El gobierno cuenta ya con un instrumento diseñado para aplicar un nuevo “impuestazo” al sector agropecuario. Se trata del Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles.
En realidad, esa figura había sido creada por el presidente Mauricio Macri en 2018 por medio del decreto 938. Por entonces, el propósito de unificar criterios para realizar valuaciones inmobiliarias a nivel nacional se fundamentaba en el hecho de evitar un posible desfinanciamiento de las provincias al implementar, mediante un “consenso fiscal”, un cronograma progresivo de reducción del impuesto sobre los Ingresos Brutos hasta su completa eliminación.
Pero con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, el “consenso fiscal” pasó a mejor vida y los gobernadores volvieron a tener atribuciones para manejar “a piacere” las alícuotas de Ingresos Brutos.
Hoy miércoles, por medio del decreto 450/22 –firmado por la entonces ministra de Economía Silvina Batakis poco antes de irse–, establece que el Estado nacional podrá “establecer los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales de inmuebles”.
Es decir: si bien seguirán siendo las provincias las que determinan las valuaciones fiscales de los inmuebles presentes en su territorio, los criterios para realizar tales cálculos serán establecidos por el Estado nacional.
Así es como el gobierno nacional podría propiciar un aumento generalizado de las valuaciones fiscales de inmuebles rurales que luego permitiría incrementar de manera sustancial la recaudación en el impuesto inmobiliario rural, algo que, si lo hacen los gobernadores por cuenta propia, representa un conflicto directo con el agro, mientras que si el mandato proviene de una orden de la Nación ese “costo político” desaparece.
Si bien se requieren varios pasos legales y burocráticos para concretar esa “movida”, está claro que la decisión instrumentada hoy representa el primer eslabón de una serie de acciones diseñadas para extraer potencialmente mayores recursos al agro.
