En un año cargado de polémicas en torno a la postura oficial respecto de los debates que rodean al cambio climático, un informe elaborado por la organización Fundar, dedicada a la promoción de una agenda de desarrollo sustentable, llamó la atención sobre la desvinculación de aquella problemática mundial de las “principales prioridades nacionales”.
“En Argentina suele considerarse una agenda de segundo o tercer orden, desvinculada de las principales prioridades nacionales. Tanto para el poder ejecutivo nacional, como para el Congreso, los gobiernos subnacionales, el sector privado, los sindicatos y muchas organizaciones sociales, el árbol de los desafíos macroeconómicos y las urgencias diarias tapan el bosque de un fenómeno que transforma al mundo”, sintetizó el trabajo de aquel centro de estudios.
Este contexto global, caracterizado por repetidas olas de calor, sequías, inundaciones y aumento del nivel del mar, demanda que los países establezcan estrategias integrales que reconozcan los desafíos a navegar y permitan diseñar respuestas. En el caso de Argentina, con una matriz económica muy ligada a la producción primaria, esto se vuelve de vital importancia.
Por tal motivo, desde Fundar señalaron dos clases de riesgos a atender: los físicos, vinculados a los impactos directos de los eventos climáticos; y los de transición, relacionados a cambios en las políticas, la tecnología, la dinámica del mercado.
“Los riesgos físicos impactan de forma directa en los rendimientos en la mayoría de las regiones y cultivos agrícolas. A su vez, esto repercute en los precios de los alimentos, el resultado de la balanza comercial y la recaudación fiscal. Por ejemplo, la sequía de la campaña 2022/23 resultó en una caída de 2,2% del PIB, la pérdida de USD 3554 millones en ingresos tributarios y de USD 8000 millones en exportaciones”, indicaron respecto del sector agropecuario.
“Se estima que, si no se implementan medidas de adaptación, para 2050 el cambio climático podría reducir los rendimientos en la producción de girasol en hasta un 10%, de maíz y trigo en un 30%, y de soja en un 50%. A su vez, la actividad agrícola es una de las que más demanda agua y en contextos de estrés hídrico, por el retroceso de glaciares y aumento de sequías, compite por el recurso con otros sectores como el consumo urbano y la minería”, añadieron, puntualizando en particular en los efectos sobre la acumulación de reservas del Banco Central.
En cuanto a los riesgos de transición, la organización señaló que la industria agroalimentaria también deberá atender al creciente escrutinio sobre el impacto ambiental del sector, y ejemplificó con la normativa antideforestación impulsada por la Unión Europea.
¿Pero qué postura ha mantenido el gobierno argentino frente a este panorama en los últimos años? Históricamente la participación ha sido activa en materia de negociaciones climáticas internacionales, a través de la adopción de compromisos de adaptación y mitigación, así como de mostrar un liderazgo relevante en agendas puntuales como adaptación y financiamiento.
Esto, por el contrario, viró significativamente desde la llegada de Javier Milei quien, para Fundar, abrió “abre un período especialmente desafiante para la diplomacia climática argentina”.
“La autoridad ambiental fue degradada de ministerio a subsecretaría, y la climática pasó de secretaría a carecer de una institución específica. A su vez, y en línea con la búsqueda de reducir la planta estatal, los desincentivos generados por la degradación salarial y la disminución de la relevancia de la temática, configuran una situación de pérdida de capacidades. Esta degradación de la agenda se alinea con la prédica anti-globalista del gobierno, negacionista del cambio climático y opuesta a la Agenda 2030. Sin embargo, también contrasta con su orientación liberal-occidental, su intención de honrar los compromisos internacionales y las agendas de los principales socios comerciales”, detalló el informe.
“Hoy el país corre el riesgo de abandonar u ocupar de manera ambigua espacios estratégicos construidos a lo largo de años, perder alianzas y capacidades y, sobre todo, desperdiciar tiempo valioso en la implementación de medidas ambientales”, sostuvo a continuación.
Es por esto la organización propuso cuatro lineamiento como forma de seguir avanzando en un proceso de descarbonización.
En primer lugar, se identificó como crucial el contar con una estrategia clara de mitigación a 2030, que “defina la contribución específica de cada sector al cumplimiento de la meta de reducción de emisiones”. Eso requiere atender los desacuerdos entre los diferentes actores, coordinando esfuerzos a nivel federal y sectorial.
En segundo lugar, se sugirió establecer un lineamiento claro para aquellos temas que resulten críticos, como la explotación de los recursos hidrocarburíferos.
En tercera instancia, se considero clave “acelerar la descarbonización de la matriz eléctrica local”, para lo cual “será necesario abordar cuestiones que han tenido un desarrollo inconsistente en las últimas décadas: la ampliación de la capacidad de transporte eléctrico, la eficientización de la oferta y demanda eléctrica, la planificación de la penetración de ERNC en la red, el avance de la generación energética distribuida y la adaptación de la infraestructura energética a las consecuencias del cambio climático”.
Finalmente, se indicó que es necesario que los diferentes niveles gubernamentales generen consensos sobre políticas de mitigación que involucren a los distintos actores de sector agropecuario.
“En particular, las dos actividades más relevantes son la fermentación entérica del sector ganadero (15%) y el cambio de uso del suelo (19%). Su importancia y las crecientes exigencias en los mercados de destino obligan a acelerar la acción climática y las medidas de trazabilidad”, afirmaron.
“Algunas acciones que contribuyen a ello son: avanzar en la implementación de la Ley de Bosques —priorizando el control de la deforestación ilegal—; progresar en el ordenamiento territorial a nivel provincial y municipal; reconocer la titularidad de la tierra de las familias que hoy viven en bosques; impulsar la economía circular en procesos agropecuarios, a través de la utilización de bioinsumos y reutilización de residuos de biomas; mejorar la trazabilidad de los procesos, incluyendo incentivos a las certificaciones de gestión sostenible y medición de la huella de carbono de los productos; diseñar sistemas de información para el monitoreo de las intervenciones; e impulsar la investigación y desarrollo en las áreas identificadas como prioritarias. Específicamente para el sector ganadero, es fundamental establecer alianzas público-privadas que impulsen una ganadería climáticamente inteligente, considerando las diferencias regionales”, detallaron luego.
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