Los pagos de compensaciones que desplegó el gobierno de Cristina Kirchner entre 2007 y 2011 deberían ingresar a un concurso mundial de las peores políticas públicas de la historia: la ex ONCCA repartió 10.580 millones de pesos en subsidios (equivalentes entonces a más de 3.000 millones de dólares) entre diferentes sectores alimenticios. Pero nunca logró cumplir con los objetivos buscados, que eran controlar los precios de algunos alimentos básicos.
Tan malos fueron los resultados de esa experiencia que en febrero de 2011 la propia ex Presidenta disolvió la ONCCA por decreto, sin mayor explicación. “Muerto el perro, se acabó la rabia”, debe haber pensado Cristina. De paso, con esa definición, cooperó para que uno de sus principales alfiles, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien mantenía control sobre la ex ONCCA, tuviera que dar explicaciones a la justicia, pues bien probado estuvo que una parte importante de todo ese dineral se destinó a alimentar uno de los circuitos de corrupción más escandalosos de aquella gestión.
Pero el perro nunca murió. Sigue ladrando y amenaza con volver a mordisquear los dineros públicos.
Un pedido de acceso a la información pública efectuado al Ministerio de Agricultura por parte de Bichos de Campo, y que fue contestado en tiempo y forma por esa cartera, reveló ahora que, a diez años de la disolución de aquel cuestionado organismo, existen por lo menos 138 juicios en los que empresas de diferente fuste reclaman al Estado el pago de compensaciones pendientes de aquella política, que no solo resultó muy costosa e ineficiente sino que además dejó parte de la cuenta sin pagar.
La información remitida por Agricultura identifica por primera vez a los molinos, feedlots, aceiteras, frigoríficos y hasta productores de trigo que continúan litigando contra diversos organismos para cobrar esos dineros largamente adeudados. Las cifras exactas de ese millonario pasivo se desconocen, pero se saben multimillonarias. Extraoficialmente se hablaba de un saldo de unos 3.000 millones de pesos que, en caso de fallos adversos, todavía deben ser actualizados por las tasas de inflación que superaron largamente el 2.000% durante todos estos años.
Aparte de las costas y todo ese fiambre.
Está claro que Cristina, Echegaray y el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, le siguen costando muy caro a todos los argentinos a pesar del paso de los años. Moreno, que siempre dice actuar como un defensor de los intereses populares, es uno de los grandes responsables de este complicado enjambre judicial. ¿Por qué? Porque un organismo que estaba a su cargo, la UCESCI, heredó los expedientes de la ex ONCCA luego de que la disolviera Cristina en 2011. Y sus abogados casi nunca respondieron a los reclamos que hacían las empresas privadas que reclamaban por sus deudas.
Este es el listado, por orden alfabético, de las empresas que mantienen juicios:
listado de emprsas que iniciaron juicios a la ex oncca
Hay muchas empresas de gran porte que litigan por las deudas de la ex ONCCA. Por ejemplo, los molinos Morixe y Lagomarsino, o las empresas agrícolas Los Grobo, Nidera Semillas y AdecoAgro, También las alimenticias Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata. Pero la mayoría de los casos corresponden a feedlots, que cobraban compensaciones por el maíz que compraban para engordar a los bovinos, como estrategia para bajar los precios de la carne.
El de los corrales de engorde fue uno de los sectores más beneficiados por los subsidios de Moreno, Cristina y Echegaray, pero también uno de los que más sospechas de corrupción despertaban. Sabido es que hubo feedlots que no existían que cobraron dinero, otros que inflaron sus existencias ganaderas. También hubo casos en que los subsidios se desviaron a nombre de indigentes y es vox populi que existían una “ONCCA Paralela” donde se cobraban coimas para destrabar los pagos. Hasta se sospechaba que el propio Echegaray iba a cobrar los subsidios que correspondían a un feedlot creado en 2009 en la localidad de Punta Alta, su ciudad de origen. El domicilio legal de la firma era un departamento propiedad de su esposa.
Justo es reconocer que el gobierno de Alberto Fernández -y de Cristina- heredó el problema de la gestión de Cambiemos, que primero se propuso investigar a fondo cada reclamo antes de proceder con los pagos reclamados, pero luego fue pateando la definición. Finalmente cayó derrotado en diciembre de 2019 y el asunto le explotó en manos de la nueva gestión a cargo de Luis Basterra. En octubre de 2020, Agricultura contrató como asesor a uno de los abogados dilectos del Instituto Patria, Eduardo Barcesat, y una de las explicaciones fue que iba a dedicarse al análisis de estos expedientes.
El pedido de acceso a la información pública que fue positivamente respondido por la cartera de Basterra ahora quita las sombras respecto de la identidad de quienes reclaman, pero no sobre las cifras en juego ni sobre la estrategia que adoptarán las autoridades nacionales frente a los planteos judiciales.
Pero en la respuesta oficial se advierte que lo más probable es que todos debamos hacernos cargo de este muerto.
“De acuerdo a los registros obrantes en el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), que resulta de uso obligatorio para los servicios jurídicos con juicios a cargo del Estado Nacional, surgen un total de 138 juicios en trámite, por reclamaciones de compensaciones”, se informó a Bichos de Campo.
Los abogados del Minagro también avisaron que lo más probable es que el Estado termine pagando frente a los fallos adversos. “Debido a que en la República Argentina el control de constitucioalidad es judicial, en aquellas sentencias donde pudo haber condena, conforme a derecho, se ejecutará la decisión según lo haya decidido el propio juez y la Cámara Federal de la que dependa, o cuando se expida en definitiva la Corte Suprema”, establecieron.
¿Y cuánto pagarán? ¿La cifra original o una actualizada? También es un tema abierto. “En lo que sea materia de diferendo judicial, el mecanismo de actualización será el que entonces el fije en definitiva la sentencia, en el sentido antes indicado”. Y lo mismo con las costas y los plazos: “Todo aquello que haga a los trámites de pago por las causas judicializadas, se hacen conforme las norma procesales y en los términos que la sentencia prevé”.
“No obstante lo anterior, se hace saber que ésta Dirección General está llevando adelante un relevamiento de los expedientes administrativos físicos, tendiente a evaluar el actual estado de dichas actuaciones en el marco de la Resolución SAGYP 21/19. Las tareas allí indicadas, cuentan con las dificultades propias de los protocolos sanitarios imperantes para resguardo de la salud” en el marco de la pandemia, aclararon los letrados del Estado.
¿Será justicia?
