Tal y como estaba previsto, y coincidencia con una reunión de los jefes de Estado de la Unión Europea para discutir el financiamiento de Ucrania de cara al conflicto bélico con Rusia, más de 8.000 productores inundaron las calles de Bruselas para protestar por la situación económica de sus actividades.
Bombas de humo, bocinazos, calles bloqueadas por cientos de tractores, y “misiles” de papa arrojados contra las fuerzas de seguridad colmaron de postales a la capital belga. En concreto, el reclamo apunta a dos cuestiones centrales: la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, y la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que impulsa la Comisión de aquel bloque, que supone nada menos que un recorte en los subsidios cercano al 20%.
Lo cierto es que nada de esto es nuevo, sino que viene en línea con las protestas que se replicaron durante todo el 2024, que en ese entonces también incluyeron rechazos a nuevas exigencias en materia medioambiental.
En lo que hace al acuerdo comercial, que acumula más de 20 años de negociaciones, las preocupaciones de los productores apuntan al “ingreso masivo” de productos como carne, soja, azúcar, arroz y miel desde Sudamérica, que afectarían su rentabilidad en forma directa.
Entre los principales detractores se encuentran Francia, Hungría y Polonia, a los que recientemente se sumó Italia. En la vereda de enfrente se encuentran España, Alemania y los países nórdicos, que apoyan el pacto deseosos de impulsar sus exportaciones, en el marco de un enfrentamiento comercial con China y una administración favorable a los aranceles de Estados Unidos.
El presidente de francés, Emmanuel Macron, sostuvo que su país no apoyará el acuerdo hasta que no haya garantías sólidas de protección a sus agricultores, y que cualquier “intento de imponerlo” solo garantizará su oposición.
“Consideramos que aún no hemos llegado a ese punto y que el acuerdo no puede firmarse tal y como está”, consideró el mandatario.
Por el contrario, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que “si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble en la política comercial mundial, hay que tomar decisiones ahora”.
Según trascendió, el pasado miércoles se acordó, en línea con estos reclamos, el diseño de cláusulas de salvaguardia con el fin de proteger a los productores europeos. Estas permitirían, por ejemplo, que la Comisión Europea investigue y actúe ante el aumento significativo de importaciones o frente al ingreso de productos con precios muy inferiores. Se incluyó, además, la posible suspensión temporal de las ventajas comerciales si se detecta alguna irregularidad.
Pero el tiempo apremia y los ojos están puestos en el próximo sábado, donde podría darse finalmente la firma. La misma sería en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, a la que asistirá la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Todo esto atado a que se logre el respaldo de una mayoría cualificada de Estados miembros.
La presión llegó de la mano del presidente brasilero, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aseguró que de seguirse posponiendo el pacto “no habrá más acuerdo”, al menos por el tiempo que dure su mandato.
“La Comisión propone establecer mecanismos de control, pero no confiamos demasiado en ellos”, señaló Hugues Falys, de la Federación Unida de Agrupaciones de Ganaderos y Agricultores (Fugea) de Bélgica, según reportó el medio France 24.
Por su parte, la Confederación Campesina, tercer sindicato agrícola de Francia, dijo: “La ira en el campo alcanza cotas inéditas”.
El otro punto clave de esta masiva movilización tiene que ver con los recortes que se prevén para la Política Agrícola Común (PAC) del período 2028-2034, que según denunciaron desde la Federación Valona de Agricultura se reduciría en más de 20%.
Cabe recordar que la PAC se remonta a la década de 1960 y que surge como respuesta al escenario que dejó la Segunda Guerra Mundial, de escasez alimentaria y racionamiento de los alimentos.
Esta política de asistencia representa más del 30% del presupuesto total de la UE, y si bien los 27 países miembro de la UE son parte de ella, cada estado distribuye los fondos en función de sus propias políticas nacionales.
Lejos de tratarse de un pago vinculado al tipo de producción o extensión de superficie, se trata de un apoyo a la figura misma del productor. Sucede que, a diferencia de las extensiones de tierra que se observan aquí, el promedio de superficie de las fincas europeas es mucho menor, con campos que promedian las 10 a 12 hectáreas, lo que los vuelve poco competitivos frente a grandes productores con acceso a mayor tecnología.
