El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) rechazó hace pocos días el recurso administrativo presentado por el productor cordobés Carlos Baravalle y otros ganaderos contra la obligación impuesta al sector desde este año para colocar una caravana electrónica a cada uno de los terneros que vayan naciendo en sus predios. El argumento principal de aquella presentación era que el nuevo sistema tenía un costo cercano a los 30 millones de dólares para el primer eslabón de la cadena, pero que los grandes beneficios de la medida iban a ser capturados por cadena comercial, en especial por la poderosa industria frigorífica exportadora.
Baravalle, que es vicepresidente de Bases Federadas y un criador que logra destetes cercanos al 95% sin la necesidad de utilizar esos chips electrónicos para la identificación de sus animales, se declaró en rebeldía contra las resoluciones del Senasa que le impusieron desde este año la trazabilidad individual del rodeo mediante el uso de dispositivos que tienen un alto costo para el productor, sin que éste vea beneficios concretos.
Decidido a no obedecer esa imposición sino a mantener su propio sistema, el cordobés primero apeló ante el propio Senasa. Pero la presidenta de ese organismo, María Beatriz “Pilu” Giraudo, que también es productora, acaba de rechazar los argumentos y ratificó todo lo actuado hasta ahora. Cerrada esa instancia administrativa, ahora Baravalle y los productores rebeldes que lo acompañaron podrán recurrir directamente a la justicia.
Vale decir que hay un cerrojo estricto desde el gobierno de Javier Milei en torno a discutir sobre este tema: el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, ni siquiera concedió una audiencia a los grupos de ganaderos que objetan las caravanas electrónicas.
“Lo bueno de este rechazo del Senasa es que argumenta y expresa que ‘la finalidad de la identificación electrónica no es mejorar los indicadores productivos individuales, sino fortalecer el sistema de trazabilidad sanitaria y epidemiológica'”. opinó el dirigente luego de recibir copia de un largo expediente que Senasa armó para rechazar las objeciones de este grupo de ganaderos rebeldes.
En ese párrafo donde el organismo sanitario reconoce que la trazabilidad individual no surgió para beneficiar a quienes deben implementarla sino a otros intereses, entre ellos los del propio Senasa, se añade que “los sistemas de identificación electrónica permiten identificación individual inequívoca del animal, reducción de errores de lectura y registro, integración automática con sistemas informáticos sanitarios, mayor capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias, mejor seguimiento de movimientos de animales, entre otros. En ese sentido, la capacidad de identificar individualmente animales permite implementar medidas sanitarias focalizadas, evitar la aplicación de medidas generalizadas innecesarias, mejorar la eficiencia de operativos sanitarios de emergencia”.
“Esto pone en evidencia que todos los que argumentaron que esto mejoraba la ‘eficiencia ganadera’ o que eran la base para una ‘nueva ganadería’ nos mintieron, puesto que la trazabilidad individual sólo contempla el plano sanitario”, enfatizó Baravalle, que a partir de ahora tiene 180 días para recurrir a instancias judiciales.
La trazabilidad individual dispuesta por Senasa es prácticamente la única política activa impuesta por la gestión de Iraeta (especialmente a instancias de su concuñado, el ex secretario coordinador de Producción Juan Pazo). Consiste en dejar de lado las viejas caravanas plásticas convencionales para colocar a cada ternero nacido a partir de este año un dispositivo electrónico, que no incorpora nuevos datos pero facilita la lectura y copia de los datos mediante bastones electrónicos, que tienen un valor cercano a los 500 a 800 dólares. Cada una de las nuevas caravanas se puede comprar libremente en las veterinarias y vale entre 1,50 y 2 dólares.
La propia historia de este programa oficial marca que desde el vamos el gobierno libertario sabía que el criador de bovinos no iba a ser el gran beneficiado de esta medida que más bien se presentó como la llave que faltaba para abrir algunos mercados externos que le faltan a la carne argentina, en especial Japón y Corea. De hecho, Pazo e Iraeta primero lanzaron una licitación internacional para adquirir 24 millones de caravanas para poner en marcha el programa, y que sea gratis para los ganaderos. Pero ese procedimiento fue tan mal realizado que debió anularse. Allí los funcionarios decidieron cargar todo el costo directamente al primer eslabón de la cadena.
Para Baravalle, a esta altura queda claro que “el costo de la caravana electrónica es un costo neto sin recupero. Por utilizarla la misma no se obtiene un mejor precio en el producto (en pesos por kilo de ternero trazado) ni se mejoran los índices reproductivos (no mejora ni el índice de preñez ni de destete). Pero como consecuencia de esto, el conjunto de los productores de cría incrementaron sus costos de 2,5 millones (por el pecio de la vieja caravana plástica multiplicado por 15 millones de terneros) a 33 millones de dólares solo por pasar de una trazabilidad por lote a una trazabilidad individual”.
De todos modos, con argumentos fríos, el Senasa no hizo lugar al planteo administrativo de este y otros ganaderos, que ahora deberán analizar si siguen con su reclamos en la justicia. Baravalle, por lo pronto, enfatizó a Bichos de Campo que “morirá con las botas puestas”, convencido de que su planteo es sumamente sensato y justo.
