Argentina necesita divisas de manera desesperada para asegurar la provisión de bienes que no se producen en el país y poder cumplir con los compromisos de deuda tanto estatales como corporativos.
Sin embargo, muchos de los principales productos que se envían a mercados externos están gravados con derechos de exportación, al tiempo que todos los bienes exportables están sujetos a la “retención cambiaria” que licúa los ingresos de los exportadores.
Pero cuatro de los diez principales productos argentinos de exportación adicionalmente están intervenidos, lo que implica que la comercialización de los mismos es regulada por funcionarios del gobierno nacional.
La comercialización de los cereales –trigo y maíz– se realiza en el marco de un sistema de “autorregulación” con “responsabilidad social”, el cual se instrumenta a través de dos ámbitos (“mesa del maíz y del trigo”) en el que los integrantes del sector privado coordinan la distribución de la oferta entre las diferentes demandas internas e externas bajo la mirada atenta de funcionarios nacionales.
Esa metodología, si bien no se encuentra formalizada por ninguna normativa oficial, fue reconocida públicamente por los propios integrantes de la cadena del trigo en el evento virtual “A Todo Trigo 2021”.
Por su parte, las empresas elaboradoras de aceite de girasol, además de aportar fondos propios a un fideicomiso destinado a subsidiar el precio del producto comercializado en el mercado local, tienen la obligación de asegurar el pleno abastecimiento interno de ese alimento básico.
El último producto en sufrir la intervención oficial es la carne vacuna, la cual, si bien experimentó esta semana un cierre directo de exportación, ya venía acumulando sucesivas disposiciones tendientes a regular su comercialización, entre las cuales se incluyen las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), versión actualizada de los viejos “ROE Rojos” que promovieron una liquidación masiva de hacienda durante la década pasada.
Las intervenciones son el tercer componente, que se suma a los derechos de exportación y el “cepo cambiario”, de una política económica orientada a disociar los precios internacionales respecto de los internos, algo que, continuado en el tiempo, no es gratuito en términos de generación de divisas.
Tal disociación, en el mejor de los casos, no permite que se incremente la oferta de bienes exportables por falta de incentivos económicos, mientras que, en el peor de los casos, puede generar desmantelamientos de cadenas de valor completas con el daño que eso genera no sólo en términos económicos, sino fundamentalmente sociales.
Al primer párrafo le faltó aclarar que las deudas en dolares, cuya cancelación o roleo requiere divisas fue contraída por el gobierno auspiciado e integrado por dirigentes de las entidades auto-percibidas como representativas de la ruralidad. Al margen de ese detalle, el porcentaje de corte de los combustibles fijado por ley es una política de intervención; se ve que el intervencionismo, como el colesterol, puede ser bueno o malo según el ojo con que se lo mire.
Benito, querido, lo de los combustibles es una Política de Estado, aquí en Brasil, Perú, la Unión Europea, Estados Unidos, Indonesia y en todas las naciones deñ mundo donde se establece un mandato obligatorio de corte.
Pampeano querido, que sea una política de estado, que en mi caso apoyo, no quita que sea una intervención del estado en el mercado (libre). A tal punto que inventa un mercado artificial que no existiría sin esa intervención. Lo que sirve para demostrar que el mercado necesita que el estado intervenga su libertad orientándola, condicionándola, limitándola, etc. Qué es de lo que se queja esta nota.