Este martes en el Congreso los integrantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados debatieron diferentes proyectos diseñados para reducir o eliminar los derechos de exportación agropecuarios, algo que, si bien tiene escaso impacto real –dado que ninguna iniciativa tiene la mínima probabilidad de prosperar–, sí tiene una carga simbólica importante.
Los proyectos presentados fueron, en gran medida, una maraña de artilugios complicados y a veces incluso difíciles de implementar, como esquemas de reducciones progresivas de alícuotas que complicarían por demás los mecanismos de formación de precios agrícolas en los mercados futuros.
De todas maneras, en el debate se advirtió que, con los desafíos planteados por la gestión de Javier Milei, el país se encuentra en un cambio de época, dado que algo así habría sido impensable durante gobiernos kirchneristas.
Al inicio de la reunión, el presidente de la Comisión, Atilio Benedetti (UCR), explicó que el problema de las retenciones en la Argentina “se remonta a 23 años, cuando salimos de una crisis y, por un desequilibrio del tipo de cambio y por contribuir en un momento muy difícil del país, se instauraron de manera transitoria”, algo que, evidencia, no ocurrió porque el tributo sigue vigente.
El legislador de la UCR agregó que “después de 23 años, el resultado es el estancamiento. Las retenciones no han permitido que crezca esta actividad como sí lo han hecho los países vecinos. No hace falta hablar de lo que ha hecho Brasil, sino que también lo han hecho Paraguay y Uruguay. Creo que estamos con un problema que ha estancado el sector más dinámico de la Argentina”.
Como autor de uno de los proyectos en discusión, el diputado Fabio Quetglas (también de la UCR) consideró que “conversar sobre retenciones es como hacerlo sobre el orden económico de la Argentina; es una conversación que viene desde hace mucho tiempo”.
Quetglas expuso que las retenciones fueron “produciendo distorsiones”, como “una presión fiscal desequilibrada y territorial” y una “disminución de la innovación” tecnológica. Además, sostuvo que “la producción es de los productores, le cobramos una sobreimposición con respecto a otras actividades económicas, al menos dejémoslos negociar con toda la capacidad y el tiempo que dispongan, ese es el sentido de mi proyecto”.
Por su parte, el diputado Oscar Agost Carreño (EF) explicó que su iniciativa “propone una reducción amortiguada en cinco años, que permita una salida compensatoria que vaya generando que ingresen fondos suficientes”. Detalló que el objetivo es “una reducción progresiva de todos los impuestos sobre exportación, hasta llegar a cero en cinco años”.
La diputada Sofía Brambilla (PRO) se refirió al proyecto de su compañero de bloque, Luciano Laspina, al señalar que “este proyecto tiene que ver con una reducción gradual, mensual, de medio punto de la alícuota, hasta llegar a cero, para terminar de eliminar las retenciones de manera progresiva”. Y añadió que “el incentivo que esto va a generar de inversión en el campo va a contrarrestar lo que el Estado puede ir perdiendo en materia de recaudación”.
En la misma línea, Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe) expuso que su iniciativa busca terminar con las retenciones y eliminar el artículo 755 del Código Aduanero que delega las facultades en el Poder Ejecutivo sobre este tema. “Esto es viable fiscalmente, solo se necesita la voluntad política y los acuerdos para llevarlo adelante”, afirmó.
Por otro lado, el diputado Juan Manuel López (CC) argumentó que “la discusión es fiscal y es constitucional” y recordó que su bancada presentó dos proyectos sobre el tema “porque siempre estamos buscando la alternativa al conflicto de retenciones”. Además, subrayó que “el cambio tiene que ser permanente, porque el agro necesita reglas claras”.
Finalmente, el presidente de la Comisión, Atilio Benedetti, pidió “trabajar para dar certidumbre a nuestro sector” y adelantó que convocará a una nueva reunión informativa con representantes del sector y entidades rurales. “Más allá de las distintas consideraciones, estamos con niveles de retenciones que restringen la rentabilidad de los productores y las zonas productivas”, remarcó. “Tenemos que encontrar una propuesta en común”, concluyó.
