El gobierno nacional instrumentó un protocolo para institucionalizar un procedimiento que, si bien es un componente clave para el funcionamiento de la economía argentina, resulta desconocido para la mayor parte de la población.
Se trata de la determinación de los precios FOB oficiales de productos agroindustriales realizado diariamente por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Las exportaciones de productos agroindustriales, a partir de lo determinado por la Ley N° 21.453, deben liquidarse al precio FOB oficial declarado al momento de registrar la Declaración Jurada de Venta Externa (DJVE) del período de embarque respectivo. Ese valor también es el que se emplea para la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas y servicios comprendidos en las exportaciones de cereales y productos oleaginosos.
En los gobiernos anteriores, la determinación del precio FOB se realizó en varias oportunidades de manera discrecional con el propósito de favorecer a determinadas empresas, regular los flujos de comercio exterior e incrementar la recaudación tributaria.
Con la gestión del actual gobierno de Javier Milei, esa práctica fue desterrada y se implementó un sistema auditable para confeccionar diariamente la determinación de precios FOB representativos, el cual fue institucionalizado hoy por medio de la resolución 65/2025 publicada en el Boletín Oficial.
En ese marco, se determinó un “Manual de Procedimientos con el Sistema de Fijación de Precios FOB Oficiales”, el cual establece los criterios para relevar diariamente los precios FOB negociados en puertos argentinos y la metodología para calcular paridades en función de fuentes de información alternativas, como es el caso de Refinitiv Eikon (ex Reuters) o International Grain Council (IGC).
La base del sistema –tal como funciona desde 2018 a la fecha– consiste en una plataforma diseñada para recabar primas y precios FOB diarios instrumentada en el marco de un convenio establecido entre la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con el entonces Ministerio de Agroindustria (actualmente la Secretaría de Agricultura).
En términos operativos, la resolución 65/2025 no introduce ninguna novedad, pero sí es importante para garantizar la transparencia y confiabilidad de un procedimiento clave para el negocio agroindustrial, el sistema cambiario y la economía argentina en su conjunto.
“Apoyamos las normas que buscan darle más transparencia al proceso estatal de fijación de precios FOB índice para exportación de productos comprendidos bajo la Ley 21.453”, señaló Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC.
“Vamos a analizar y estudiar en detalle los procedimientos que establece, pero creemos que era necesario que el Estado elimine la arbitrariedades que venían sucediendo desde hace muchos años ante la carencia de un método objetivo de fijación de precios índice”, añadió.
