Una medida tomada por el presidente Javier Milei, que favorece a las corporaciones petroleras, muestra en contrapartida cómo el sector agropecuario está ausente en la agenda estratégica del gobierno nacional (algo que no representa la excepción, sino más bien la norma por parte de la casta política argentina).
El presidente Milei, por medio del decreto 59/2026, prácticamente eliminó los derechos de exportación sobre el petróleo extraído en los yacimientos convencionales.
Tomando la referencia del precio internacional del petróleo crudo Brent, si el mismo cotiza por debajo de los 65 dólares el barril, el commodity elaborado en yacimientos convencionales estará ahora libre de retenciones.
En cambio, si el valor internacional se ubica entre 65,1 y 80 dólares el barril, se aplicará una alícuota variable que, con el valor actual del Brent, sería del orden de 2,5% con un máximo del 8,0% si el precio del crudo supera los 80 dólares, algo que es difícil que ocurra porque el commodity viene encarando una fase bajista desde que China decidió apostar fuerte por movilidad eléctrica para reducir la dependencia del petróleo importado.
Para el crudo elaborado en los nuevos yacimientos de Vaca Muerta (“shale oil”), el esquema vigente no experimentará cambios, porque se mantiene libre de derechos de exportación con valores del Brent inferiores a los 45 dólares por barril y se aplica un esquema progresivo de alícuotas con un tope del 8,0% en caso de superar los 60 dólares (el Brent se encuentra actualmente en 69 dólares por barril).
Lo interesante para la comunidad agropecuaria es que el presidente reconoce que existe una diferenciación entre los yacimientos convencionales (crudo atrapado en rocas porosas y permeables) respecto de los no convencionales (que cuentan con petróleo atrapado en rocas sedimentarias compactas).
El propio decreto 59/2026 señala que la producción de hidrocarburos “proveniente de yacimientos convencionales atraviesa una situación compleja, producto del natural grado de agotamiento de los yacimientos, el incremento de los costos operativos y el impacto de las condiciones macroeconómicas internacionales”.
Por tal motivo, el presidente asumió el “compromiso de impulsar una modificación del régimen legal vigente aplicable a los derechos de exportación del petróleo crudo a fin de otorgar a la producción proveniente de yacimientos convencionales un tratamiento diferenciado que coadyuve a morigerar la coyuntura descripta”.
Lo mismo que se aplica en el sector petrolero sucede en el sector agrícola, aunque el presidente Milei no parece tener una deferencia especial con el agro.
Una empresa agrícola en Charata (Chaco) tiene un flete hasta las terminales de los puertos del Gran Rosario no inferior a 750 kilómetros, mientras que esa distancia desde Venado Tuerto es de 160 kilómetros. Sin embargo, ambos abonan las mismas alícuotas de derechos de exportación.
Por otra parte, siguiendo el ejemplo de Charata, los rendimientos agrícolas en el NEA son mucho más bajos, variables e impredecibles que en la zona núcleo pampeana; sin embargo, en ambos casos se abonan las mismas retenciones, incluso si rendimientos logrados no llegan a cubrir los costos de producción.
La comparación está lejos de ser caprichosa, especialmente si se considera que las beneficiadas con el nuevo régimen tributario son grandes corporaciones, mientras que el agro argentino está mayormente conformado por Pymes familiares de capitales argentinos.
La diferenciación territorial al momento de aplicar un impuesto distorsivo como los derechos de exportación tendría mucho más impacto en el sector agrícola que ciertamente el hidrocarburífero, pero eso no forma parte de las prioridades del gobierno actual, que considera al campo como una “caja” de recursos cambiarios e impositivos.
En términos relativos, incluso sin considerar las diferentes alícuotas aplicadas en ambos sectores –el poroto de soja tiene una alícuota del 24,0%–, la diferenciación territorial aplicada al sector petrolero es una muestra más de la discriminación relativa que experimenta el agro argentino, lo que explica, en gran medida, la restricción cambiaria sistémica presente en la Argentina.
Los demás del Mercosur no aplican derechos de exportación y tienen los banco centrales repletos de divisas. Ellos sí la vieron hace rato. Ojalá en algún momento suceda lo mismo en la Argentina por el bien de todos los argentinos.
