los legisladores a abrir un amplio debate que incluya a todos los sectores, incluso a quienes no comulgan con el proyecto de diversificar la matriz energética en favor del ambiente, de modo de lograr una ley que no beneficie a ningún sector o empresa en particular sino a los intereses de toda la Argentina.
No es correcto eso “de que en el mundo el estado no interviene” en los BIOs. ¿Y que el precio se forma por el mercado?. Ese precio “de mercado” se forma por las condiciones que ponen los Estados. Si no interviniera el Estado, nunca hubieran prosperado los BIOs por la sencilla razón de que no pueden competir contra los que la naturaleza hizo gratis en millones de años (los fósiles). Eso sí, el estado puede intervenir para bien o para mal. De eso se trata.