Lo había planteado como un anuncio, el viernes en el aniversario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el flamante jefe de Gabinete Manuel Adorni. Y lo ratificó unas horas después, en su apoteótico desembarco en las zonas inundadas de 9 de Julio, donde tiene su propia estancia, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Y sucedió, maravillosamente, pero solo porque lo marca la ley y no por otro motivo: El gobierno nacional homologó este miércoles la declaración de emergencia agropecuaria para las zonas afectadas por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.
Nada de gesta: la Ley 26.509 dice con claridad que cuando los campos experimenten daños de más del 50% en su producción prevista podrán acogerse a la Emergencia Agropecuaria, que se convierte en Desastre cuando el daño supera el umbral del 80%. También define que son primero los municipios los que hacen una evaluación del daño, que luego las Provincias (en una mesa que comparten funcionarios y dirigentes rurales) declara la emergencia, y que la Nación (a través de la Secretaría de Agricultura), debe “homologar” esa declaración, para que las prórrogas o condonaciones de vencimientos impositivos alcance también a los impuestos nacionales y no solo a los provinciales.
Es lo que sucedió ahora. No fue magia ni se debió a los anuncios realizados por Adorni o Bullrich. Es lo que debía suceder.
Mediante la Resolución 1776/2025, que fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía (del cual depende tristemente Agricultura), decidió “a los efectos de la aplicación de la ley 26.509 y sus modificatorias”, que se prorrogue el estado de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1° de septiembre de 2025 y hasta el 28 de febrero de 2026, a las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación” en una vasta zona de la Provincia de Buenos Aires.
La declaración abarca a las circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII del partido de Bolívar, a las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del partido de Nueve de Julio, a las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del partido de Carlos Casares y a la circunscripción VIII del partido de Tapalqué de la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una prórroga porque toda esta región ya fue declarada en Emergencia por inundaciones mediante la resolución 1305 del 2 de septiembre pasado, que homologó a su vez una declaración de la Provincia de Buenos Aires de tres meses antes. Porque todo anda con atraso en el gobierno nacional. Tanto, que Adorni y Bullrich se dieron cuenta que había una gran porción del territorio inundado nueve meses después del inicio de este desastre climático.
Ahora, los productores afectados que inicien el trámite ante el municipio correspondiente (y que se encuentre dentro de esta declaración) podrán patear para adelante los pagos de impuestos nacionales y los vencimientos crediticios en el Banco Nación. Al menos están cubiertos hasta el 28 de febrero, cuando vence esta prorroga, que seguramente deba volver a ser prorrogada ante la gravedad de la situación.
Se estima que hay más de 4 millones de hectáreas afectadas por los excesos hídricos de los últimos meses, en una tragedia que combinó no solo lluvias muy por encima de lo normal, sino la desidia y el descuido de los funcionarios de todos los niveles, que no completaron obran pendientes o no mantuvieron como se debía las ya existentes.
Para confirmar que no se trata de ninguna decisión grandilocuente ni de Bullrich ni de Adorni, la propia resolución de Economía recuerda que “a los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la ley 26.509, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en dicho artículo”.
A renglón seguido establece que “el Gobierno Provincial remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente”.
Es decir, como corresponde, que debe ser la gestión de Axel Kicillof la que registra los predios dañados, para luego extender esa nómina a Nación. Por cierto, desde ARBA la semana pasada pidieron mayor premura de los productores para declarar su nivel de daño, pues apenas unas 2.000 explotaciones habían realizado hasta ahora este trámite.
A partir de que Nación reciba la lista de productores acogidos al régimen, “las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509”.
Y quizás, incluso, hasta puedan llevarse una foto de regalo junto a Bullrich o Adorni haciendo nuevos anuncios.
Por ejemplo, pueden anunciar que también se publicó hoy la Resolución 1780/2025, que también declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 5 de mayo de 2025 y hasta el 4 de mayo de 2026, a las explotaciones de citrus afectadas por granizo y viento, del distrito Mandisoví del departamento Federación de la provincia de Entre Ríos.
O también la Resolución 1782/2025, que decretó una prórroga de esa condición, desde el 1° de junio de 2025 y hasta el 31 de mayo de 2026, a las explotaciones ganaderas afectadas por sequía de los departamentos Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y 9 de Julio de la provincia de Río Negro, así como a las explotaciones ganaderas afectadas por sequía de los departamentos Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo de la misma provincia.
Hay otra zona de la provincia de Buenos Aires que se encuentra bajo las aguas que no se encuentra dentro de esta extensión de la emergencia agropecuaria, pero seguramente eso se debe a que se encuentra definida dentro de otro expediente, que tenía fecha de vencimiento el 31 de octubre y no en septiembre, como ésta que se ha renovado ahora. Lo más probable es que se prorrogue en las próximas semanas. Y así los funcionarios tendrán la chance de hacer nuevos anuncios.
