Con la reciente decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia de desestimar la acción de amparo interpuesta en Santa Cruz, terminó de eliminarse el último vestigio judicial que frenaba la flexibilización de la barrera sanitaria en el sur del país. Esta barrera, que duró más de 30 años para frenar un posible ingreso de fiebre aftosa a esa región donde no se vacuna, fue flexibilizada a instancias de quienes en el gobierno querían permitir el ingreso de carne con hueso desde el norte del país, para abaratar los precios.
Días atrás, los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez revocaron la sentencia en primera instancia que evitaba la implementación de la tan discutida resolución 460/2025 en esa provincia, acorde a lo que había solicitado la Federación de Instituciones Agropecuarias (FIAS). Los magistrados defendieron la decisión del Senasa y aseguraron que no hay arbitrariedades en ella.
De ese modo, ya es permitido el ingreso también allí de cortes de carne con hueso y material genético desde el otro extremo del Río Colorado.
Desde que el Senasa decidió implementar plenamente la flexibilización de la barrera sanitaria, que históricamente dividió al país entre una zona libre de Aftosa sin vacunación y la zona libre pero con vacunación, fueron varios los recursos judiciales y administrativos que intentaron frenarla.
El argumento esgrimido por los productores patagónicos da cuenta del temor que suscita la eliminación de controles sanitarios, sobre todo para una región que, gracias a su estatus diferencial, hace años accede a mercados más exigentes. Lo cierto también es que allí, como la oferta es menor, el precio en las góndolas es más elevado, un aspecto que, justamente, buscaba “solucionar” esta medida.
Al día de hoy, desde la región aseguran que no tuvo el efecto deseado ni sobre la calidad ni sobre el precio de la oferta.
De todos modos, a fines del año pasado, desde el organismo que dirige Beatriz Giraudo habían confirmado a la región que no habría más lugar a discusiones en torno al tema y que sólo quedaba acatar esa decisión tomada.
Las medidas judiciales fueron cayendo una a una, y los proyectos de establecer barreras paralelas, en cada una de las provincias, no prosperaron. En febrero de este año, por pedido de la federación santacruceña, el juez federal Claudio Vázquez declaró la nulidad de la resolución 460/2025 y frenó allí la implementación de la medida.
Esa decisión, como era de esperarse, fue apelada por el Senasa y trasladada a la Cámara de Comodoro Rivadavia, que se expidió en favor del organismo, desestimó el recurso interpuesto y sentó precedentes a futuro. Se espera, de ese modo, que con esa decisión se den por finalizadas las presentaciones y que, de una vez por todas, quede firme la flexibilización de la barrera judicial.
En concreto, según reconstruyó el sitio Winfo, el fallo de la Cámara aclara que la medida no representa una “liberalización irrestricta”, sino que los cortes de carne que ingresan aún se rigen por las exigencias del Senasa, como lo es la necesidad de estar envasados al vacío y enfriados.
Además, los magistrados defendieron el rol del organismo técnico y aseguraron que tiene su decisión forma parte del diseño de políticas públicas nacionales, alineadas con los estándares internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y evaluaciones de riesgo.
Respecto a esto último, insistieron en que es imposible alcanzar el “riesgo cero” y que la razonabilidad de la medida se basa en que el virus de la Aftosa no circula en el país.
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El argumento principal de los ruralistas santacruceños era que ese riesgo, de todos modos, existe -como lo demuestra la vacunación al norte de la barrera-, y por eso apelaban al “derecho precautorio” para preservar la zona y defender, fundamentalmente, la producción ovina.
No obstante, ese principio fue desestimado por el juzgado de segunda instancia, que aseguró que no hubo arbitrariedades en la decisión del Senasa y que la validez de un acto administrativo vinculado al comercio interjurisdiccional no puede depender de si beneficia o no económicamente a una región específica.
Como la decisión judicial ratifica el rol de este organismo sanitario y establece límites a la judicialización de la medida, declarando “improcedente” la vía elegida por los ruralistas, se cree que sentará un precedente de cómo se dirimirán este y otros conflictos similares.
