Tierra del Fuego tiene todas las condiciones para seguir el ejemplo de Chile, nación que desarrolló la producción de salmones para generar miles de empleos y transformar al sector en uno de los principales generadores de divisas del país.
Pero, increíblemente, esta semana el Poder Legislativo de Tierra de Fuego sancionó una ley que prohibió la salmonicultura industrial, es decir, la única actividad viable que podría tener esa provincia, dado que la otra, el turismo, se encuentra en problemas debido a la pandemia de Covid-19.
“Desde el 2018 venimos luchando junto a distintas asociaciones ambientales, productores artesanales y vecinos, para ponerle un límite a un tipo de producción industrial que solo deja destrucción a su paso”, aseguró Pablo Villegas, diputados del Movimiento Popular Fueguino y autor de la particular iniciativa.
“Esta es una ley que viene a proteger a nuestros productores locales, a nuestro entorno natural y al turismo, que es pilar de nuestra economía y fuente de miles de puestos de trabajo que debemos preservar”, añadió.
Pero Villegas omite decir que el pilar de la economía fueguina es el régimen de promoción creado por la Ley Nº 19.640 del año 1972, por medio del cual se viene subsidiando hace décadas la radicación de industrias con el propósito de que las mismas, en algún momento, se tornasen lo suficientemente competitivas como para no depender de la ayuda estatal.
El costo fiscal del régimen, destinado a subsidiar fundamentalmente a ensambladoras de artículos electrónicos elaborados con piezas importadas, no es poca cosa: este año consumirá unos 77.800 millones de pesos.
Si consideramos que existen unos 11.000 empleados en la industria promovida fueguina, entonces podríamos pagarle un subsidio de casi 300.000 pesos mensuales a cada uno para ahorrarnos nada menos que la mitad de ese colosal paquete de subsidios, es decir, 38.900 millones de pesos.
Si bien el régimen finaliza en 2023, ya comenzó una intensa campaña para extenderlo por varias décadas más, lo que representa una desvirtuación de la Ley Nº 19.640, cuyo propósito original fue fomentar el desarrollo de un polo industrial y no un “agujero negro” de subsidios estatales financiado hasta la eternidad con dinero de todos los argentinos.
En Sesión de la Legislatura, hoy prohibimos la salmonicultura en Tierra del Fuego.#NoALasSalmoneras pic.twitter.com/eA0HVq2Xat
— VictoriaVuoto (@VictoriaVuoto) July 1, 2021
Para el sector agroindustrial argentino este es un tema crucial, porque un régimen como el fueguino sólo puede funcionar en una economía cerrada y aislada del mundo, que es justamente lo contrario a lo que necesita una cadena de valor competitiva para poder evolucionar.
El “corralito tecnológico”, además de impedir que los argentinos podamos contar con una gran diversidad de artículos a precios accesibles, impide una eventual integración comercial plena con Asia, por medio de la cual podríamos incrementar las exportaciones de productos agroindustriales a ese destino a cambio de importar, sin restricciones, productos digitales y electrodomésticos desde diferentes naciones asiáticas.
Por tal motivo, la prohibición de una actividad económica en una provincia, que para colmo es la única viable en la actual coyuntura de Tierra de Fuego, es una pésima noticia para todos
Sería bueno, en todo caso, aprobar una legislación nacional que prohíba la extensión de los regímenes fiscales de promoción, de manera tal que los mismos expiren al finalizar su ciclo. Porque está muy bien cuidar el ambiente. Pero no a costa de los recursos de los argentinos, la mayor parte de los cuales, vale recordar, son pobres o no llegan a fin de mes.
