Después de casi más de un mes de negociaciones, esta semana se dio por concluida la paritaria 2024/2025 de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), frente a un representante de la Secretaría de Trabajo de la Nación y de las representaciones empresariales, el Centro de la Industria Lechera (CIL) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel).
Si bien fueron varios los encuentros, el punto central del debate no estuvo puesto en la actualización salarial respecto a la inflación, tal como se venía haciendo durante el último año, a pesar de no contar el acuerdo con la homologación oficial. Es así que en las diferentes categorías las actualizaciones se seguirán dando mensualmente, con la incorporación de los haberes no remunerativos a los básicos desde el mes de septiembre y teniendo una demora de un mes para seguir haciéndolo a medida que transcurra cada período.
Es así que la Categoría B, que es la que se toma como referencia de la actividad, ya que en la A sólo permanecen en el tiempo de prueba los trabajadores, tendrá un básico que llegará a 1.342.527,75 pesos, incluyendo adicionales remunerativos y no, para el mes de diciembre. En tanto, la categoría F, que es la más alta, tendrá un básico de 1.776.647,30 pesos. A eso se añaden las horas extra, la antigüedad y los suplementos por trabajo en feriados y fines de semana.
Públicamente hay algunos dirigentes del sindicato que lamentan no haber tenido mayores diferencias en los salarios, aunque excluyen detallar lo más fundamental de cada una de las reuniones con el sector industrial, la pelea por el bono que va directamente al gremio.
Sin haber logrado el acuerdo con las pymes, por segundo año consecutivo, Atilra consiguió llevar el denominado “Aporte de Salud, Educación y Bienestar” a los 34 mil pesos por empleado que las 21 industrias más grandes, nucleadas en el CIL, pagarán al sindicato mensualmente.
Esto no elude lo que son los pagos tradicionales de aporte sindical, ni al famoso “aporte solidario”, ese que para las grandes es de 1.500 pesos por empleado y por mes, siendo de 750 pesos para las pymes.
El bono en cuestión, el que abarca a la salud y que surgiera en pandemia, fue cobrando mayor relevancia en los últimos años. Sin embargo no está aprobado por las empresas pequeñas y medianas, ya que no pueden seguir levantando el costo laboral y abultando la caja sindical. Por tal motivo, al no conseguir una aprobación total la paritaria por parte de las dos cámaras, no se podrá homologar por segundo año consecutivo.
De todas maneras, cabe aclarar que los pagos de los salarios actualizados cada mes se harán en todos los tamaños de empresas, como corresponde por el cumplimiento de la tarea laboral.
Mientras tanto, siendo este el mes del pago de aguinaldos, se percibe en las empresas un descenso en la conflictividad laboral, para “facilitar” esos pagos por parte de las empresas.
Sin embargo, hay casos en las últimas dos semanas, en los que se registraron en empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires, visitas repentinas de un representante del Ministerio de Trabajo, junto a una o dos personas de Atilra, a modo de inspección sorpresiva en las plantas. Es en las industrias que se permite el ingreso del funcionario, no así de los gremialistas que son ajenos a las empresas, a pesar de las presiones que existen para torcer esa intención.
Concretamente, existiendo un vínculo visto en medios de comunicación por parte de referentes del gremio con funcionarios provinciales, se intenta presionar sutilmente a las pymes para que accedan al pago del “Aporte de Salud”, que es el punto que más interesa en el proceso de actualización paritaria, para que además de aportar a la caja, se pueda homologar el acuerdo de partes.
