La aprobación de una nueva ley de Gestión Integral de Plaguicidas en La Pampa resultó ser un cachetazo para todas las entidades vinculadas al sector que desde 2016 estaban colaborando junto a las autoridades para actualizar la normativa vigente. Si bien aún falta su reglamentación, el proyecto -que define una prohibición de 500 metros para las aplicaciones terrestre y 3000 para las aéreas- fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados de esa provincia y no se aceptó ninguna modificación propuesta.
“Lo grave es que después de horas y horas de trabajo y fundamentos científicos, los funcionarios responsables no puedan dar una respuesta sobre qué fundamentos usaron para decidir esos metros”, dijo a Bichos de Campo Andrés González, ingeniero en Producción Agropecuaria y tesorero de la Sociedad Rural de General Pico, provincia de La Pampa.
En efecto, contra lo que se cree, el trabajo no comenzó en enero de este año cuando se presentó el polémico proyecto, sino hace 4 años de la mano de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE), creada por el gobierno provincial.
Integrada por instituciones públicas y privadas relacionadas a la cadena alimenticia, el INTA, el Senasa, y por facultades y ministerios provinciales, el objetivo de esa comisión era renovar la ley 1173 de agroquímicos, vigente desde 1989, para “aggiornarla” a la actualidad ya que su texto no aclara ninguna distancia de exclusión.
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— CARBAP (@CARBAP_ARG) December 9, 2020
Los informes y estudios científicos reunidos durante esos años le dieron ab González y al sector ruralista los argumentos necesarios para tratar de infundadas las nuevas distancias propuestas.
“En base a trabajos realizados en todo el país por CASAFE (Cámara Argentina de Sanidad Vegetal y Fertilizantes), una de ellos en General Pico en agosto de 2019, cerca de 40 demostraciones indicaron que la deriva en terrestre llegaba hasta los 9,5 metros y en aérea hasta los 45 metros”, señaló el ingeniero.
“Con este trabajo y otros publicados fuimos a la legislatura y propusimos que los metros de restricción respecto al casco urbano sean 100. Entendíamos que no había ninguna explicación científica para decir 100 metros, pero la realidad es que como la propuesta del gobierno era de 500, dijimos que podríamos aceptar” una quinta parte, recordó González.
En cuanto a las aplicaciones aéreas, el sector había propuesto a los legisladores una distancia de restricción de 1000 metros, sustentados no en las derivas –ya que se había demostrado que llegaba solo a 45 metros- sino en posibles fallas mecánicas del avión, que hicieran necesario un aterrizaje o maniobra de emergencia.
También se pidió la aplicación de bandas toxicológicas verdes y azules en la zona periurbana y la fiscalización de las aplicaciones con presencia de un técnico aunque no de forma excluyente.
La propuesta argumentaba que La Pampa cuenta con la tecnología para hacer pulverizaciones con maquinas equipadas con estaciones meteorológicas, que pueden ser monitoreadas desde aplicaciones móviles, y que controlan la ubicación, temperatura, humedad y dirección del viento.
“Incluso propusimos que todas las aplicaciones fiscalizadas en el periurbano se realicen con viento proveniente del casco urbano. No hay forma física que una gota con un viento de frente viaje en contra de él. Es muy simple, lógico y práctico y tampoco fue tenido en cuenta”, argumentó González.
Todos estos aportes quedaron a un lado con la aprobación de una Ley espejo a la redactada en el proyecto presentado en enero. Ahora, y mientras no se descartan acciones legales en contra de la nueva normativa, las entidades aún no salen de su asombro.
“En Argentina si no tenemos antagonismos no funcionamos. No puede ser antagónico la producción con la salud y el ambiente. Si hay gente que hace las cosas mal es responsabilidad del Estado provincial controlar. Va a ser muy difícil producir por como salió la ley”, concluyó.
