El próximo 7 de septiembre, los bonaerenses elegirán en las urnas a los 23 senadores y 46 diputados provinciales que renovarán las bancas a fin de año. Ahí se juega la decisión sobre muchas de las problemáticas que acucian hoy a la provincia, entre las que el sector agropecuario se anota varias.
“Es fundamental abrir un espacio de diálogo con los distintos candidatos y fuerzas políticas que aspiren a representar a los bonaerenses en la Legislatura”, expresaron desde Carbap, la entidad que nuclea a las asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa. Por eso es que, en vistas de poner en agenda las urgencias que hoy tiene el sector, elaboraron un documento y enumeraron las medidas que deberían tomarse en el recinto más temprano que tarde.
Con la presión impositiva en el centro de atención, los ruralistas detallaron cuáles son los impuestos que deben eliminarse y las modificaciones necesarias sobre otros. Además, denunciaron la existencia de sistemas arcaicos, la falta de contraprestación respecto a la infraestructura y la necesidad de actualizar leyes antiguas, como la de fitosanitarios. Al pasar, hicieron menciones incluso respecto al poder Judicial y la policía.
La política recaudatoria es el eje rector de las “Propuestas de CARBAP para reordenar la fiscalidad, modernizar las leyes y fortalecer el interior provincial”, que es como titularon el documento que se encargarán de difundir por las rurales y acercar a los legisladores.
De cara a lo que será el debate por el Presupuesto 2026, la entidad remarcó que entre las prioridades debe estar la reducción de la carga tributaria. Atacada por desincentivar la inversión, dañar la competitividad y hasta -en algunos casos- por ser ilegal, señalan que es justamente ahí donde se juega en gran medida el futuro del sector.
En primer lugar, el problema está en que actualmente rige la Ley Fiscal 2024, que fue dictada con el presupuesto 2023 prorrogado y a la que se la señala por tener varios errores conceptuales que deberían ser revisados de cara al próximo año legislativo.
Uno de ellos -tal vez de los más importantes, dice Carbap- es la “discrecionalidad” que le otorgan ciertos artículos al Poder Ejecutivo y ARBA para incrementar en hasta un 25% el valor de las cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural. La razón de esta disputa, que lleva varios meses, es que se permite agregar una “quinta cuota” a este tributo, que siempre fue de cuatro pagos anuales.
Además, al regir la Ley Fiscal 2024 no se han actualizado las escalas y mínimos no imponibles del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que genera que, como los montos se incrementaron por la inflación, el impuesto alcance a cada vez más personas.
El resultado, dicen desde la entidad, es un efecto regresivo, ya que se genera “un fuerte incremento de la carga tributaria sobre productores medianos y grandes, afectando la equidad del sistema”.
Y agregan: “La equidad fiscal debe ser un principio rector de cualquier política tributaria provincial”.
Todavía dentro del capítulo tributario, los ruralistas se atreven a pedir directamente la eliminación de 2 impuestos, a los que señalan por su baja incidencia en la recaudación pública, pero alta afectación a las cuentas de los productores agropecuarios.
Uno de ellos es el Impuesto Inmobiliario Complementario Rural, que es exclusivo de la provincia de Buenos Aires y, como bien lo indica su nombre, se superpone al ya vigente Impuesto Inmobiliario. En ese caso, alcanza a toda persona física o jurídica que sea titular de varios inmuebles con una alícuota adicional, sin distinguir si esas propiedades son productivas o no, si están en la misma zona o si pertenecen a una sucesión indivisa.
Y ahí está el principal problema: Como el impuesto suma las valuaciones fiscales, no considera la escala productiva ni la renta y suele considerar a pequeños productores, dueños de varias parcelas o facciones de campo, como grandes propietarios.
Apuntado por ser una “doble imposición”, desde Carbap dicen que el tributo es “subjetivo, patrimonial, generalista y acumulativo”, y que sólo genera desinversión e informalidad, porque desincentiva a registrar las propiedades y afecta más aún a los pequeños y medianos productores.
De acuerdo a los registros de ARBA, que Carbap toma para su argumentación, entre el Impuesto Inmobiliario y el Complementario se concentra el 2% de la recaudación provincial, pero el segundo sólo representa el 0,3%. Es una cifra insignificante para las arcas públicas, pero no así para los productores alcanzados.
