Mientras la Argentina apuesta a intentar obtener una ventaja comercial a partir de 2025 con la implementación de la normativa europea sobre deforestación, Brasil está evaluando gestionar el asunto a través de la vía diplomática.
El ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, recibió este martes en Brasilia a representantes del Grupo Citic de China, un conglomerado gigantesco controlado por el Partido Comunista que tiene inversiones y empresas en gran parte de las naciones del mundo.
En el caso de la Brasil la empresa cuenta con una empresa semillera (LP Sementes) luego de adquirir en 2017 por 1100 millones de dólares el negocio de genética agrícola de Dow Chemical en el país sudamericano.
Durante la audiencia, Fávaro presentó el programa de recuperación de pastizales degradados por medio del cual se pretende recuperar nada menos que 40 millones de hectáreas de áreas de baja productividad del Cerrado brasileño con fines fundamentalmente agrícolas.
“Podemos en diez años duplicar nuestra producción de alimentos, respetando el ambiente y sin necesidad de deforestar. Sabemos nuestra responsabilidad de alimentar a Brasil y al mundo”, destacó el ministro Fávaro en una clara alusión encubierta a la nueva normativa europea en la materia.
El presidente del Citic, Hexin Zhu, afirmó que la iniciativa es interesante y –según el comunicado oficial del gobierno brasileño– dijo que el conglomerado está interesado en realizar inversiones en los sectores de agroquímicos, fertilizantes y almacenamiento agrícola.
“Estamos interesados en avanzar en la asociación con Brasil y aprovechar el momento favorable de estabilidad política y económica brindado por el presidente Lula (da Silva). Por eso buscamos apoyo del ministerio para seguir aumentando las inversiones en el país”, señaló Hexin Zhu.
A partir del 1 de enero de 2025 no podrán ingresar al territorio de la Unión Europea (UE-27) productos agroindustriales provenientes de zonas que hayan sido deforestadas luego del 31 de diciembre de 2020. Los bienes comprendidos en la medida son aceite de palma, carne vacuna, soja, café, cacao, madera, carbón vegetal y caucho, así como productos derivados de los mismos.
Un aspecto controvertido de la nueva normativa es que clasificará a los países, o incluso a regiones dentro de ellos, como de riesgo “bajo”, “estándar” o “alto”. Los productos de países de bajo riesgo estarán sujetos a un procedimiento simplificado de control, el cual se intensificará de manera proporcional en las siguientes dos categorías. Todos los países serán considerados inicialmente como de riesgo “estándar” y luego serán recategorizados por la UE-27 en función de la documentación y garantías presentadas por los mismos.
Los criterios para categorizar a los países son múltiples y aún no está claro cómo serán considerados y aplicados los mismos al momento de hacer la evaluación. Entre los factores comprendidos se incluyen presencia de bosques, presencia de comunidades aborígenes, prevalencia de deforestación o degradación forestal, dificultades presentes en el país (con criterios tales como nivel de corrupción o violación de los derechos humanos), características de las cadenas de suministros, riesgo de elusión o mezcla con productos de otros orígenes y antecedentes comerciales.
En ese marco, se prevé que una de las naciones que resultaría más afectada por la normativa europea es precisamente Brasil, que está tejiendo vínculos con China con el eventual propósito de contar con un aliado estratégico en caso de la UE-27 emplee la excusa de la deforestación como una barrera comercial o medida para-arancelaria.
En la Argentina, la situación es diferente con un gobierno que el mes pasado decidió validar una plataforma desarrollada por el sector privado para poder garantizar la exportación de productos libres de deforestación del complejo sojero y carne vacuna hacia la Unión Europea (UE-27). Se trata de la plataforma Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino (Visec), que consiste en un sistema georreferenciado que permitirá realizar a nivel nacional una trazabilidad completa de las partidas de soja y la hacienda vacuna desde el campo de origen hasta el puerto de embarque.
Visec está siendo desarrollada por Ciara-CEC y la BCR, en conjunto con The Nature Conservancy, Peterson Consultancy y Tropical Forest Alliance, para monitorear el flujo logístico de los productos comprendidos en la normativa europea. La exigencia para soja se aplicará a nivel nacional y estará a partir de 2025 contenida en los contratos de compraventa del poroto, lo que implica que, si Visec detecta que una partida de soja proviene de un establecimiento que deforestó más de una hectárea luego de la fecha de corte (31 de diciembre de 2020), entonces el sistema dará de baja a ese establecimiento y la soja producida en el mismo no podrá a partir de entonces ser vendida a ningún exportador. En lo que respecta a la ganadería, Visec solamente se aplicará en aquellos establecimientos habilitados por la autoridad competente (Senasa) como proveedores de la UE-27.
