No se pagan todavía las devoluciones de unos pocos puntos de retenciones a los pequeños productores de soja, que es algo que se prometió hacer en marzo, antes del inicio de la cuarentena. El ministro Luis Basterra, a cargo de esa operatoria, había asegurado los primeros pagos primero para julio, después para agosto. Nada todavía.
La noticia, sin embargo, es que el Ministerio de Agricultura comenzó a mover algunas partidas presupuestarias disponibles en su presupuesto. Los sectores beneficiados son siete asociaciones o proyectos bonaerenses dedicadas a la agroecología. Esa movida hacia una agricultura diferente tiene grandes avales dentro del nuevo gobierno, a punto tal que este martes se oficializó la creación de una Dirección Nacional de Agroecología, que estaría a cargo de ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá (todavía no salió su nombramiento). Fue a través de una Decisión Administrativa que definió una nueva estructura ministerial.
Hay una decisión política muy clara de favorecer a este tipo de producciones. En ese sentido se supo que el Ministerio de Agricultura decidió otorgar 32 millones de pesos a siete proyectos de agroecología. Lo hizo sacando recursos de otro lado: tomó dinero del “Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino (PROCANOR)”, que se supone atiende las necesidades de poblaciones rurales mucho más vulnerables.
En la página oficial del PROCANOR se cuenta que esa iniciativa atiende las demandas de agricultores familiares de provincias norteñas dedicados a ciertas cadenas productivas seleccionadas: quínoa, papas y ocas, chía, amaranto; carne de llama; fibra de llama y vicuña, yacón, y horticultura.
Ahora esos recursos, que provienen de préstamos del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola), beneficiarías -según la gacetilla oficial- a “160 familias agropecuarias de ocho municipios bonaerenses “orientados a mejorar la oferta de alimentos de calidad”, mediante la producción agroecológica.
Los proyectos involucran a las localidades de Alem, Baradero, Carlos Casares, 25 de Mayo, Esteban Echeverría, Virrey del Pino, 9 de Julio y Henderson. Los proyectos aprobados son “Ecohuerta Baradero”, “Fortalecimiento de la producción hortícola agroecológica del Puente Verde”, “Grupo Asociativo El Origen”, “Huerta Germinar Carlos Casares”, “Huerta Germinar 2 San Cayetano de Vedia”, “Quinta Acosta” y “Grupo de Productores Hortícolas Agroecológicos Nuevejulienses y de Henderson por la Tierra”.
Por otro lado, la conducción de Agricultura dio una señal a las organizaciones campesinas que apoyaron al oficialismo en la campaña electoral. Algunos dirigentes de dicho sector hoy recalaron en la Secretaría de Agricultura Familiar, comenzando por el secretario Miguel Gómez, que proviene del Movimiento Evita y Vía Campesina. Mediante la Resolución 163/20, el ministro Basterra creó un fondo de 100 millones de pesos específico para esa cartera con recursos presupuestarios.
“La Ley 27.118 se declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo y por practicar y promover sistemas de vida y producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”, define esa resolución. En ese mismo texto legal, sancionado en 2015, se creó además un Fondo de Reparación Histórica para ese sector, que debería contar con 1.500 millones de pesos anuales y nunca se cumplió.
Esta partida de 100 millones trata de disimular esta situación. La resolución creó un programa nuevo llamado PROTAAL que también pondrá énfasis en la promoción del trabajo, el arraigo y el abastecimiento local. Y le asignó la suma de hasta 100.000.000 pesos para el Ejercicio Presupuestario 2020.
“Como metodología de implementación del referido Programa se prevé la conformación de las llamadas Unidades Productivas Asociativas de la Agricultura Familiar (UPAF) dirigidas a beneficiar a aquellos que revistan la condición de Desocupados/as, Sub-ocupados/as y/o Productores de la Agricultura Familiar”, explicó la Resolución. Luego afirma que “las actividades productivas de dichas unidades serán desarrolladas de manera independiente por intermedio de cooperativas u otras figuras asociativas”.
