La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó este lunes que presentó una denuncia penal contra la intervención en la Obra Social de los Trabajadores Rurales (Osprera), señalando “irregularidades graves en la gestión de recursos y en la atención a los afiliados”.
La obra social que debe velar por la salud de uno de los actores más vulnerables de la ruralidad en Argentina, los peones o trabajadores del campo, sufre constantes alteraciones en su conducción desde 2023. Primero fue intervenida por la justicia, luego la recuperó el gremio, pero en septiembre de 2024 fue intervenida nuevamente por el gobierno nacional. En medio, los afiliados son rehenes de una disputa política en la que ya no se sabe quién tiene la razón y todos se acusan mutuamente por corrupción en el manejo de los aportes.
El Gobierno nacional intervino OSPRERA, la obra social de la UATRE, a semanas de haberla recuperado
Ahora es el turno de la UATRE en esta saga de denuncias. Desde el gremio, tras presentar una demanda en la justicia, argumentaron que “desde que el gobierno nacional designó a Marcelo Petroni como interventor, se han registrado pagos millonarios a un laboratorio sin contratos vigentes, mientras se suspenden pagos a proveedores esenciales, lo que ha generado interrupciones en tratamientos críticos”.
Según esta denuncia, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, se ejecutaron pagos por más de 500 millones de pesos a un laboratorio que no provee medicamentos a los afiliados. Lamentablemente la denuncia no identifica con claridad a dicho laboratorio.
Según UATRE, estos pagos carecen de justificación y se realizaron fuera del marco legal vigente, afectando directamente el patrimonio de la obra social y la salud de sus beneficiarios. “Convirtieron a la Obra Social en un vehículo para hacer negocios con efectores de salud”, sostiene la denuncia.
Simultáneamente, según el gremio, “se han incumplido compromisos de pago con droguerías que sí mantienen la provisión de medicamentos, lo que ha resultado en la suspensión de tratamientos para pacientes con enfermedades graves como cáncer, HIV y diabetes”.
“Este sistema de gestión arbitraria ha llevado al agravamiento de patologías y, en algunos casos, al fallecimiento de pacientes, como los casos de José Garavento y Marta Susana Morfil, ya denunciados ante la justicia”, afirmó el sindicato conducido por José Voytenco.
Siempre según la denuncia, el estado de Osprera se agravó con el nombramiento de 79 personas en cargos administrativos, “cuyos salarios alcanzan cifras exorbitantes, superando los 370 millones de pesos en enero de 2025”.
“Mientras tanto, los trabajadores rurales enfrentan cortes masivos en sus tratamientos, lo que ha derivado en más de 60 procesos judiciales en ciudades como La Plata, Mar del Plata y Rosario, evidenciando el colapso del sistema de salud de Osprera”, agregó un comunicado gremial.
Además UATRE acusó a Petroni de incumplir normativas del Ministerio de Salud, como la Resolución 4912/24 y el Decreto 1045/2024, que priorizan los pagos para tratamientos en curso y prohíben el pago de deudas sin auditorías. La denuncia sindical también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, y al Superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, por presunto abuso de autoridad y administración fraudulenta.
Según la presentación judicial, estas autoridades no tomaron medidas para controlar las irregularidades, permitiendo la continuidad de las maniobras denunciadas.
La última intervención en la obra social del personal agropecuario fue ordenada en octubre de 2024, y ha estado rodeada de controversias desde su inicio, incluyendo irregularidades en el proceso judicial que la autorizó.
