La cadena yerbatera atraviesa uno de sus momentos más frágiles en décadas. Tras la pérdida de funciones del INYM y la desregulación del mercado, los productores quedaron expuestos a un escenario sin precios de referencia, con protestas dispersas, sin conducción sectorial clara y con una industria que volvió a concentrar casi todo el poder de negociación, tal como pasaba en los ´90, previo a la Ley Yerbatera (25.564) que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Lejos de un conflicto ordenado y masivo, lo que hoy domina al sector es la atomización. Reuniones con pocas decenas de productores, múltiples reclamos sin articulación entre sí, dirigentes históricos que ya no logran movilizar volumen, y una sucesión de medidas parciales que nunca alcanzan fuerza suficiente para torcer el rumbo del mercado. Al momento, hay un montón de entidades atomizadas que no se ponen de acuerdo. Algunos paran la producción como medida de protesta, otros dicen que no, otros no pueden, otros directamente ni participan.
La foto se repite en distintos puntos de Misiones con encuentros de productores que no superan las 60 o 70 personas, carteles solitarios, cada colono representándose a sí mismo. Trabajadores del campo con años de experiencia, pero sin una estructura que los contenga ni una organización capaz de unificar el reclamo que los deja a merced de los industriales.
El impacto de la desregulación no fue teórico. Tuvo un primer golpe concreto y rápido que fue: la entrada de yerba importada desde Paraguay. Según reconstruyen desde el propio sector, cuando los productores locales intentaron sostener un valor cercano a los 500 pesos por kilo de hoja verde, la respuesta de la industria fue directa: “Nosotros traemos yerba paraguaya a 150”.
Ese mecanismo cumplió una función clave que fue la de disciplinar el mercado. Una vez quebrado el intento de sostener precios, los valores internos cayeron a niveles que muchos colonos consideran inviables. A partir de allí, el productor chico quedó sin red, sin precio mínimo, sin poder de negociación y con la urgencia financiera como condicionante permanente.
A diferencia de otros complejos agrícolas, el yerbatero no puede guardar su producción esperando mejores valores. El colono no tiene un commoditie que pueda retener. Tiene gastos y cuentas que pagar, además de tener que cosechar si o si la planta.. No puede aguantar demasiado. Esa imposibilidad de esperar es lo que vuelve ineficaces muchos intentos de paro, ya que hay quienes quieren frenar la cosecha, pero no pueden darse ese lujo.
En Misiones y el norte de Corrientes existen alrededor de 12.000 productores yerbateros. En ese universo conviven situaciones muy distintas. Aquellos que están integrados a cooperativas, con estructuras de acopio y algo de espalda financiera, lograron en algunos casos amortiguar la caída con mejores condiciones de venta. Pero la mayoría de los colonos queda totalmente expuesta a la industria.
El último golpe para la actividad fue el reciente decreto de Javier Milei que reformó el funcionamiento del INYM y provocó una sacudida abrupta en la cadena de la yerba mate. Lo que hasta hace poco era un sistema regulado, con precios mínimos vigentes, acuerdos semestrales de referencia y una relativa protección al productor, quedó hecho añicos.
Con la nueva normativa, el organismo ya no tiene facultades para fijar precios ni intervenir en el mercado. Y esa vacancia no tardó en golpear fuerte, ya que el valor que perciben los colonos por la hoja verde se derrumbó, mientras que la industria amplió su margen, y el precio al consumidor final siguió su trayectoria ascendente.
Para ese segmento, el debilitamiento del INYM fue determinante. El organismo ya no fija precios, no arbitra conflictos, no aporta un piso de referencia. El mercado quedó librado a la negociación directa entre partes profundamente desiguales. Y allí, el productor chico entra siempre en desventaja.
Desde entonces, en los yerbales reina la incertidumbre. Productores que en otros tiempos podían sostener sus chacras hoy ven cifras que no alcanzan siquiera para cubrir los costos de cosecha y traslado, mucho menos para sostener una estructura familiar. Algunos cobran entre 180 y 300 pesos por kilo, cuando el costo real estimado ronda los 450 pesos. Además. el pago se hace en cheques hasta 120 días.
El malestar se tradujo en protestas dispersas, reclamos en ruta, cortes parciales de cosecha y amenazas de paro general. Pero lo que debería ser una crisis comunitaria, se vive como una tragedia fragmentada: cada productor sufre por su cuenta, aislado, con sus propios números y sus propias deudas.
Hoy, muchos colonos coinciden en que la desregulación no fue una libertad nueva para producir, sino simplemente la pérdida del piso, el abandono del Estado como garante, y la confirmación de que en este juego el que define el precio es la industria.
En los últimos meses hubo cortes parciales, paros de cosecha en algunas zonas, controles informales en rutas para frenar el ingreso de hoja a los secaderos. Pero ninguna de esas acciones alcanzó volumen suficiente para modificar el comportamiento del mercado. Algunos productores paran, otros siguen entregando porque necesitan cobrar, otros directamente quedan al margen de cualquier medida.
En este esquema, el eslabón que absorbe casi todo el ajuste es el productor primario. Con costos que siguen subiendo, como mano de obra, combustible, insumos, y valores de la hoja que se mueven muy por detrás, la rentabilidad quedó severamente deteriorada. Para muchos colonos, la ecuación directamente no cierra.
La industria, en cambio, conserva margen para importar materia prima, negociar plazos de pago, mover stocks y ordenar su negocio con mayor previsibilidad. Esa asimetría es hoy uno de los rasgos más marcados del nuevo escenario yerbatero.
La yerba mate, emblema productivo del nordeste argentino, atraviesa así una etapa en la que su mayor debilidad no es solo económica. Es también institucional y organizativa. En un mercado completamente desregulado, la atomización de los productores se convirtió en su principal límite para defender el ingreso.
