Nunca confíes en un político, y si es de la oposición mucho menos. Con el político oficialista uno ya sabe lo que va a hacer, pues usualmente se encolumnará con el gobierno. Pero el político opositor te prometerá hacer una cosa y finalmente hará la que más le convenga. Por eso es mejor desconfiar de ellos, más que de los oficialistas, hasta último momento.
Los dirigentes que conforman la Mesa de Enlace deberían comenzar a sacar ese tipo de aprendizajes, pues sus dirigentes depositaron en los bloques opositores en el Congreso -con los cuales ya se habían reunido a principios de este año- la confianza para que resistan el embate del Poder Ejecutivo para recuperar las “facultades delegadas” para fijar según sus necesidades las alícuotas de los Derechos de Exportación (DEX), un insólito impuesto aduanero que casi no tiene antecedentes en el mundo y que aquí en la Argentina ya cumple veinte años consecutivos de aplicación.
Pese a que habían prometido defender la posición agropecuaria, que es que las retenciones deben ser eliminadas gradualmente pero mientras persistan deben ser definidas por el Congreso como cualquier otro impuesto, los bloques de la oposición -comenzando por los que integran Juntos por el Cambio- parecen estar alineándose para aprobar el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 enviado por el Ejecutivo.
En dicho proyecto hay un artículo explícito para que los funcionarios de Economía puedan volver a definir las alícuotas de DEx sin participación de los legisladores. Es lo que se llama “facultades delegadas”, del Legislativo al Ejecutivo, y que quedaron en un limbo jurídico (la mayor parte de la biblioteca dice que se extinguieron) a partir de que el mismo Congreso no aprobó el Presupuesto 2022. Por eso la Sociedad Rural Argentina (SRA) y otras entidades presentaron un recurso de amparo pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de las actuales retenciones. El juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, pareció querer hacer lugar a ese planteo, pero luego cajoneó el expediente.
Ahora el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, quiere poder recuperar ese permiso para determinar el nivel de las retenciones y así lo planteó en el proyecto de Presupuesto que se empezó a discutir en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y que este martes podría llegar al recinto, en busca de una media sanción. Por ahora, a cambio de otras cosas, la oposición se ha mostrado permeable a ceder estas “facultades delegadas”, más allá de lo que prometan en público sus principales referentes. Desde el massismo también se promete no subir las alícuotas el año próximo. Y casi nadie les cree.
El escenario es más grave todavía: Sabiendo del estado de las negociaciones entre los distintos bloques, la Fundación Barbechando advirtió el viernes por la noche que “si no hay cambios (a lo pactado hasta ahora), la delegación de facultades legislativas permitiría al gobierno aumentar los DEx a todos los productos de la AgroBioIndustria, excepto para la soja”.
“Es tiempo de descuento: el martes el agro se juega un partido que puede ponerlo en jaque, además de la apremiante sequía. Si el Congreso acepta ceder la potestad propia de fijar los Derechos de Exportación, en producciones como carne, leche, maní, peras y manzanas, legumbres, olivo, yerba, cuero, lana y otras economías regionales podrían ser castigadas con dos o tres veces más de carga impositiva”, advirtió esta fundación de productores agropecuarios en un informe.
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¿Por qué -de aprobarse los borradores tal como están escritos- el gobierno podría elevar todas las retenciones salvo las de la soja?
En 2019, cuando asumió Alberto Fernández, el Congreso brindó el mismo espectáculo que está ofreciendo ahora, y en vez de discutir las cuestiones de fondo que hacen a la economía agropecuaria (definiendo, por ejemplo, un cronograma para la paulatina eliminación de retenciones) sancionó una ley de emergencia que le permitía al Ejecutivo fijar a su antojo el nivel de retenciones, pero estableciendo topes máximos. En aquel proyecto que luego se convirtió en ley se impuso un máximo de 33% para la soja (al que se llegó a los pocos meses) y del 15% para el resto de los productos agropecuarios.
Son esas facultades delegadas (con dichos topes) las que se aplicaron en 2020 y 2021 (esa ley también estableció un programa de compensaciones a pequeños productores que el gobierno cumplió tarde y mal solo el primer año, pero del cual los legisladores nunca más hablaron), pero vencieron en 2022, con la caída del presupuesto. Son esas facultades delegadas las que la oposición podría volver a concederle a los funcionarios de Economía en esta nueva votación para 2023.
Por eso Barbechando lanzó esta advertencia: si se vuelven a delegar el permiso en el Ejecutivo, y se mantienen esos topes, solo la soja (que ya está en el máximo de 33% para el poroto y también para sus subproductos) no podrían tocarse las alícuotas el año que viene. Es decir, el Estado que ya se apropia de uno de cada tres barcos que salen del país, no podrá decidir llevarse dos de cada tres. Pobre consuelo.
Pero todo el resto de las posiciones aduaneras vinculadas al agro quedan expuestas a una suba discrecional de los DEx, o según los que dice la siempre tramposa letra chica aquellos que al 2 de septiembre de 2018 tenían 0% por la desgravación que había operado durante el gobierno anterior. Barbechando enumera algunos casos pero son casi infinitos: maíz, trigo, girasol, carne, leche, maní, peras y manzanas, legumbres, olivas, madera, te, yerba mate, langostinos están expuestos a subas, al menos hasta el tope previsto de 15%. El resto de las economías regionales, que se mantienen por ahora sin tributar retenciones, podrían volver a sufrir un descuento en Aduana de hasta 5%.
“Le pedimos a los legisladores que defiendan los intereses de sus Provincias y la República y que no deleguen sus facultades para legislar por el desarrollo y el bien común del país”, se ilusionó la Fundación Barbechando, pero la verdad es que la batalla ya parece perdida. Legisladores de la oposición confiaron a Bichos de Campo que ya es casi un hecho que se reimplanten las facultades delegadas, pues hay muchas otras en juego y la variable de ajuste volvería a ser el agro.
A lo sumo, algunos sectores de Juntos por el Cambio están tratando de reducir los topes permitidos (en el caso de los cereales, del 15 al 12%) para evitar que el Ejecutivo pueda elevar la poda de las retenciones el año que viene al resto del universo de productos que no sean soja.
Consuelo para tontos. Tontos que confiaron una vez más en los políticos opositores que ya se preparan para ser oficialistas a partir de diciembre de 2023.