El otro tributo que piden eliminar es el Impuesto a transmisión gratuita de bienes, también conocido como impuesto a la herencia porque, en definitiva, grava a todo bien que se reciba sin contraprestación económica. Fue creado en 2009 por la Ley 14.044.
“Es tal vez el más injusto e ilegal de los impuestos, porque vulnera directamente los principios expresamente establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación”, apuntan desde Carbap.
Con alícuotas que van del 0.8% al 3% según el monto recibido y el grado de parentesco, sucede lo mismo que con el Impuesto Complementario, pues en términos recaudatorios es insignificante para la provincia, pero no así para las familias que afrontan un costo extra y ven a su bien doblemente gravado. Sin ir más lejos, ese mismo bien ya pagó impuestos cuando fue adquirido originalmente.
Pero, además de los impuestos, en la lista de urgencias de la entidad también están las tasas. Una de ellas sorprende incluso por lo absurdo: Es el caso de la Tasa municipal por emisión de guías de traslado de haciendas, un tributo que ya no tiene contraprestación -pues el sistema hoy es digital, autogestionado y de índole provincial- pero que muchos municipios siguen cobrando.
“Es una clara violación del principio de legalidad tributaria”, denuncian desde Carbap, que incluso “mapearon” el cobro de esta tasa a nivel provincial y observaron que hay serias disparidades: Mientras algunos municipios no la cobran, otros llegan a reclamar hasta 6000 pesos por animal. Para 2025, se proyecta que generará una recaudación superior a los 26.700 millones de pesos.
Esa insólita tasa no es la única que hoy se cobra sin una prestación de servicio acorde. Si se mira en detenimiento lo que sucede con la Tasa Vial queda claro que es lo que desencadena, en parte, la crisis que atraviesa la infraestructura rural en gran parte del territorio bonaerense.
Enmarcado en un pedido mayor, que es el de “limitar la proliferación de tasas municipales”, Carbap pidió, al igual que los últimos meses, que se preste particular atención al estado de caminos y rutas.
En ese sentido, piden que se haga una modificación a la Ley 13.010, que es la que rige el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales y obliga a descentralizar, desde la provincia a los municipios, parte de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural.
Originalmente, la norma exigía que se coparticipe el 25% de ese impuesto para el mantenimiento de caminos rurales y que los municipios aportaran un 25% adicional, pero con la reforma del 2006 ambas erogaciones se redujeron al 12%. El pedido de los ruralistas es que, además de volver a los porcentajes originales, se cree una comisión de control en la que participen productores y asociaciones y que oficie de veedora de los fondos y obras.
Como parte del debate técnico y federal que proponen encarar de acá en adelante, la agenda también marca la necesidad de actualizar la normativa en materia de fitosanitarios. Al día de hoy, rige la Ley 10.699, que data de hace más de 3 décadas, que a su vez convive con más de 80 ordenanzas heterogéneas en toda la provincia y genera inseguridad normativa para productores y aplicadores y dificultades para fiscalizar.
Como la provincia de Buenos Aires no cuenta hoy con una ley de fitosanitarios propia, lo que rige es la discrecionalidad de las normas municipales y la falta de un esquema acorde al mundo actual. Huelga aclarar que en los últimos 30 años mucho ha cambiado en materia de agricultura de precisión, en la composición de los químicos y en la maquinaria utilizada.
“Una nueva Ley de Fitosanitarios no solo es necesaria para ordenar el marco regulatorio y devolverle competencia a la provincia, sino también para garantizar la salud pública, la sustentabilidad ambiental y la competitividad de la producción agropecuaria bonaerense”, destacan desde Carbap.
Aunque la lista de reclamos urgentes ya es, de por sí, extensa, Carbap también insta a los legisladores a que avancen con el nombramiento de jueces y fiscales, considerando que la provincia hoy afronta un nivel de vacancia que ronda el 25%. Eso, claro está, se expresa en las limitantes que hay para el tratamiento de causas y la capacidad de respuesta frente a delitos complejos.
En línea con eso último, la entidad recordó que no hay un presupuesto específico destinado a las patrullas rurales -de hecho, en algunos municipios, se toma parte de lo coparticipado por el Impuesto Inmobiliario- y que los recursos actuales son hoy insuficientes
