El proyecto de ley de biocombustibles del Frente de Todos puso en estado de alerta a la mayoría de las cámaras del sector y a sus cadenas de valor, tanto por su regresividad en el uso de los combustibles ecológicos como por el alto poder de discrecionalidad que le otorga a la Secretaría de Energía.
La iniciativa oficialista, que obtuvo dictamen favorable y ya está habilitada para ser tratada en la Cámara de Diputados, promueve una reducción de la mezcla de biodiésel en gasoil del 10% hasta 3% y del 12% hasta el 9% en el caso del bioetanol, ajuste este último que se aplicaría exclusivamente y sin razón alguna a las empresas que lo producen en base a maíz.
“Además de la drástica reducción de la demanda de biocombustibles, factor que provocaría el cierre de empresas y el fin de una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina, el proyecto habilita a la Secretaría de Energía a manejarse con extrema discrecionalidad y a intervenir en mercados que no son ni deben ser de su incumbencia”, indicaron doce entidades del sector por medio de un comunicado.
Eso porque el proyecto otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo que incluyen la posibilidad de intervenir en las cadenas de valor para “garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria, pudiendo arbitrar y establecer los mecanismos que estime necesarios”.
Las entidades del sector consideraron que eso es “un intento claro y directo de intervención del Estado en las diferentes cadenas de valor, especialmente en la estrategia productiva, la logística y la política comercial de las empresas proveedoras de insumos críticos –como el maíz y el aceite de soja–, constituyendo un impedimento concreto para su normal y eficiente desarrollo”.
“Es menester aclarar que en los quince años de vida de la ley de biocombustibles no solo nunca hubo desabastecimiento de aceite de soja para producir biodiesel, ni de maíz para producir bioetanol, sino que los precios se pactaron libremente entre las partes, acorde a las distintas variables de estos mercados, que se caracterizan por ser abiertos, eficientes y transparentes”, añadieron.
Como consideraron que el proyecto de ley presenta numerosos vicios de forma y de fondo, las entidades del sector solicitaron prorrogar la actual ley para “poder discutir con el tiempo necesario una norma moderna y eficiente que potencie los beneficios ambientales, económicos y sociales de todos los biocombustibles”.
