El ex ministro de Agricultura y diputado formoseño Ricardo Buryaile presentó una propuesta de ley junto a otros diputados de Juntos Por El Cambio, especialmente de la UCR, para modificar el artículo 755 del Código Aduanero y poner límite así a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije los derechos de exportación (DEx) o retenciones sin autorización del Congreso.
La iniciativa de Buryaile, que acompañan otros trece diputados de la UCR y que se suma a otra movida semejante protagonizada por diputados del PRO y de Avanza Libertad, dispone además que todos los años el gobierno deberá enviar junto a su propuesta de Ley de Presupuesto “la totalidad de las posiciones arancelarias que pretenda imponer en el ejercicio”.
Esto permitiría anticipar a los productores con varios meses -la presentación debería hacerse antes de septiembre de cada año- cuánto de retenciones se le descontarán al año siguiente, lo cual le permitiría planificar mucho mejor los números de su campaña agrícola, pues se sobreentiende que dichas alicuotas no podrían modificarse en el ejercicio presupuestario siguiente, a mitad del ciclo agrícola.
Buryaile explicó que, por un lado, “el Código Aduanero que se dictó en 1981 durante el gobierno de facto, es anterior a la sanción de la Constitución de la reforma de 1994. Por ello, advertimos que los artículos 664 y 756 del Código Aduanero deberían ser derogados, ya que la Carta Magna ha impuesto al Congreso la facultad de legislar sobre materia aduanera y así establecer los derechos de importación y exportación”.
Hasta fines de 2021, esta facultad del Congreso fue cedida al gobierno de Alberto Fernández (y antes, al de Mauricio Macri, y antes al de Cristina Kirchner) por una ley del propio Congreso. Se trataba en esta ocasión dela Ley de Emergencia Económica dictada en diciembre de 2019, que fijaba topes del 33% para las retenciones cobradas a la soja y del 15% para los cereales.
Mirá el proyecto de los diputados radicales:
Proyecto_de_Ley_Modificaciones_a_las_Leyes_22_415_y_24_156_y_Derogación (2)
Como se dijo, uno de los puntos del proyecto plantea derogar el artículo 644 del Código Aduanero, por ser lo dispuesto allí una atribución del Congreso. A la vez se busca modificar el artículo 26 de la ley 24.156, con “una nueva redacción en concordancia con el texto propuesto para el artículo 755 del Código Aduanero”.
Respecto de dicho artículo -en el que muchas veces se recuesta el gobierno para fijar unilateralmente las alícuotas de DEx, la idea de Buryaile sería crear “un mecanismo procedimental que ordena el trabajo de cada Poder del Estado, respetando por cierto el mandato constitucional”. En decir, como en el caso del proyecto de ley del PRO y Avanza Libertad, se plantea que no hay discusión posible, pues la Constitución tiene mayor rango legal que el Código Aduanero.
“La misma Constitución prevé que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en determinadas materias de administración o emergencia pública, con el correspondiente aval del Poder Legislativo quién establece las bases y plazos de la delegación”, explicó Buryaile.
En ese sentido, para este diputado los Artículos 755 y 756 del Código Aduanero “resultan letra muerta” sin una ley del Congreso que delegue expresamente las facultades en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, como sucedía hasta fin de año. El ministro de Economía, Martín Guzmán, intentó prorrogar esa delegación de facultades con un artículo de la nueva Ley de Presupuesto 2022, pero como ese proyecto no prosperó se sobreentiende que la posibilidad de que el Ejecutivo fije las retenciones quedó caduca.
“El Poder Ejecutivo, sin una delegación de facultades por parte del Congreso no puede tomar como propia la facultad de legislar sobre materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación. Puesto que, si lo hiciere, dicha decisión sería de nulidad insalvable”, insistió Buryaile.
Para el ex ministro de Agricultura, está más que claro que, los artículos 755 y 756 del Código Aduanero no tienen posibilidad de ser utilizados sin una ley del Congreso y tampoco son necesarios porque las pautas de determinación, plazos y bases de delegación deben ser también consignados por el Poder Legislativo.
“La Corte Suprema ha expresado categóricamente que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que no sea el Poder Legislativo, el establecimiento de impuestos, tasas y contribuciones”. Y además agregó: “esta doctrina surge del fallo ‘Camaronera Patagónica SA S/Amparo c/Ministerio de Economía de la Nación’, en 2014”.
Acompañaron el proyecto de Buryaile los diputados Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Mario Barletta, Jorge vara, Pamela Verasay, Julio Cobos, Soledad Carrizo, Fernando Carbajal, Victor Hugo romero, Ximena García, Jorge Rizzotti, Marcos Carasso, Lidia Ascarate, Gerardo Cipolini, Juan Martín Musacchio, Roberto Sánchez, Juan Carlos Polini, Francisco Monti y Manuel Aguirre.
