Un juez penal juvenil de Mar del Plata (sí, leyó bien), decidió prohibir en todo el territorio bonaerense la siembra del trigo transgénico argentino HB4, al menos hasta que el gobierno de Axel Kicillof implemente la creación de una Comisión Provincial sobre Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria que está pendiente desde 2001. La medida responde a una petición presentada por un colectivo de organizaciones sociales y ambientales.
Dicho sea de paso, el trigo modificado desarrollado por la empresa Bioceres en acuerdo con el Conicet, y que es el único cereal transgénico aprobado a nivel mundial, ya se siembra en la provincia de Buenos Aires desde hace por lo menos dos campañas y en los próximos días iba a volver a sembrarse (si no sucedió hasta ahora) en una serie de lotes de productores seleccionados por la empresa.
En el ciclo 2021/22 se sembraron 52.755 hectáreas en todo el país, distribuidas en 372 lotes en todo el país, y se obtuvieron 124.188 toneladas. El 47% estaba en territorio bonaerense.
Ahora una cautelar dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Mar del Plata decidió prohibir el trigo HB4 a pedidos de decenas de particulares que se presentaron ante el juzgado en representación de 40 organizaciones, entre comunidades indígenas, asambleas de Pueblos Fumigados y emprendimientos de la agricultura familiar. El abogado patrocinante de ese grupo es Lucas Landívar. Se supone que la empresa apelará, pero se abre un interrogante sobre las nuevas siembras proyectadas para la campaña 2022/23.
En el resto del país, parece absurdo, el HB4 no tiene objeciones para su siembra.
El fallo fue firmado por el juez Néstor Salas y su auxiliar letrado Carlos Ariel Genovese. Dispone ordena la “prohibición temporal en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires del uso y liberación a cielo abierto de la variedad exótica de Trigo Modificado Genéticamente IND-00412-7”. Es curioso y casi grotesco que considere “exótico” a esta variedad, siendo que el HB4 es el primer trigo genéticamente modificado desarrollado en la Argentina.
El trigo HB4 había sido aprobado en octubre de 2020 por resolución del Ministerio de Agricultura de la Nación, pero que condicionó su autorización definitiva a su siembra y la comercialización de las semillas a una decisión semejante de Brasil. En aquel país, las autoridades técnicas no aprobaron el cultivo, pero sí el consumo de sus harinas y derivados. Aunque en primer término las autoridades nacionales dijeron que eso no era suficientes, luego una orden del ministro Julián Domínguez impulsó la aprobación definitiva en mayo pasado. Esto a pesar de la posición contraria de casi toda la cadena triguera, que percibía que podría haber peligro de una contaminación de los trigos convencionales que pusieron en peligro los mercados. Fue entonces que este colectivo se presentó ante el juzgado marplatense.
Con la aprobación para sembrar el HB4 en su haber, de todos modos Bioceres anunció que no iba a vender la semilla y que iba a mantener la siembra del trigo bajo un esquema de identidad preservada, en el que cede la semilla a productores particulares con los que firma un acuerdo especial para aplicar protocolos especiales. Como se dijo, la mitad de esos campos se hallan ubicados en la provincia de Buenos Aires.
Allí las autoridades, hasta ahora ausentes en la discusión, deberían tomar posición, pues el juez Salas estableció que la medida cautelar que prohíbe el trigo transgénico estará vigente “hasta tanto se implemente la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria en el ámbito provincial, coordinada por el Ministerio de Gobierno, con el objeto de elaborar un informe con sus recomendaciones, respecto a la introducción y liberación de material transgénico y anabólicos, sus efectos en los recursos naturales, la salud y la producción y la comercialización, conforme lo dicta la Ley 12.822”.
Deben presentarse contradicciones en el discurso de Axel Kicillof y sus colaboradores, que en declaraciones públicas toman distancia de los transgénicos y promueven activamente la agroecología, pero que al mismo tiempo bajan la cabeza cuando les llegan órdenes desde la Nación: en este caso, el trigo HB4 tuvo apoyo político de todo el gobierno, pero más especialmente de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que fue la que presentó los primeros transgénicos nactivos en octubre de 2015, antes de dejar el poder.
La mencionada ley bonaerense pendiente es de noviembre de 2001, es decir que ya lleva más de veinte años de incumplimientos aunque en el mismo texto se fijaba un plazo de 90 días para cumplirla, dispuso: “Créase la Comisión de Biotecnología y Bioseguridad Agropecuaria, en el ámbito provincial, coordinada por la secretaría de Gobierno, con el objeto de elaborar un informe con sus recomendaciones, respecto a la introducción y liberación de material transgénico y anabólicos, sus efectos en los recursos naturales, la salud, la producción y la comercialización”. Al mes siguiente de su dictado, vale recordar, sucedían los hechos que desencadenaron la crisis de 2001. También por ese mismo momento nacía la empresa Bioceres.
El reclamo de las ONG que hicieron este reclamo amparándose en este vieja cuenta pendiente del Estado provincial es lógicamente válido: las leyes están para cumplirlas. Pero también resulta ser una eficiente chicana judicial para entorpecer la liberación de la variedad, que ya atravesó -de buen o mal modo- por todas las instancias que impone el Estado Nacional para la aprobación de cultivos modificados: es decir atravesó el filtro de la Conabia, del Senasa y de la Secretaría de Alimentos.
Este el el fallo completo del juez juvenil de Mar del Plata:
