En las próximas horas se realizará una nueva reunión de la Mesa de las Carnes con el presidente Mauricio Macri. Hace cinco meses ya que debería haber entrado en vigencia la promesa oficial de reducir a la mitad las retenciones adicionales a la exportación de cuero salado, pero nada de ello sucedió. Ese oscuro régimen de protección a la industria curtidora, que en diferentes modalidades sobrevive desde 1972, transcurrió sin sobresaltos la mayor parte del gobierno de Cambiemos.
Franco Brunetti, dueño de un frigorífico en Salta, había sido uno de los principales denunciantes de este sistema, e incluso llegó a hablar en Bichos de Campo sobre la existencia de una “mafia del cuero”. En las últimas horas se supo que el empresario había logrado una solución individual, pues el gobierno le habría habilitado la aduana de Salta (al parecer hasta ahora solo se podía exportar cueros por Buenos Aires y Gualeguaychú) para realizar sus embarques y descomprimir sus stocks de cueros salados.
Ver El empresario que denuncia a viva voz que existe una “mafia del cuero”
“Después de 47 años de prohibirse la exportación de nuestros cueros salados desde Salta al mundo, la gestión del señor presidente Mauricio Macri habilitó nuestra Aduana. Mi agradecimiento a todos los que lo hicieron posible, a los que me apoyaron en esta lucha. Espero que nuestro presidente cumpla con su promesa de eliminar el injusto impuesto y derechos de exportaciones de los cueros salados”, admitió Brunetti en una carta pública y en la que baja notablemente el tenor de sus denuncias.
En función de esta novedad respecto del caso salteño, el resto de la industria frigorífica se mostró ahora bastante escéptica respecto de la posibilidad de que el Gobierno desmonte -como había prometido el ex ministro de la Producción, Francisco Cabrera- el histórico régimen de protección de la industria curtidora, que le asegura a ese sector poder comprar la materia prima mucho más barata que en el mercado internacional.
Las vacas argentinas, como decían Les Luthiers, tienen vienen “todas forradas de cuero” y tienen “cuatro patas largas que le llegan hasta el suelo”. Es decir, son iguales o al menos muy parecidas a las vacas de Estados Unidos. Pero allá el precio del cuero a fines de mayo llegaba a 1,14 dólares por kilo. Aquí, en cambio, a pesar de los parecidos, ese valor era casi una cuarta parte, de apenas 0,27 dólares por kilo. ¿Cómo se explica semejante diferencia? Los industriales de la carne dicen que se produce artificialmente, debido al régimen de protección de la industria curtidora.
Este régimen es a todas luces medio perverso, porque establece un derecho de exportación adicional para el cuero sin procesar que ahora es del 10%, pero que se calcula no sobre el valor FOB de los negocios realizados en la Argentina sino sobre el valor del cuero en el mercado de Chicago, que como vemos es muy superior. A modo de ejemplo, en base a los valores actuales, ese 10% se aplica sobre 1,14 dólares, con lo cual equivale a un impuesto de 0,11 dólares. Como el precio real del cuero argentino es de 0,27 dólares, la retención efectiva equivale a cerca del 40%. Imposible exportar así.
Es obvio que se trata de un gran curro, que sobrevive a los diferentes gobiernos. Hay una decisión política de permitir a una industria hacerse de 13 millones de cueros anuales a precios de baratija. No estaría mal si eso sirviera para que la Argentina impulsara una gran industria transformadora del cuero en cientos de artículos acabados. Pero esto tampoco es así: las grandes curtiembres realizan aquí uno o dos procesos industriales más (los más contaminantes por cierto) y exportan usualmente las piezas enteras de cuero. El valor se añade en otros países.
Ver Pese a las promesas de Macri, no hay avance en la liberalización del mercado de cueros
Frente a la presión de los frigoríficos, que quieren que se habilite la exportación de cueros salados o Wet Blue (con un primer curtido) para forzar así a la industria a fijar mejores valores por ese subproducto, el gobierno de Macri prometió impulsar algunas correcciones a este régimen. En una de las reuniones de la Mesa de las Carnes, incluso, un funcionario de Producción prometió que el 1° de enero pasado se reduciría el derecho adicional a la mitad, y que a partir de allí arrancaría un cronograma de desgravación hasta la eliminación definitiva de la protección.
Nada de esto sucedió, salvo que uno de los empresarios que más denunciaba este régimen consiguió que le habilitaran la aduana de Salta para descomprimir la olla a presión en aquella región.
