El pasado 3 de agosto el periodista Diego Cabot indicó que, antes de abandonar el Ministerio de Economía, Silvina Batakis había creado el “Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles” con el propósito de incrementar la recaudación tributaria.
Hoy domingo, varios días después, Batakis respondió que en realidad ese organismo había sido creado durante la presidencia de Mauricio Macri, lo que es cierto, pero –tal como explicó en su momento Bichos de Campo– con un propósito diferente al actual.
Lo creó Macri
— Silvina Batakis (@sbatakis) August 7, 2022
Efectivamente, el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles fue creado por el presidente Mauricio Macri en 2018 por medio del decreto 938. Por entonces, el propósito de unificar criterios para realizar valuaciones inmobiliarias a nivel nacional se fundamentaba en el hecho de evitar un posible desfinanciamiento de las provincias al implementar, mediante un “consenso fiscal”, un cronograma progresivo de reducción del impuesto sobre los Ingresos Brutos hasta su completa eliminación.
Pero con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, el “consenso fiscal” pasó a mejor vida y los gobernadores volvieron a tener atribuciones para manejar “a piacere” las alícuotas de Ingresos Brutos.
Lo que hizo ahora el gobierno de Alberto Fernández fue modificar el decreto de Macri por medio de otro decreto (450/2022) para determinar que el Estado nacional podrá “establecer los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales de inmuebles”.
El gobierno ya tiene lista una nueva herramienta para aplicar un “impuestazo” al sector agropecuario
Es decir: si bien seguirán siendo las provincias las que determinan las valuaciones fiscales de los inmuebles presentes en su territorio, los criterios para realizar tales cálculos serán establecidos por el Estado nacional.
Así es como el gobierno nacional podría propiciar un aumento generalizado de las valuaciones fiscales de inmuebles rurales que luego permitiría incrementar de manera sustancial la recaudación en el impuesto inmobiliario rural, algo que, si lo hacen los gobernadores por cuenta propia, representa un conflicto directo con el agro, mientras que si el mandato proviene de una orden de la Nación ese “costo político” desaparece.
Vale aclarar entonces que la decisión de Macri se tomó en un marco en el cual se había tomado la decisión política de eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos de manera progresiva, algo que en su momento fue avalado por todos los gobernadores menos los de San Luis y La Pampa.
Pero una vez liquidado el “consenso fiscal” durante la presente gestión, las provincias recuperaron la potestad de recaudar con Ingresos Brutos y posteriormente, gracias a los servicios del “Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles”, podrán también recibir mayor cantidad de recursos en concepto de impuesto inmobiliario rural.