Dice la Wikipedia: “Pito catalán” es el nombre que se da en Argentina y Uruguay al gesto de burla consistente en llevar el pulgar de la mano a la nariz mientras se agitan los otros dedos extendidos. También se puede hacer con las dos manos, uniendo el pulgar de la segunda con el meñique de la primera.
A los productores de yerba mate, el ex secretario coordinador de Producción, Juan Pazo, les hizo pito catalán a cuatro manos.
Acaba de cumplirse el primer aniversario de ese momento: el funcionario dilecto del ministro Luis Caputo viajo a Posadas en febrero de 2024 y se reunió con todo el sector yerbatero para prometer cosas que luego nunca cumpliría y que en los hechos significan la demolición de la Ley nacional que en 2002, luego de un duro tractorazo, definió que el mercado yerbatero debía tener algún tipo de regulación del Estado para evitar que los pocos molinos se abusen de cerca de 15.000 productores minifundistas.
La Ley 25.564 dispuso “Créase el Instituto Nacional de la Yerba Mate, en adelante el INYM, como ente de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el territorio de la República Argentina”. Y definió que cada seis meses ese organismo, integrado por todos los sectores de la cadena, debía fijar precios de referencia mínimos para la materia prima, la hoja verde, y la yerba canchada salida del secadero.
Aquel día en que Pazo se burló de toda la cadena productiva, decidió de facto que esa ley no iba a aplicarse más amparándose en la desregulación económica instaurada por el gobierno de Javier Milei con el DNU 70/2023. Desde ese día no se han vuelto a fijar valores de referencia como exigía esa ley y los precios pagados al productor se han achicado a los niveles más bajos de la historia.
Un informe de CEPA recordó que la última fijación de valores para la hoja verde correspondió al último tramo de 2003, previo al cambio de gobierno. De acuerdo con aquella Resolución 406/2023, el precio de la hoja verde debía ser de 250 pesos y el de la yerba canchada 950 pesos para marzo.
Pero antes, el 8 de febrero, vino el pito catalán de Pazo a los yerbateros, que ingenuos le creyeron. Ese día el secretario de Economía se reunió en la sede el Ministerio del Agro de Misiones con el ministro Facundo López Sartori; el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Julio Petterson; los diputados provinciales Juan José Szychowski (ex presidente del INYM) y Miguel Núñez; y los directores Ricardo Maciel, Jonás Petterson, Denis Bochert y Gerardo Vallejos, representantes de los productores y cooperativas yerbateras.
Pito catalán. En el acta firmada ese día, tras la reunión, decía: “El secretario Pazo garantizó que, en caso que no exista unanimidad en el Directorio del INYM en la Sesión Especial de Precios, la Nación emitirá el laudo correspondiente y que en esa instancia se analizará punto por punto la grilla de costos para determinar los valores de la materia prima”.
Pero eso jamás sucedió, porque nunca más hubo laudo de la Secretaría de Agricultura, manejada ahora por el concuñado político de Pazo, el secretario Sergio Iraeta.
Recuerda el informe de CEPA que “a partir de abril, comenzó a funcionar la desregulación planteada por el DNU 70 y la inacción del INYM, generando que el precio de materia prima alcance un valor de entre 250 y 300 pesos (venta directa o a cooperativa con precios más cercanos a 300 pesos, mientras que a grandes industrias el precio era más bien bajo), reduciéndose incluso hacia el último trimestre a un valor entre 200 y 240 pesos”.
De este modo, con el pito catalán de Pazo y el incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de Iraeta (/que por la vieja ley yerbatera debería laudar un precio en caso de falta de acuerdo de la cadena), el gobierno libertario logró que la participación del productor yerbatero caiga a mínimos históricos en un lapso muy corto de tiempo, haciéndole flor de favor a los actores más concentrados de la cadena., que compran la materia prima mucho más barata pero no reducen en la misma proporción los precios de la yerba en góndola.
Pito Catalán. Cuando Pazo viajó a Posadas a reunirse con los yerbateros, el desedido titular de Agricultura, Fernando Vilella, había anunciado un nuevo presidente del INYM, que nunca llegó a asumir. Dice aquel acta que, tras desmentir que el nombramiento de Daniel Notta realizado por su par en el gabinete económico, “el Secretario señaló que no está confirmada la designación del Presidente del Directorio del INYM”.
“El funcionario nacional también expresó que mientras el DNU no se reglamente, no se encuentra en vigencia, por lo cual a la fecha el INYM mantiene todas sus facultades y atribuciones; entre ellas la de fijar los precios para la hoja verde y la yerba mate canchada”, agrega el documento surgido de aquella reunión con Pazo, que obviamente también se ocupó de hacer luego todo lo contrario a lo que había prometido: De hecho, luego de un año Agricultura todavía no designó a un nuevo presidente del INYM, condenando a ese ente a la inactividad y el desgobierno.
Apunta una crónica del diario La Nación sobre este vacío premeditado al organismo yerbatero que “además Agricultura no ha aprobado hasta el momento el presupuesto 2025 del INYM, cuyo fondeo proviene de la Tasa de Fiscalización, que se cobra a través de la característica estampilla que tiene cada paquete de yerba mate. Se venden en el país cada año unos 500 millones de paquetes y todos y cada uno paga una tasa de fiscalización cuyo valor hoy es de 25 pesos por cada kilo de yerba. El paquete de medio kilo (el formato más popular) lleva una estampilla de 12,5 pesos y el de un cuarto kilo, una de 6,25 pesos”.
“Ese valor se renueva cada noviembre cuando el INYM, tradicionalmente, eleva a la Secretaría de Agricultura el presupuesto. Esta vez el organismo esperó a la renovación del directorio que hoy es de 11 miembros porque sigue ausente la silla que ocupa el presidente, designado por la Casa Rosada”, agerga el matutino, remarcando que nadie cree que vaya a aprobarse la nueva estampilla.
Pito catalán, una desregulación parida jugando a las escondidas. Pazo mintió y se burló de todos los yerbateros, hace exactamente un año. En tu cara, Posadas. Gracias a eso, la desregulación en el sector prosperó para beneficio de los sectores más concentrados y perjudicando claramente a los productores más chicos, los de menos de 10 hectáreas, que son el 65% de los que existen.
Y quizás por eso ahora lo premiaron con la conducción de la ex AFIP.
