Naciones Unidad presentó una nueva edición de su informe “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe” con números nada alentadores. La publicación, que analiza la evolución de las condiciones de vida y alimentación de la población durante 2022, advierte que la región tiene el costo de dieta saludable más alto del mundo.
El estudio fue elaborado de forma conjunta entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.
Según el documento, desde 2014 el hambre y la inseguridad alimentaria aumentaron en Latinoamérica y el Caribe superando el promedio mundial. El número de personas que sufren hambre creció de 43.3 millones a 56.5 millones entre 2019 y 2021, lo que supone un incremento del 30%, mientras que la inseguridad alimentaria aumentó en 100 millones de personas entre 2015 y 2021.
El 40,6% de la población de esta parte del globo enfrentó en 2022 inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que implica que no tuvieron un acceso continuo a alimentos o pasaron al menos un día sin comer.
Además, se observó que casi 1 de cada 4 adultos sufre obesidad y 3,9 millones de niños de hasta 5 años padece de sobrepeso. Esto evidencia un panorama agravado por una serie de crisis sucesivas (la pandemia de Covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación mundial y el cambio climático) que han generado un aumento en el precio de los alimentos y fertilizantes, perjudicando la accesibilidad a las dietas más saludables.
“Esto es una paradoja considerando que la región podría producir alimentos para más de 1.300 millones de personas, casi el doble de la población que hoy tenemos en la región. Tenemos la responsabilidad de generar soluciones sostenibles y tangibles y hacer más eficiente la inversión pública y privada con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y la alimentación de la población”, señaló durante la presentación del informe Mario Lubetkin, subdirector general y representante regional de la FAO.
Otro dato alarmante muestra que el año anterior 131 millones de personas no pudieron acceder a una dieta saludable. Según el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América latina y el Caribe 2022, esto sucede porque la región tiene el costo de dieta más elevado en comparación con el resto del mundo, con un valor de 3,89 dólares por persona al día, siendo la media mundial de 3,54 dólares.
La publicación también presenta observaciones sobre cómo la falta de acceso económico a una dieta saludable se relaciona con diferentes formas de malnutrición como la sub-alimentación, el retraso del crecimiento y el sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años, la anemia en mujeres entre 15 a 49 años y la obesidad en la población adulta.
“Una de cada cinco personas no puede acceder económicamente a estas dietas saludables. La alimentación de las personas depende de una serie de aspectos y variables que hacen que su análisis sea complejo. Las realidades y necesidades de los países son diferentes, por lo tanto los problemas demandan soluciones específicas”, indicó Lubetkin.
Y agregó: “La complejidad y la magnitud de las políticas que se requieren demandan la coordinación y la integración de los países a través d procesos inclusivos, multilaterales, multisectoriales y con la participación de todos los actores el sistema agroalimentario. No es una opción que las personas sufran hambre o inseguridad alimentaria”.
Desde el conjunto de estos organismos internacionales se indicó que la diversificación en la producción de alimentos nutritivos es clave para lograr dietas saludables asequibles para todos, al tiempo que una mejor producción de alimentos puede aumentar el ingreso de la agricultura familiar, y reducir el costo de dicha producción.
También se sugirieron la aplicación programas que apoyen a estos agricultores; de acciones para facilitar la comercialización y transparencia de los mercados, que incluyan un permanente acceso e intercambio de información y monitoreo de precios; de medidas de fortalecimiento de políticas de protección social como los programas de nutrición escolares, las leyes de etiquetado y políticas fiscales para la reducción del consumo de alimentos altamente procesados.
Foto portada: WFP/ Giulio D’Adamo
